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El más reciente episodio de protesta de ejidatarios de El Zapote que culminó con la detención de 12 personas, es la mejor muestra de que en México cuando los hechos involucran al estado “hay justicia y gracia” y cuando se trata de simples mortales, ni siquiera llega la “justicia a secas”.
La lucha del ejido por conseguir una indemnización justa por sus 307 hectáreas despojadas ilegalmente por un decreto expropiatorio de 1975, ha pasado de ser un conflicto social a una parodia donde los afectados terminaron por convertirse en los “malos de la película”.
La historia de cómo el gobierno federal dispuso de las tierras del Zapote para el aeropuerto de Guadalajara, se remonta a 1951 cuando la superficie es ocupada por pequeños propietarios y las autoridades dan su anuencia para construir ahí la terminal aérea y la carretera a Chapala, lo que motiva el primer pleito legal con un amparo.
El 19 de septiembre de 1975 el gobierno decreta la expropiación de las 307 hectáreas del ejido y publica la resolución el 26 de noviembre del mismo año, para la ampliación del aeropuerto cuyo origen ya había sido impugnado. Pese a la disputa legal, las obras de ampliación se ejecutan en una abierta contradicción.
El siete de mayo de 2009, se realiza un depósito ante el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), por la cantidad de 40 millones 919 mil 97 pesos, mediante los cuales se pretende cubrir la indemnizació0n.
Pero el comisariado ejidal promueve el juicio de amparo indirecto 1788/2009 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, sobre la anuencia del gobierno a una primera ocupación ilegal el 14 de mayo de 1968, contra la expropiación de 1975, el avalúo y la concesión otorgada en 1998.
El cuatro de abril de 2014, el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, dicta la sentencia en la cual ordena la restitución total de todos los terrenos objeto de la indebida expropiación de los predios.
En virtud de que los terrenos están ocupados por el aeropuerto de Guadalajara, la autoridad ordena que se haga la indemnización acuerdo a lo establecido con la ley. Sin embargo, la disputa centrada ahora es la disparidad de los montos entre lo que ofrece la SCT y lo que reclaman los ejidatarios.
De acuerdo con el gobierno federal, han entregado a los ejidatarios 57 millones de pesos y según el avalúo realizado por el perito del Instituto Nacional de Bienes Nacionales (INDABIN), los terrenos en cuestión costarían 61 millones de pesos por lo que solo faltaría cubrir cuatro millones de pesos.
No obstante, abogados del ejido El Zapote echan por tierra esta hipótesis. Según el artículo 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria, la indemnización de una expropiación de bienes ejidales deberá atender el valor comercial de los bienes expropiados “en función del destino final que se haya invocado para expropiarlos”.
Trabajos técnicos informativos de fecha 28 de abril de 1974 incluidos en el dictamen valuatorio (en poder de este columnista), exponen que las citadas hectáreas están ocupadas por la ampliación del aeropuerto de Guadalajara.
Pero el perito que realizó la valuación para el INDABIN, argumenta en el documento que fue valor “agrícola” el que fue tomado como referencia para la misma.
La sentencia determina que la valuación debe hacerse a valor comercial de 1975 en función del fin para el que fue expropiado y haciendo los ajustes inflacionarios de más de 40 años.
Dos peritajes de los ejidatarios arrojaron dos mil 600 millones de pesos y un tercero tres mil 610 millones, contra los 61 que plantea el gobierno federal.
