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El “plan de vuelo” urdido por el gobierno federal para descender cómodamente en las tierras del ejido El Zapote, ha entrado en una fase de turbulencias que podrían terminar en un aterrizaje forzoso.
La última maniobra fantástica en la cual el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo resolvió que los ejidatarios ya fueron indemnizados con 57.9 millones de pesos entre 1979 y 2008, por lo que se cumplía de esta manera la sentencia de compensar la expropiación de 1975, finalmente fue desplomada por un recurso legal.
El ejido interpuso el recurso de inconformidad 17/2017 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, resolvió dejar sin efecto la resolución del citado juez y ordenó abrir el incidente sustituto dentro del juicio 1788/2009 del mismo Juzgado Tercero en Materia Administrativa.
De esta manera, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que deberá pronunciarse ante el espinoso asunto, una vez que las partes entreguen sus respectivas pruebas para que se emita una resolución que deberá ser acatada sin posibilidad de apelación.
La pista hacia la que condujo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los ejidatarios, fue demasiado estrecha y se cerró a tal grado que sólo puede haber un camino para resolver el conflicto: una indemnización conforme a lo que marca ley o la restitución de las tierras a los afectados.
Según los abogados de los integrantes de El Zapote, la Suprema Corte de Justicia tendría tres vías para fallar en el tema. Primero, que ordene el pago de la indemnización por la fallida expropiación de 307 hectáreas para la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, a precios comerciales y no a valor agrícola, por no haber condiciones para devolver las tierras.
Segundo, que ordene el pago de la indemnización de las tierras y además pague los daños y perjuicios a los afectados, por no poder regresar la totalidad de las hectáreas.
Y tercero, que la Corte resuelva que no procede el incidente y entonces simplemente deje sin efecto la expropiación y los ejidatarios tendrían que tomar posesión de las 307 hectáreas arrebatadas.
El problema es que tocaría el turno ahora al ejido para pasar la factura del malogrado plan de vuelo y cobrarse una serie de afrentas que han vivido en su disputa con el gobierno federal y el Grupo Aeroportuario del Pacífico.
En la lista de agravios, figura antes que nada el despojo que comenzó en 1951 y se ejecutó el 19 de septiembre de 1975 (ayer se cumplieron 42 años) con la expropiación de tierras.
Destacan además avalúos con criterios agrícolas en lugar de comercial, como establecía la Ley Federal Agraria que señalaba que el pago de las hectáreas debería ser en función del destino para el que invocaba la expropiación, en este caso la construcción y operación de un aeropuerto.
Y hasta una detención pese a dos suspensiones vigentes el 17 de febrero pasado de doce ejidatarios a los que mantuvieron incomunicados, mojados, sin alimentos y con aire acondicionado, tras lo cual el juez de control todavía les fijó una fianza de 30 mil pesos y medidas cautelares para que no se acercaran al aeropuerto ni a los directivos del grupo aeroportuario.
Ahora, según exponen los asesores legales del ejido, en un procedimiento que la Corte podría resolver en un plazo no mayor de mes y medio, estarían reclamando, de acuerdo con sus avalúos, tres mil 700 millones de pesos por las tierras afectadas y daños y perjuicios estimados en 608 millones de pesos.
Es decir, cuatro mil 308 millones de pesos como indemnización, con lo que sin duda se convertiría en el aterrizaje forzoso más caro en la historia de México.
