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Con los argumentos de garantizar el abasto de agua potable para la ciudad y recuperar terrenos de dominio público en manos de particulares, el Gobierno de Jalisco arrebató varias hectáreas del polígono conocido como Colomos III, para “disfrute de los jaliscienses”.
La medida, que incluyó el uso de la fuerza pública y derribo de una finca y cercas perimetrales, fue denunciada por varios propietarios como un atropello realizado con la fuerza del estado y sin respetar derechos de audiencia e incluso sin el mismo respaldo legal del acuerdo que sustentaba las acciones.
El aseguramiento de la superficie de 12 hectáreas ocurrió el 28 de febrero de 2017, pero el acuerdo SGG/MA-01/2017 que habría sustentado el despliegue de elementos policiacos y las acciones específicas, fue publicado el 16 de marzo de 2017 en el “Periódico oficial El estado de Jalisco”, es decir, 16 días después, bajo la siguiente premisa:
“Se ordena la recuperación administrativa de ese bien inmueble para mantener dicho bien al servicio público a que está destinado y que continúe siendo de uso común; para lo cual deberá liberarse de todas las barreras físicas que restringen el acceso, goce y disfrute del mismo”.
El sustento legal del gobierno estatal para reclamar los predios como suyos, fueron las escrituras 20 del año 1898 y la 19 de 1900, que incluía dos polígonos, A de 33,614.56 metros cuadrados y B de 89,138.98 metros cuadrados.
Según el documento, los terrenos formarían parte de una adquisición de 248 hectáreas realizada por el entonces gobernador Luis G Curiel a distintos particulares para garantizar el abasto de agua a la ciudad al ser una zona de recarga hidráulica.
En la superficie se incluye el bosque de Los Colomos y figura además el manantial de La Campana en la zona donde hoy se encuentra el Bosque Pedagógico del Agua.
Sin embargo, las deficientes referencias de límites que se tenían a principios del siglo pasado, hace complicado que el Gobierno del Estado acredite las propiedades.
En esta historia, Edificadora Hilo, S.A. de C.V. y Solidaridad MTY, S.A. de C.V., quienes compraron una hectárea de la superficie “recuperada” por el gobierno estatal, promovieron el juicio de amparo 2611/2017-1 ante el juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa tras considerar que fueron despojados de predios que fueron comprados legítimamente.
Se trata de dos fracciones, una de por 3,000.50 metros cuadrados y una más de 6,999.277 metros cuadrados, amparadas bajo escritura 7321 ante el notario Jesús Guillermo Ramos Orozco y el notario público titular 117 Rodolfo Ramos Menchaca registrado bajo el folio real número 819793, en el Registro Público de la Propiedad.
Misma propiedad registrada en el ayuntamiento de Zapopan con número 114238394 con la clave catastral 1201410-261-0003-0000. En tanto que la otra fracción tiene la cuenta predial U238368.
Dentro del juicio de amparo, la semana pasada tuvo lugar una diligencia pericial topográfica y de identidad geográfica inmobiliaria ofrecida por la parte quejosa, tarea que realizó el perito José Antonio Rocha López que incluyó visita de campo acompañado por el secretario del juzgado y por un representante de la Secretaría General de Gobierno.
En el dictamen pericial cuya copia posee este columnista, el perito concluye que una vez revisadas las escrituras en un recuento histórico, cartográfico, planos de catastro municipal y del Instituto de Información Territorial del propio gobierno estatal, están acreditados que sí fueron afectados los inmuebles motivos de la queja. Lo concluye así:
“Pues bien, con lo antes expuesto, se concluye técnicamente y de manera fundada que los inmuebles y/o superficies de los inmuebles que describe y ampara el Contrato de Arrendamiento de fecha 20 de Junio de 2015 (con superficies de 6,999.277 M². y 3,000.50 M² respectivamente), ambos inmuebles S Í S E E N C U E N T R A N F Í S I C A Y M A T E R I A L M E N T E A F E C T A D O S Y MENOSCABADOS EN SU TOTALIDAD DE SU SUPERFICIE Y MEDIDAS POR LA S U P E R F I C I E I N M O B I L I A R I A Q U E D E S C R I B E N L A S R E S P O N S A B L E S COMO “POLÍGONO B” referida en el acuerdo derivado del expediente SGG/MA-01/2017 de supuesta fecha 28 de febrero del 2017”.
En el recuento histórico de escrituras de los predios citados, pertenecientes al Rancho el Gorupo”, aparecen escrituras desde 1969 y que pasaron por al menos seis propietarios hasta llegar a las empresas que reclaman el despojo.
Uno de los que fue dueño de los terrenos bajo escritura de compraventa 19718 de fecha 13 de enero de 1984 ante el notario 55, fue el señor Rafael Caro Quintero.
