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Un frente más se ha abierto en el panorama del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien al tema de los migrantes, al de los aeropuertos, al del tren maya y al de las refinerías, entre otros, se ha sumado la lucha de poder a poder que le han declarado jueces y magistrados y a la cual se han sumado integrantes del senado bajo la premisa de “salvaguardar la división de poderes, proteger el pacto federal y a la soberanía estatal”.
El grupo confirmado por 55 senadoras y senadores de oposición informaron sobre una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones –promovida por Morena y Andrés Manuel López Obrador-, que establece que ningún funcionario, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, podrá ganar más que el presidente, quien ha declarado que fijará su sueldo en 108 mil pesos mensuales.
Más de 200 jueces han promovido juicios de amparo en contra de la iniciativa del presidente. Integrantes del Poder Judicial de la Federación han argumentado que la reducción salarial podría fomentar la corrupción; argumento que el propio AMLO calificó de “poco serio”. Pero no son los únicos, miles de funcionarios de gobierno han renunciado a sus puestos y están promoviendo prejubilaciones.
Los recortes de personal y la disminución de sueldos estaban en el proyecto de AMLO antes y ahora; algunos lo creyeron y otros evidentemente se confiaron. Hoy, las quejas, demandas y amparos están a la orden del día, pero nadie se puede llamar sorprendido de la puesta en marcha del plan de austeridad que ha comenzado a implementar el presidente, quien durante su campaña a la presidencia lo dijo fuerte y lo dijo bajito y lo repitió en todas y cada una de las plazas que visitó.
Baste recordar que inmediatamente después de su triunfo en las urnas del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador definió su plan de austeridad. Fue un cúmulo de acciones el que dio a conocer, entre ellas rebajarse el sueldo un 60%, para combatir la corrupción y poner fin a los excesos de la alta burocracia en el Gobierno. En su agenda prioritaria ha estado desde un principio el combate a los excesos de los políticos y lo que él llama la austeridad republicana.
A los integrantes de su partido (Morena) que ganaron una curul en el Congreso les advirtió que su legislatura no sería “más de lo mismo”. “Nada de politiquería, no hacer política en el viejo molde de la política tradicional. Ese molde se hizo pedazos el 1 de julio. La gente ya no quiere políticos corruptos, prepotentes, fantoches, falsos, mentirosos. Hay que tener presente eso. No vayan a salir con sus tonterías porque la gente se los va a reprochar».
Tras ese posicionamiento los Secretarios que habían sido anunciados o invitados al gabinete comenzaron también a definir sus proyectos con menos personal e incluso desaparición de subsecretarías. En esa pretención se habló de ajustar más de 6 mil plazas de la alta burocracia, en espera de generar ahorros mensuales por más de 850 millones de pesos.
Entre las medidas anunciadas se encontraba el reducir a la mitad los sueldos de todos aquellos funcionarios que ingresen más de un millón de pesos anuales, cancelar las pensiones a los expresidentes (lo que ya ocurrió), limitar los viáticos de los burócratas, suprimir los seguros de gastos médicos privados para ahorrar 256 millones de pesos anuales, limitar los viajes al extranjero, eliminar los guardaespaldas y prohibir los vuelos en aviones o helicópteros privados. También se prescindiría de servicios de consultoría y se limitaría a cinco el número de asesores por secretario.
López Obrador ha comenzado por reducir su salario pasando de los 270 mil pesos mensuales que ingresaba Enrique Peña Nieto, a cobrar 108 mil y ha determinado que ningún funcionario público deberá superar ese ingreso. Este fue el primer paso para hacer valer un artículo constitucional que hoy es letra muerta porque ordena que nadie del Gobierno puede ganar más que el presidente.
Los senadores de oposición han manifestado estar dispuestos a apoyar que se reduzcan salarios y privilegios de los altos funcionarios: presidente, senadores, diputados y órganos autónomos. “Esa parte de la ley queda a salvo. Estamos de acuerdo. A lo que nos oponemos es al intento del presidente, y su mayoría legislativa, de someter y controlar, a través de la definición de salarios, la Suprema Corte. No lo podemos permitir: México necesita que los responsables de la impartición de justicia tengan autonomía plena”, dijo el senador por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Ya veremos qué dimensiones toma este asunto que no es menor, sabremos también en su momento, quiénes permanecen y quiénes se tendrán que retirar, quienes ganan y quienes pierden. De acuerdo al dicho del presidente, los funcionarios que no estén conformes con ganar menos de los 108 mil pesos mensuales, pueden optar por el sector privado. Siempre será una opción. Pero en Legislativo y el Judicial no están dispuestos a permitir que un poder pase sobre otro y mucho menos cuando serían sus bolsillos los primeros damnificados con esta decisión.
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