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Por Carlos Martínez Macías
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, supervisó recientemente las obras de la presa de El Zapotillo y declaró que todo “va muy bien”, en realidad la zozobra invade a miles de productores de la región de Los Altos de Jalisco.
Si bien fue por decisión del primer mandatario que se canceló la construcción del acueducto hacia León, Guanajuato, el decreto de 1995 que reserva anualmente más de 384 millones de metros cúbicos para Jalisco y casi 120 millones de metros cúbicos para Guanajuato, sigue vigente.
No solamente eso. El mencionado decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, reserva las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde para usos domésticos y público urbano.
Paralelamente, la Comisión Nacional del Agua (CNA) dispuso de una veda para la zona contigua al citado río, por lo que se prohíbe fabricar bordos (utilizados en abrevaderos), aprovechar escurrimientos de arroyos y utilizar aguas superficiales y subterráneas.
Un estudio elaborado en 2013 por la misma dependencia, determinó que el 73 por ciento del agua que se tiene en la región de Los Altos es subterránea, pero luego resolvió cancelar todo tipo de permisos de perforación o aprovechamiento de estas aguas bajo el argumento de que los acuíferos están sobre explotados.
En 2015, un nuevo trabajo conjunto realizado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la propia CNA, reveló que ningún municipio de Los Altos tiene actualmente disponibilidad de agua.
Un ejemplo de esta carencia quedó de manifiesto con el proyecto de una compañía alemana que pretendía instalarse en Jalostotitlán, porque buscaba aprovechar la calidad de la mano de obra de mujeres en la región.
Sin embargo, cuando llegaron al punto de conocer los volúmenes del líquido que tendrían para su fábrica de arneses o cinturones para la industria automotriz, descubrieron que no había agua y también porque el decreto privilegiaba el uso doméstico y urbano. La planta se instaló en Silao, Guanajuato.
Cuando López Obrador anunció en Temacapulín que no habría acueducto para León, que la cortina sería reducida para no inundar a los tres pueblos alteños en pie de lucha, los productores recibieron la promesa de que las aguas que no fueran almacenadas en El Zapotillo sería para impulsar la actividad económica de la región.
Los Altos de Jalisco aportan poco más del 20 por ciento de los productos agropecuarios que consume el país, especialmente con carne, huevo y leche. En el caso de la avicultura, uno de cada cuatro huevos que consumen los mexicanos provienen de esta zona, lo que significa el 25 por ciento del mercado.
De esta actividad se estima que dependen en forma directa o indirecta, unas 200 mil familias.
Con el reparto de las aguas de la cuenca del Río Verde contenido en el decreto, Jalisco aspiraba a recibir 5.6 metros cúbicos por segundo de El Zapotillo. No obstante, con los ajustes al proyecto, se realizará un acueducto de este embalse a la presa de El Salto y de ahí una segunda obra para conectar las aguas con la de Calderón, de donde llegará por gravedad hasta la planta potabilizadora de San Gaspar.
Pero productores de Los Altos cuentan que han escuchado versiones de que el gobierno estatal quiere ir por el resto de los volúmenes que ampara el polémico decreto de 1995.
Señalan en concreto al municipio de Acatic y la sierra de Támara, en un cañón donde su estrechez hace viable levantar una cortina. El otro proyecto donde no se quita el dedo del renglón, es la presa El Purgatorio, detenida desde hace cuatro años.
Más que temer que Guanajuato reclame lo que la ley le permite por el decreto vigente, alteños consideran que tienen en Jalisco al “enemigo en casa”, pues quieren seguir exprimiendo a Los Altos para llevar más agua a la gran ciudad y alimentar así al monstruo inmobiliario.
