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Por Carlos Martínez Macías
Desde que Emilio González Márquez anunciara un “Nuevo Cancún” para la Costalegre de Jalisco, el Instituto de Pensiones del Estado ha tenido que sortear a un socio “incómodo” que lo ha llevado de un escándalo a otro.
Conocida inicialmente como Rasa Land, en realidad la empresa forma parte de una intrincada red de compañías, holdings, controladoras, firmas de inversionistas y emisoras bursátiles, tras las cuales estarían Allen Sanginés-Krause y los hermanos Jerónimo y Juan Cristóbal Bremer.
En esta aventura, los 89 millones de dólares aportados de los fondos de trabajadores de Pensiones para el proyecto de Chalacatepec, se vieron inmersos en una serie de señalamientos hacia el corporativo y sus asociados.
Uno de ellos, tuvo que pagar una compensación millonaria por un fraude hipotecario; la compañía por tener su domicilio en Malta, un paraíso fiscal que fue denunciado por 13 diarios europeos en el expediente “Malta Files”; las denuncias contra Rasa Land por haber aportado presuntamente escrituras falsas o haber adquirido tierras de predios “fantasma”; los amparos que han frenado el proyecto y ahora la investigación contra quien fuera director de RLH Properties (otro asociado de Pensiones) por parte de la Fiscalía Anticorrupción de España por tráfico de influencias que alcanzaría al rey emérito Juan Carlos I.
La compañía Rasa Land, una auténtica “encantadora de serpientes”, consiguió en apenas cuatro años duplicar las aportaciones estatales sin haber construido un solo metro cuadrado del complejo prometido. De los 89 millones de dólares de Pensiones, recibió otros 80 millones de dólares de Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras para integrar una figura denominada Activos Turísticos de México (Actur).
En total 169 millones de dólares de aportaciones y lo mejor es que los empresarios conservaron el 51 por ciento de las acciones mientras que el gobierno perdía 24.5 por ciento y mantenía sólo el 24 por ciento.
El 19 de mayo de 2017, trece medios europeos y 49 periodistas, publicaron en forma también simultánea los “Malta Files”, una investigación con más de 150 mil documentos sobre este paraíso fiscal.
Dentro de esta investigación, el periódico español El Mundo se centró en seguir la pista de 25 capitales de ese país que fueron a parar a Malta en una operación que aterrizaba en la Costalegre de Jalisco con el proyecto de Chalacatepec al que cambiaron el nombre por Xala.
Y es precisamente en Malta donde nace el corporativo de Rasa Land Investors PLC, con número de registro C42193 con oficinas en 259 St Paul Street, Valetta 1213, Malta, del cual se desprende la empresa Rasa Land Investors Holding B. V., con sede oficial en Amsterdam, Países Bajos, según acta constitutiva signada en Rotterdam ante el notario público Dominique Francoise Maragaretha Maria Zaman (cuya copia obra en poder de Paralelo 20).
Entre los socios del corporativo destacan firmas como Goldman Sachs (que en agosto de 2013 tuvo que pagar tres mil 150 millones de dólares como compensación a dos importantes inmobiliarias por haberlas afectado en un fraude hipotecario); Texas Pacific Group, la familia Bremer, 25 inversionistas españoles y al menos tres empresas más que tienen su sede en Islas Vírgenes Británicas, Guernsey e Islas Caimán, conocidos paraísos fiscales.
Dentro del Holding de Rasa Land, figura Activos Turísticos de México (Actur), donde la compañía maltesa tiene el 56.1 por ciento, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco el 24.01 y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de Banobras el 19.89 por ciento.
De Actur se desprenden el Proyecto Mandarinas, un desarrollado planeado para ejecutarse en 265 hectáreas en la Riviera Nayarit; el proyecto Xala en mil 268 hectáreas de la Costa Alegre y el hotel de Gran Turismo Four Seasons, de la Ciudad de México.
El 12 de septiembre de 2013, con poco más de medio año de la anterior administración estatal, el Consejo Directivo de Pensiones del Estado celebró la sesión extraordinaria 02/2013 con la única intención de ceder el 48.5 por ciento de los derechos del fideicomiso F/380 que contenía el proyecto de Chalacatepec.
La sesión, encabezada por el presidente del Consejo de Administración, Francisco Ayón López, tenía como fin aprobar la participación del Instituto de Pensiones en la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de CV) denominada Activos Turísticos de México (Actur).
Pese a que en su momento el desarrollo turístico en la costa jalisciense fue considerado una “gran inversión” para los fondos de los trabajadores, en la mencionada sesión (cuya acta posee Paralelo 20) se encargaron de encontrarle todos los puntos oscuros con tal de aprobar la sociedad con la mencionada empresa.
Por ejemplo, recordaron que Pensiones aportó 88 millones 950 mil dólares por el 48.5 por ciento de los derechos fideicomisarios, pero aunque la inversión era “robusta”, el proyecto presentaba debilidades como la nula diversificación al estar ubicado en una sola región geográfica; un período relativamente largo para recuperar la inversión (estimado entre 15 y 20 años); un bajo nivel de generación de flujos de efectivo y una “baja posibilidad de un evento de liquidez que permita al Ipejal la recuperación monetaria de su inversión”.
Curiosamente, la “desventajosa” alianza ya la tenía Pensiones con Rasa Land en el proyecto de Chalacatepec en el fideicomiso F/380 a través de las sociedades Paraland, S. de R. L. de C. V., Chalalegre, S. de R. L. de C. V. y Chala Mar, S. de R. L. de C. V., donde poseía el 99.99 del capital social.
También a través de Rasa Land Investors Holding B.V., el corporativo era poseedor del 99.99 por ciento del capital social Litimar S. A. de C. V., la empresa que se transformó en Actur el 10 de enero de 2012 bajo escritura pública 65187, misma fecha en la que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), se obligó a aportar 80 millones de dólares a la nueva compañía por una participación que no podría exceder el 20 por ciento.
Es a través de esta singular empresa que recibe Pensiones del Estado la propuesta de ceder el 48.5 por ciento de sus derechos del fideicomiso de Chalacatepec a cambio de “recibir” 90 millones 979 mil 505 dólares, lo que representaría una “utilidad” de dos millones 29 mil dólares 505 dólares, respecto al valor original aportado por Ipejal al Fideicomiso F7380.
No obstante, los más de 90 millones de dólares que ampara la cesión de derechos, en realidad no se trata de recursos en dólares sino del 24.01 por ciento de acciones que recibe de la sociedad con Actur que según los documentos tiene un valor comercial de 378 millones de dólares.
Con esto, Pensiones tendría 24 por ciento, Fonadin el 19.89 por ciento y Rasa Land Investors Holding BV, el 56.08 por ciento.
Esta supuesta operación benéfica para el Instituto de Pensiones del Estado, es echada por tierra en la auditoría DGP/434/2015 realizada por la Contraloría estatal donde emite observaciones por lo que considera un daño al patrimonio.
Señala que fueron cedidos los derechos fideicomisarios del Ipejal a favor de Actur por 824 millones 523 mil 525 pesos, cuando la aportación inicial de Pensiones fue por mil 153 millones 636 mil 750 pesos, por lo que hay una diferencia de 329 millones 113 mil 225 pesos y la presunción de un perjuicio patrimonial.
Ahora el Gobierno del Estado a través de Pensiones, es socio de la compañía promotora turística que en su portafolio presume lo siguiente:
El hotel Four Seasons de la Ciudad de México, con habitaciones hasta de 760 dólares por noche; Chalacatepec, que cambió de nombre y ahora es Xala, con mil 268 hectáreas en la Costalegre y La Mandarina, un desarrollo turístico de 265 hectáreas en la Riviera Nayarit.
Entre los proyectos de La Mandarina, destaca un hotel One & Only de 135 habitaciones sobre 34 hectáreas, que según un Dossier de Rasa Land (RLH Properties), les brindará la “oportunidad de cobrar tarifas altas” de más de mil dólares la noche.
Sin embargo, el proyecto denominado ahora Xala no ha podido realizarse por implicaciones legales.
Abogados de los ejidatarios de José María Morelos donde se ubican las mil 268 hectáreas, iniciaron procesos legales para pedir la nulidad de los actos jurídicos por estar viciados de origen. Esto significa dejar sin validez los contratos de compraventa, escrituras “privadas” y la creación del Fideicomiso F/380 donde Rasa Land aporta supuestas propiedades para asociarse con Pensiones en el desarrollo de Chalacatepec.
Denuncian que Rasa Land habría aportado escrituras falsas o que no tenían validez legal porque fueron tierras adquiridas de predios fantasmas o de cesiones de derechos de ejidatarios que no cumplieron con los criterios marcados por la ley.
Esto traería como consecuencia también dejar sin efecto la asociación que realizó el Instituto de Pensiones del Estado con Activos Turísticos de México (ACTUR), a quien aportó su parte en el citado fideicomiso para adquirir un paquete de acciones que incluye Xala (antes Chalacatepec), el hotel Four Seasons de la Ciudad de México y La Mandarina en la Riviera Nayarit.
Mientra esto sucede, RLH Properties, S.A.P.I. de C.V., compañía controladora que se dedica a la adquisición y desarrollo de activos hoteleros y de playa y que es socia de ACTUR, donde participa Pensiones invirtió 260 millones de dólares en la compra de dos hoteles en Mayakoba en la Riviera Maya, nada menos que a la firma española OHL, señalada por escándalos por supuestos sobornos en el gobierno de Peña Nieto a cambio de jugosos contratos públicos.
Se trata de los hoteles Banyan Tree Mayakoba, Andaz Mayakoba y del campo de golf “El Camaleón”.
También RLH Properties habría adquirido por 210 millones de euros, el hotel Villa Magna de Madrid en una operación que tuvo como negociador al grupo BK Partners que dirige Allen Sanginés-Krause y sus socios Jerónimo y Juan Cristóbal Bremer.
Se trata de los mismos personajes que están involucrados en las subsidiarias de Rasa Land que adquirieron las tierras en la Costalegre para dar paso al desarrollo turístico de Chalacatepec.
RLH Properties, reconoce que ACTUR es la principal accionista de la sociedad con 57.9 por ciento de participación. Pero prácticamente en todas las firmas se trataba de los mismos empresarios. Allen Sanginés-Krause y sus socios Jerónimo y Juan Cristóbal Bremer, figuraban al frente de RLH Properties y la emisora que cotiza en bolsa; de BK Partners, la firma de gestión de inversiones y Rasa Land, una filial de la misma compañía.
Sanginés-Krause y los Bremer, vendieron su participación en RLH Properties al grupo de Fernando Chico Pardo, concesionario del aeropuerto de Cancún.
En España la Fiscalía Anticorrupción investiga a Sanginés-Krause, ex director de RLH y socio de BK Partners y Rasa Land, por presunto tráfico de influencias con el rey emérito Juan Carlos I.
