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Para vigilar sus intereses en el proyecto turístico de Chalacatepec, el Gobierno de Jalisco no ha reparado en gastos, ni en triquiñuelas.
Ante la oposición de la mayoría de los ejidatarios de José María Morelos, en Tomatlán, donde se ubicaría el desarrollo, las autoridades estatales metieron las manos, el pie y todos los recursos a su alcance, para manipular al comisariado ejidal y favorecer de esta manera a Rasa Land, la empresa promotora.
Un ejemplo de esto fue la triste historia de la “asamblea” de Casa Sarita, durante el gobierno de Aristóteles Sandoval.
La delegación de la Procuraduría Agraria en contubernio con la Dirección de Asuntos Agrarios del Estado, fraguaron una asamblea general de ejidatarios el primero de octubre de 2013 convocada directamente por la dependencia federal que solamente puede intervenir en caso que el comisariado o el consejo de vigilancia se negaran a realizarla, que no era el caso.
En dicha asamblea, acuerdan el desistimiento del amparo 711/2013 que mantenía detenidos los trabajos de Chalacatepec.
Pero los actos fueron irregulares y mediante el recurso de queja 219/2013 en enero de 2014, el Segundo Tribunal Colegiado de lo Administrativo resuelve que quedan sin validez los acuerdos de la asamblea y deja en firme el amparo.
Durante la misma sesión impugnada, se convoca para el 14 de octubre de 2013 para renovar a la directiva del ejido y por falta de quorum, citan a una segunda reunión para el 23 de octubre de 2013.
Cleofas Rodríguez terminó su función como presidente del ejido el 17 de octubre de 2013 y la ley agraria marca que los suplentes entren en funciones y el consejo de vigilancia convoque a elecciones.
Aún así, el 23 de octubre coinciden en la casa ejidal dos bandos antagónicos: el encabezado por el presidente del consejo de vigilancia, Guadalupe Valadez Parra y el del ex presidente, Cleofas Rodríguez, quien ante la imposibilidad de realizar la reunión en ese sitio, convoca a celebrar la “asamblea” en “Casa Sarita”, una finca particular.
Entre las graves irregularidades, destaca que Cleofas no tenía representación legal para convocar a la asamblea (su periodo había terminado seis días antes) y además que una convocatoria debe ser con ocho días de anticipación.
La renovación es celebrada en “Casa Sarita” y sancionada por autoridades estatales y federales que validan la elección de la directiva y hasta expiden credenciales. Aunque apenas había 20 personas, en el acta levantada dice que estaban 80 ejidatarios.
Toda esa burda maniobra para imponer a las autoridades ejidales, corrió a cargo del entonces director de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Mario Vladimir Avilés Márquez.
El 23 de octubre de 2019, ya en el gobierno de Enrique Alfaro, una vez más la Dirección de Asuntos Agrarios del gobierno estatal asesoró a los ejidatarios afines a la empresa Rasa Land para que rasuraran el padrón e impidieran participar en la elección de la nueva directiva al grupo que se opone a Chalacatepec.
De esta manera fue elegida un comisariado a modo de los intereses de las autoridades estatales y de Rasa Land, pero el Registro Agrario Nacional negó el registro de la nueva directiva y un amparo otorgado a cuatro ejidatarios dejó sin efecto el resultado de la elección de la “asamblea”.
La titular de la Dirección de Asuntos Agrarios que orquestó todo, es nada menos que Ana Elena Hernández Núñez, quien en su momento trabajó para Jurídica Especialistas de Occidente, S.C., el despacho que asesoraba a Rasa Land.
Y en una muestra de cómo los intereses del Gobierno del Estado y la compañía desarrolladora están entrelazados, quien fuera el director de Asuntos Agrarios, Vladimir Avilés, es ahora el asesor jurídico de Rasa Land, en un evidente enroque de conflictos de intereses al más puro estilo de Jalisco.
