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En una entrevista que sostuve con el padre de Alfredo Jiménez Mota, el periodista sonorense desaparecido el dos de abril de 2005, Don Alfredo me contaba que lo más difícil de sobrellevar es cada timbre que escuchan. Ya sea en la puerta o en el teléfono.
Me confió que cuando un hijo está ausente, por muchos años que hayan pasado, nunca se extingue la esperanza de que pueda ser él quien de repente se reporte o toque a la puerta. Y durante las fiestas decembrinas, esa angustia se hace más lacerante y más profunda en medio de la fiesta de otros y el dolor por el desaparecido.
Supongo que una situación similar han de haber vivido familiares de más de 15 mil desaparecidos en Jalisco a quienes seguramente indigna el debate que sostiene el gobierno estatal con su propia sombra, alegando que no existe una crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y en la estructuras institucionales creadas para atender el fenómeno.
Ni la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidos, ni la Comisión Estatal de Búsqueda o la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas, han podido con el problema, que aunque fue efectivamente heredado, se han encargado en esta administración en minimizar el tamaño del mismo y hasta re victimizar a los afectados.
Por ejemplo, el gobernador Enrique Alfaro siempre negó que los espacios destinados para albergar los cuerpos estuvieran rebasados y se limitó a acusar a medios de comunicación por el “amarillismo”, aunque las fotografías de cadáveres en pasillos o sitios inadecuados provinieran del mismo personal.
O cuando el mismo mandatario refirió que un elevado porcentaje de los desaparecidos –sin aportar prueba—estaría vinculado con actividades del crimen organizado, lo que mereció la respuesta inmediata de una madre, Guadalupe Aguilar, quien lo retó a primero encontrar a su hijo, a probar su relación con la delincuencia y hasta después meterlo a la cárcel, porque al menos ahí “tendría un lugar donde ir a verlo”.
En el recién aprobado presupuesto de 2022, fue autorizado un aumento para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que dispondrá de 76 millones de pesos para la contratación de peritos y del Centro Jalisciense de Identificación.
En los últimos años, además del resguardo de cuerpos, el instituto mantiene un grave rezago en la identificación de cadáveres y restos, con retrasos de hasta un año en tareas de confronta y pruebas genéticas para poder entregar los seres queridos a las familias.
De acuerdo con organizaciones civiles, en la dependencia existen al menos 5 mil 700 cuerpos sin ser identificados y a estos habrá que sumar los que se siguen localizando en fosas clandestinas.
Y es que aunque el gobernador en un informe revelaba que su administración era la que más fosas había localizado y cuerpos había recuperado “porque ahora sí se buscan”, los agrupaciones le respondieron que no basta con encontrarlos, sino culminar el proceso de rescate, servicio forense e identificación.
Por cierto, la crisis es real en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que hay otras condiciones deplorables de trabajo. Cuando se enteraron de que habría una bolsa para contrataciones, algunos empleados recordaron a quien esto escribe, que tampoco hay vehículos, ni guantes, ni otro material de trabajo.
