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En el Congreso del Estado, en su afán de elegir a los “mejores candidatos” para cubrir las tres vacantes de la Judicatura, no han reparado en exámenes, pruebas y prolongadas reuniones con los aspirantes, al grado de llevarlos a la asfixia y violentar sus derechos humanos.
En poco más de un mes que lleva abierta la convocatoria, el proceso para elegir a los consejeros acumula ya 8 exámenes con algunas baterías de más de 500 preguntas, pruebas piscométricas, de toxicología, estudios socio económicos y hasta la famosa prueba del polígrafo.
Han solicitado a los aspirantes que presenten su título, estudios de post grado, cédula profesional, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, estados de cuenta y que expongan un plan de trabajo.
Las vacantes en juego son dos consejeros ciudadanos y una consejera juez, cargos para los que se han inscrito 68 aspirantes; 39 varones para un puesto de consejero ciudadano; 17 mujeres para consejera ciudadana y 12 para el de consejera juez (le toca a una mujer).
El proceso en el que participan universidades, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, el Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza y el Congreso del Estado, se ha convertido en un auténtico maratón.
A partir de las inscripciones el 11 de mayo, han desfilado los aspirantes por la prueba psicométrica que se llevó 4 horas con más de 500 preguntas; la prueba del polígrafo de 5 horas con unas 200 preguntas y un test de 13 ante el aparato.
Entre las preguntas se incluyeron preguntas personales como si han cometido actos de corrupción, si tienen amantes, cuántas parejas sexuales, con cuanta frecuencia tienen relaciones sexuales y si tienen vínculos con “mañosos” (crimen organizado).
El estudio socioeconómico fue de 2 horas y unas 50 preguntas; la revisión médica de 3 horas, con 40 preguntas, tomas de sangre para revisar niveles de colesterol, triglicéridos y examen de la vista.
En el caso del examen toxicológico de una hora, incluyó la toma de 4 recipientes con orina. De acuerdo con un testimonio, pasaron a cuatro a una especie de laboratorio. En un cuarto con un mingitorio colectivo los hicieron que llenaran los tubos con un hombre mirando todo como testigo.
En el caso de las mujeres el protocolo fue similar. Una mujer supervisó las tomas y hubo a quienes de plano se les pidió que orinaran de pie.
Para el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, los aspirantes entregaron sus 3 de 3, su currículum y una experiencia curricular en un máximo de 3 cuartillas.
El 9 de junio, realizarán en el congreso un examen de conocimientos que constará de 100 preguntas filtradas de unas 600 aportadas por distintas universidades. El 25 y 26 de junio, se resolverían las elecciones de los 3 cargos.
Hasta ahora, al menos 4 de los candidatos presentaron amparos para impugnar el procedimiento y en caso de inconformidad con los resultados –-lo que es altamente previsible–, no se descarta que puedan interponerse más recursos legales que entramparían el relevo.
De los consejeros salientes de la Judicatura, uno fue impulsado por Movimiento Ciudadano, otro por el PAN y un tercero por el PRD.
Por este panorama y ante el pasado inmediato como los diputados han resuelto estos cargos, hay bastantes sospechas que tras 8 exámenes, decenas de pruebas, más de 900 preguntas y más de 15 horas de evaluaciones para cada uno de los 68 aspirantes, los partidos políticos terminen haciendo el reparto de siempre.
