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La severa crisis de los desaparecidos en Jalisco que cada día se hace más profunda, tiene una historia negra también en el desempeño de algunos peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
En los últimos años, el Servicio Médico Forense (Semefo), vio reducido el número de médicos especialistas en la materia que fueron despedidos por razones políticas.
El escaso conocimiento del nuevo personal reclutado sin conocimientos forenses, ha propiciado que no se realicen levantamientos de cadáveres con los protocolos debidos y que esto abra la puerta a la impunidad, ya que los jueces con frecuencia no pueden sostener la imputación por defecto de los procesos técnicos.
Un ejemplo de lo que sucede en el IJCF, es el caso de una mujer cuyo cuerpo fue remitido al Semefo bajo carpeta de investigación por un presunto feminicidio.
Copia de la necropsia obra en poder de este columnista, pero omitimos el nombre de la occisa y el expediente para evitar una re victimización.
El suceso ocurrió en octubre de 2021. El instituto remitió al ministerio público de la agencia especializada en feminicidios, el resultado de la necropsia practicada al cadáver de la mujer.
Con sus acostumbrados términos técnicos, el perito responde al problema planteado que fue “determinar la causa de la muerte”, para lo cual expone detalladamente la necropsia.
De entrada, refiere la exploración externa del cadáver en lo que toca a la “traumatología forense”, y concluye que “no se evidencian huellas de violencia física reciente”.
Más adelante describe la exploración interna del cuerpo, para posteriormente pasar a los estudios complementarios sobre abuso de drogas.
De estos, señala que no se detectó la presencia de anfetaminas, cocaína, ni de cannabinoides. Sin embargo, advierte que resultó positivo a la presencia de metabolitos de benzodiacepinas, barbitúricos y biperideno.
Finalmente precisa que con la información y elementos disponibles hasta el momento de la práctica de la necropsia, se concluye que:
“Que la muerte fue debida a la intoxicación por sustancias identificadas por el laboratorio químico toxicológico siendo benzodiacepinas, barbitúricos y biperideno”.
Reitera que a la exploración del cuerpo no se evidencian lesiones traumáticas recientes, pero luego agrega otras lesiones como “laceración encefálica producida por proyectil de arma de fuego” (disparo en la cabeza).
Y termina exponiendo que la mujer “sí presenta datos de sujeción, sometimiento, defensa, lucha y forcejeo”.
Un perito consultado por quien esto escribe, respondió de esta manera sobre la confusión que genera la necropsia: “Concluye una intoxicación por agente químico y deja de lado la herida por proyectil; además dice que sí presenta datos de sujeción, sometimiento defensa, lucha y/o forcejeo, y al inicio dice que no se evidencian huellas de violencia física externa. No hay manera de defender este dictamen”.
Mientras que un abogado penalista, sostiene que no hay forma que la autoridad pueda sostener el delito de feminicidio con base en una necropsia como ésta…
Un ejemplo más de la impunidad que se registra en Jalisco derivado ahora de la torpeza técnica, pues un cuerpo remitido bajo investigación por feminicidio, terminó con una aparente conclusión de suicidio.
