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Práctica que no conoce colores partidistas y enraizada en una subcultura de la clase política mexicana, “el diezmo” ha seguido el camino (aunque retorcido) de la materia y la energía: ni se crea, ni se destruye, sólo se transforma.
Conocido también como “mordida” o más recientemente “moche”, la comisión o extorsión por asignar obra pública, contrato, compra de productos, servicios, etcétera, ha pasado incluso del diez hasta instalarse en un 20 por ciento.
Durante años el famoso “diezmo” fue una operación imposible de eludir al grado que los empresarios ya lo tenían considerado en sus presupuestos. Sin embargo, en los últimos años esta práctica está desbocada.
Varios ex funcionarios del gobierno de Emilio González Márquez, hoy poseen impresionantes propiedades cercanas a los 20 millones de pesos que no pudieron haber adquirido con sus ingresos del servicio público.
Pero en la actual administración de Aristóteles Sandoval Díaz, ya se conoce de algunos funcionarios que en los primeros tres años cambiaron de sitio de residencia. De colonias de clase media, a fraccionamientos exclusivos como El Palomar, Bugambilias, Valle Real, entre otros.
Bastaría con revisar domicilios previos al inicio del gobierno estatal y los que ocupan ahora para acreditar su inesperada buena estrella. Este tipo de fortunas espontáneas, exhibe de paso los mecanismos de supervisión y control de la contraloría estatal.
Una de las principales fuentes de enriquecimiento fueron los juicios laborales de los cuales el Siapa puede dar cátedra. Decenas de demandas fueron perdidas a propósito, conveniadas y arregladas para repartirse el “botín” de los recursos públicos entre demandantes y funcionarios de los departamentos de recursos humanos o jurídicos.
El Congreso y ayuntamientos de Jalisco, también formaron parte de esta telaraña. Tan sólo en Guadalajara hay laudos por pagar que superan los mil millones de pesos.
Pero en los años recientes la voracidad por el “diezmo” (que ya es de veinte y a veces de treinta) en la obra pública y en contratos de servicios, está desbordada. Ex alcaldes consultados cuentan historias de terror en el manejo de presupuestos autorizados para sus municipios que tuvieron que pasar por la navaja del ahora llamado moche.
En algunos casos, las comisiones eran obligadas a entregarse sin haber recibido el dinero previo para las obras. Los pagos fueron en efectivo.
Varios ex presidentes confirmaron además el modus operandi de al menos dos oficinas donde fueron citados para hacer la entrega de millones de pesos. En una operación que raya en el cinismo, los ex alcaldes confirmaron que en dichos lugares contaban con ¡máquinas contadoras de billetes!
A este clima de presiones y hostigamiento a administraciones municipales, habrá que sumar las quejas de decenas de presidentes por el mal trato recibido en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) donde no son atendidos, los proyectos son relegados y condicionados.
La mayor parte de las obras además estarían siendo asignadas a Rodrigo Ramos Garibi y sus empresas constructoras. Grupos constructores ya habían denunciado el favoritismo que existe en torno a este personaje que ha recibido obras en varias administraciones priístas de Puerto Vallarta, Guadalajara, Zapopan y ahora el gobierno estatal.
Es tal el malestar sobre la forma como se decide sobre la obra pública asignada en Jalisco, que ex alcaldes y constructores, identifican a una mujer que es la que decide omnipotente sobre las mismas a la cual bautizaron como la “Z-40”.
Esta historia y la del empresario que también es compadre de Alejandro Fernández, serán motivo de una futura entrega.
