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Aunque jurídicamente ganaron el litigio contra la secretaría de Comunicaciones y Transportes, los ejidatarios de El Zapote han tenido que enfrentar en la defensa de sus tierras también al gobierno estatal.
Dentro del juicio de amparo 1788/2009-8 Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa dictó el cuatro de abril de 2014 la sentencia definitiva que condena a la autoridad a dejar sin efecto la expropiación de 307 hectáreas y al pago de la superficie arrebatada al ejido.
El viernes 17 de febrero de 2017, los ejidatarios llevaron a las 8 de la mañana tractores y chivos a uno de los predios contiguos a la terminal aérea que forman parte de las 307 hectáreas que el juez determinó que deberían devolverles o indemnizarlos, lo que motivó un amplio despliegue de la Fiscalía General del Estado en el gobierno de Aristóteles Sandoval que a las 17 horas detuvo a 12 personas de El Zapote.
Pese a contar con los amparos 520/2017 para conservar sus bienes y el 160/2017 por la libre manifestación y libre tránsito, fueron detenidos en “flagrancia” (nueve horas después del inicio de la protesta) y procesados bajo carpetas 17100/2017 y 610/2017 por los delitos de despojo, resistencia de particulares y daño a las cosas.
Otro ejemplo del uso de la fuerza pública contra El Zapote fue el despojo de 51 hectáreas contiguas a la pista del aeropuerto, cuando con el pretexto de la carpeta administrativa 1106/2018 derivada de la carpeta de investigación 30029/2018, se realizó un cerco policiaco en las tierras citadas para evitar que ingresara una sola persona al predio supuestamente propiedad del Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V.
Pero una vez más los ejidatarios consiguieron demostrar que esas tierras están en su posesión y dentro del plano definitivo del ejido.
Ahora, con el gobierno de Enrique Alfaro, la historia parece repetirse.
En 2010, la Comisión Estatal del Agua (CEA) entregó 12 millones 700 mil pesos al ejido por un primer tramo de 5 metros por 3 kilómetros, para sumar unos 15 mil metros cuadrados, es decir, una hectárea y media para construir un colector.
Pero quedó pendiente el pago de 12.5 hectáreas para cubrir el tramo de 14 hectáreas de tierras del Zapote que abarca la obra.
Los ejidatarios tramitaron el amparo 1364/2019 el 18 de junio de 2019 ante el juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa, que otorgó la suspensión definitiva que obliga detener los trabajos.
Pero el gobierno estatal no ha parado y con la policía estatal a un lado, sigue realizado las obras en las tierras del ejido en un abierto desacato que los tribunales federales no se atreven a frenar.
Como sucedió con Aristóteles Sandoval, en el actual gobierno estatal, la CEA a través de su director Carlos Vicente Aguirre Paczka, presentó una denuncia el 25 de julio de 2019 contra las autoridades del ejido de la cual se deriva la carpeta de investigación FED/JAL/ZAP/0003475/2019, por supuesta falsedad de declaraciones, testigos y documentos falsos, que se castiga hasta con dos años de cárcel.
Irónicamente, el ejido El Zapote, aunque ha ganado en tribunales los litigios para defender sus tierras, tiene en las autoridades estatales en lugar de un aliado a otro de sus verdugos.
Menuda lucha desigual contra un grupo de 90 ejidatarios de los cuales al menos 70 son personas de la tercera edad.
