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El regidor Alberto Alfaro García presentó ayer ante el TRIFE un Juicio de Protección de Derechos Político Electorales en contra de la presidenta María Elena Limón, el síndico José Luis Salazar Martínez y el pleno de regidores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque al sentirse agraviado por no tener acceso a las últimas sesiones virtuales de Cabildo.
Ante la máxima autoridad electoral denunció que le han violado sus derechos político electorales y su derecho a la libre asociación, reunión, expresión, libre manifestación de las ideas, así como tomar parte en los asuntos públicos inherentes a su cargo como regidor en Tlaquepaque.
Señala que esos actos son discriminatorios y representan una restricción indebida a sus derechos humanos y políticos al ser ilegales e infundados, por lo que solicita al TRIFE sean revocadas las sesiones, anulados los acuerdos tomados y se repongan de nueva cuenta y se garantice en lo sucesivo participar de manera virtual y tomar el sentido de su voto en las actas respectivas.
En su querella establece que existe parte médico del Hospital San Javier que establece que se encuentra en condiciones mentales que le permiten tomar decisiones y que no existen contraindicaciones para realizar actividades propias de un regidor, por lo que se considera arbitraria la decisión de la alcaldesa de someter al pleno la votación para permitirle su participación a la más reciente sesión de Cabildo, efectuada el pasado 27 de agosto.
Además, se anota que tanto en la sesión del 26 de julio y la del 27 de agosto, la presidenta y el síndico le han querido aplicar la Ley Federal del Trabajo a la hora de justificar su participación, al tratarlo como un empleado, cuando únicamente se le pueden cancelar sus derechos políticos electorales a través de un juicio político, previsto en la Constitución.
Se destaca que claramente han sido violados sus derechos político-electorales ya que ha sido convocado días previos a las sesiones de Cabildo y también esos actos discriminatorios resultan ofensivos para el electorado que depositó su confianza en él a la hora de emitir su voto en las elecciones del 2018.
En el documento presentado ante el TRIFE se asienta que la alcaldesa, síndico y el pleno del Cabildos debieron interpretar en su favor la posibilidad de acceder por plataformas digitales el participar en la toma de decisiones de interés público y contabilizar su presencia virtual como asistencia real y efectiva y no haberle impedido acceder a dichas sesiones.
El recurso ya fue admitido por el Tribunal Electoral y en breve será requerida la alcaldesa y el resto de regidores para que rindan su informe justificado y de comprobarse esas violaciones, además de ordenarse medidas de reposición y no repetición, esos funcionarios pueden ser objeto de un juicio político.
Por separado el regidor Alfaro García dijo con independencia del fallo que se emita, el acto autoritario del Pleno, la alcaldesa y el Síndico, “solo revela temor y debilidad del gobierno emecista ante el empuje ciudadano de una necesario cambio y alternancia municipal”, concluyó.
