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Por Carlos Martínez Macías
La lucha del ejido El Zapote por las tierras despojadas para el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, podría enmarcarse en una novela con tintes dramáticos, policiacos y hasta de ficción.
Pero también puede describirse como un plan de vuelo fraguado por el gobierno federal, ejecutado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y que terminó en un aterrizaje forzoso.
Con su acostumbrada soberbia, en 1951 el gobierno federal decidió tomar por la fuerza lo que años atrás había entregado e invadió más de 300 hectáreas al ejido El Zapote para construir la terminal aérea que luego daría paso al actual aeropuerto.
Con el auxilio del ejército, invadieron las tierras ejidales de El Zapote que en 1937 habían sido otorgadas, con una ampliación en 1939.
Casi cuatro décadas después, en 1975, el gobierno intentó enmendar su pifia y expropió 307 hectáreas por causa de utilidad pública, para la ampliación y consolidación del aeropuerto internacional de Guadalajara.
Solo que también aquí el gobierno se equivocó. La expropiación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 1975, no cumplió con la ley agraria y por eso cuando los ejidatarios pidieron la anulación del decreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón y ordenó la devolución de las tierras al Zapote.
El juicio de amparo 1788/2009, abrió paso a una auténtica contienda entre David y Goliat, donde el ejido era el más débil y el GAP contó siempre con el respaldo de las autoridades estatales y del gobierno federal.
El poder judicial ordenó abrir un incidente sustituto donde se indemnizara a los afectados con un monto razonable y apegado a la ley, pero las tácticas dilatorias provocaron desesperación de los ejidatarios.
Varias ocasiones tomaron instalaciones del aeropuerto como el estacionamiento y terrenos aledaños, con el argumento de que se trataba de sus tierras porque así lo determinó la justicia.
En esta historia de enfrentamientos, destaca la detención arbitraria cometida el viernes 17 de febrero de 2017 a las 17:00 horas en una protesta, cuando personal de la Fiscalía procedió a la detención de las 12 personas. El proceso abierto fue por daño a las cosas, despojo, resistencia de particulares y lo que resultara.
Los ejidatarios del Zapote tenían en ese momento suspensiones a su favor que impedían que la autoridad federal o estatal pudiera detenerlos: 520/2017 para conservar la posesión de sus bienes; 160/2017 por la libre manifestación y libre tránsito.
Pero la Fiscalía argumentó la figura de la “flagrancia” en los presuntos delitos, pese a que la manifestación comenzó a las 08:00 horas, es decir, nueve horas antes del aseguramiento.
Fueron enviados a celdas frías con aire acondicionado a cero grados, no les dieron comida, ni abrigo y permanecieron bajo enormes lámparas que los encandilaron todo el tiempo.
Los liberaron el lunes 20 de febrero tras pagar una fianza cada uno de 30 mil pesos y con medidas cautelares para no abandonar el estado, no acercarse al aeropuerto, ni a los directivos del aeropuerto.
A lo largo de esta lucha, los ejidatarios fueron sufriendo bajas. De los 90 ejidatarios originales, han fallecido 20 hasta 2023.
Pero a la táctica de presión y nunca bajar la guardia, fue seguida una estrategia legal que finalmente dio frutos y lograron que el gobierno federal cediera y llegara a acuerdos con el ejido El Zapote.
En torno al juicio principal, se tramitaron 389 juicios de todo tipo, desde penales, ante la justicia federal, la local, administrativos, amparos, etcétera. De los 389, al menos 76 siguen vigentes.
Durante esta contienda legal, se tramitaron 200 amparos y al menos 50 de éstos obligaban a detener los trabajos de ampliación del aeropuerto. Fueron tramitadas denuncias por violaciones a las suspensiones y tan solo en el último despojo de 51 hectáreas por parte del GAP, el ejido tramitó 30 amparos y consiguió igual número de suspensiones.
Todavía con el cañón humeante por toda la metralla legal, el presidente Andrés Manuel López Obrador avaló el acuerdo para destrabar el conflicto.
El gobierno ofreció regularizar la posesión de 350 hectáreas de la presa del Ahogado en posesión del ejido desde 1937, el pago de las 307 hectáreas despojadas para construir el aeropuerto y la compra de 87 hectáreas más que necesita el Grupo Aeroportuario del Pacífico para la segunda pista.
Con esto, se puso fin a una lucha que se prolongó por 73 años y que quedará para la historia por dos motivos: por un puñado de ejidatarios de más de 60 años de edad, que consiguió doblegar fuertes intereses y provocar un aterrizaje forzoso.
Y por una batalla legal que incluyó cientos de juicios y donde los ejidatarios, jamás perdieron alguno.
