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Al presidente del Comisariado Ejidal de El Zapote, el aguerrido Nicolás Vega Pedroza, las luchas sociales le vienen de sangre.
Su bisabuelo Apolonio Pedroza y su abuelo Antonio Pedroza, también encabezaron movimientos campesinos hasta conseguir en 1937 la dotación de las tierras que dieron vida al ejido y más tarde, en 1939, la ampliación respectiva.
Pero también su padre, Pablo Vega, nativo de Poncitlán pero quien llegó en 1951 a la comunidad, pasó la experiencia de las amenazas, la persecución y hasta la privación de la libertad por el despojo de 80 hectáreas del Zapote.
Con cuatro veces al frente del comisariado, Nicolás ha marcado sus respectivas gestiones con abiertas disputas hacia la autoridad en las que logró recuperar más de 500 hectáreas.
En el primer enfrentamiento cuando fue presidente de 1991 a 1993, logró rescatar 72 hectáreas que el gobierno estatal había arrebatado al Zapote para el Hospital Psiquiátrico en la zona.
Gracias a su mediación, fueron devueltas 52 hectáreas al ejido y las otras 20 fueron liquidadas a razón de dos millones de pesos cuando era gobernador Alberto Cárdenas Jiménez.
De 1996 a 1998, Nicolás Vega volvió a encabezar al ejido y esta vez recuperó 130 hectáreas en poder de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 80 que estaban en medio de un enredado litigio en el que figuraban supuestos pequeños propietarios incluido el abuelo del ex alcalde de Tlajomulco, Andrés Zermeño Barba y 50 hectáreas de excedencias.
Fue por ese pleito que a su padre le tocó ser retenido y otras personas fueron a la cárcel cuando Enrique Álvarez del Castillo fue procurador general de la república.
De 2006 a 2008 una vez más fue presidente del comisariado y termina las gestiones para tener los planos complementarios y definitivos del ejido El Zapote, con lo cual dejó lista la mesa para que en 2009 se presentara el amparo para recuperar las 307 hectáreas que albergan al aeropuerto.
Ahora, en el período 2014 al 2017 (termina en el mes de septiembre), está al frente del movimiento para reclamar una indemnización justa por las 307 hectáreas que ocupa el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
El 17 de febrero Nicolás Vega fue detenido junto a once personas más incluida su hija Miriam Violeta Vega García, acusados del delito de despojo en grado de tentativa, además de desobediencia o resistencia de particulares, enmarcados en la carpeta de investigación 17100/2017 y la carpeta administrativa 610/2017.
Tras una serie de vejaciones a las que fueron sometidos (“Un retorcido proceso en fiscalía”, Milenio primero de marzo 2017), el juez octavo de control y juicio oral, Sergio Salvador Peña Sánchez, fijó una fianza para cada uno por 30 mil pesos ya que según él, los imputados pusieron en riesgo “a toda una ciudad o toda una comunidad”.
Además dictó medidas cautelares a los 12 para que no abandonen el estado, para que no se acerquen a los representantes legales del Aeropuerto de Guadalajara, ni tampoco a las instalaciones de la misma terminal aérea.
Según el abogado Maximiliano Lomelí Cisneros, la acusación, el proceso y las medidas cautelares dictadas, serán desechadas por las evidentes irregularidades en el proceso.
Señala la detención ilegal, pues fueron detenidos a las 17:00 horas y puestos a disposición del ministerio público hasta la una de la madrugada del día siguiente.
Hoy Nicolás Vega Pedroza dice sentirse indignado e impotente porque no puede acercarse al aeropuerto y por lo mismo no puede volar.
Cuando le pregunto qué va a hacer cuando todo termine y las restricciones se levanten, Nicolás responde:
— Iré al aeropuerto y viajaré con mi familia a Cancún. Mis hijos no lo conocen.
