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En las elecciones del 28 de julio pasado, los venezolanos salieron a votar por un cambio en su país. Según actas, alrededor del 70 por ciento de la población cruzó la papeleta con el nombre de Edmundo González Urrutia. Pero el pasado viernes 10 de enero, fue Nicolás Maduro quien juramentó como presidente para un tercer periodo de dictadura.
Casi al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos de América aumentaba la recompensa por la entrega de información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, de 15 a 25 millones de dólares, -en respuesta a lo que califica como una investidura presidencial «ilegítima»-, el dictador venezolano se juramentaba para un tercer mandato como presidente de Venezuela pese a las denuncias de fraude de la oposición, que reivindica la victoria del candidato Edmundo González, quien ha sido reconocido como presidente electo por otros muchos países.
«Digan lo que quieran, hagan lo que quieran, pero esta toma de posesión no la pudieron impedir», expresó en un desafiante discurso Maduro tras asumir su polémico tercer mandato.
Luego de prestar juramento ante el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, en su sede de Caracas, Maduro pronunció un largo discurso en el que reivindicó su figura y la legitimidad de su nuevo mandato presidencial, que la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países de América Latina niegan.
Maduro acusó a los «traidores» venezolanos de tratar de «convertir la juramentación (…) en una guerra mundial», pero, según él, «esta toma de posesión constitucional venezolana no la pudieron impedir y es una gran victoria venezolana».
«El poder de Estados Unidos, junto a sus esclavos en América Latina, convirtieron la elección de Venezuela en una elección mundial. Y se la ganamos», dijo Maduro.
El líder oficialista bromeó varias veces con la posibilidad de la llegada del candidato opositor Edmundo González, que reivindica que fue él el verdadero ganador de las elecciones de julio y había anunciado su intención de regresar a Venezuela para tomar posesión como presidente del país.
«¿Ya llegó?», preguntó en tono jocoso, en medio de las risas de los invitados al acto en el Palacio Legislativo de Caracas.
Maduro acusó a «los gobiernos de la derecha fascista maltrecha de América Latina» de estar «desquiciados» y «botando baba de odio» por su incapacidad para sacarlo del poder.
«No aprendieron de la experiencia Guaidó», dijo en referencia al político opositor reconocido en 2019 como presidente interino del país por Estados Unidos y gran parte de los países de la Unión Europea y América Latina.
El líder chavista también apuntó al presidente argentino, Javier Milei.
«La extrema derecha sionista encabezada por un sádico social como Javier MIlei con ayuda del imperio norteamericano creyó que podrían imponerle a Venezuela un presidente», dijo Maduro.
Maduro se juramentó en medio de una atmósfera de tensión, un día después de que la líder de la oposición, María Corina Machado, fuera detenida y minutos después liberada tras convocar protestas contra la investidura de Maduro en todo el país.
La oposición asegura que González obtuvo casi el 70% de los votos, según el 80% de las actas de escrutinio publicadas por la alianza antichavista.
Sin mostrar los comprobantes electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, afirmó que el aspirante a la reelección se impuso con el 52% de los votos.
Los presidentes de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega, respectivamente, fueron los únicos mandatarios de la región que asistieron a la toma de posesión, luego de que la mayoría de los gobernantes cuestionaran los resultados electorales y el acto de investidura de Maduro.
La mayoría de los gobernantes de América Latina se negó a asistir, incluidos aliados del gobierno de Maduro como los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Horas después del acto de la juramentación, María Corina Machado emitió un mensaje a la nación y al mundo, celebró las protestas que se registraron en todo Venezuela y en más de 150 ciudades del orbe, y reconoció que había aconsejado a Edmundo González no hacer acto de presencia en Venezuela para juramentarse, como era su propósito. Acusó un golpe de estado de Maduro y no fue más allá. Decepcionó a muchos y no habló de próximas acciones.
Más tarde, Edmundo González, también dirigió un mensaje a través de redes sociales, en el que se proclamó presidente y expresó su descontento ante la “auto corona de dictador” que se ciñó Nicolás Maduro en lo que también llamó un golpe de estado. Aseguró que continúa trabajando las condiciones para su ingreso a Venezuela y asumir como presidente; al tiempo que pidió a las instituciones y a los venezolanos “desconocer al régimen ilegítimo”, y al ejército preparar las condiciones para poder asumir el cargo.
“Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder, y preparen las condiciones de seguridad para asumir el cargo”.
“Maduro consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador, no lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático”.
En tanto, como ya mencionaba, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por Maduro y por el número dos del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, y de 15 millones por información que conduzca al arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Los tres representantes del gobierno venezolano enfrentan cargos por narcotráfico ante la justicia estadounidense.
Junto al aumento de las recompensas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció un nuevo paquete de sanciones contra el círculo cercano de Nicolás Maduro.
«El Tesoro sanciona a funcionarios venezolanos que apoyan la represión y la reivindicación ilegítima del poder de Nicolás Maduro», informó el organismo.
Se trata de funcionarios venezolanos que lideran agencias económicas y de seguridad que, según el gobierno estadounidense, «permiten la represión y la subversión de la democracia», así como funcionarios de alto nivel en el ejército y la policía vinculados a «los abusos de los derechos humanos».
«Maduro y sus asociados han continuado sus acciones represivas en Venezuela», dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley Smith.
«Estados Unidos, junto con nuestros socios de ideas afines, se solidariza con el voto del pueblo venezolano por un nuevo liderazgo y rechaza la fraudulenta afirmación de victoria de Maduro», agregó.
Entre los funcionarios de más alto nivel sancionados por Estados Unidos están Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela (PdVSA) y Ramón Celestino Velázquez, ministro de Transporte.
A ellos se suman Danny Ramon Ferrer, viceministro del Sistema Integrado de Investigaciones Penales del Ministerio del Interior; Douglas Arnoldo Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); Jhonny Rafael Salazar, subdirector del Cicpc; Manuel Enrique Castillo, subcomandante del Comando de Operaciones Estratégicas (Ceofanb) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; y José Ramón Figuera, comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) para el distrito capitalino de Venezuela
La medida implica que todos los bienes e intereses de los sancionados en EE.UU. quedan bloqueados.
Además, las instituciones financieras y otras personas que participen en transacciones con ellos también se exponen a sanciones.
En marzo de 2020, Maduro rechazó los cargos de narcotráfico presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que describió como «un conjunto de acusaciones falsas».
Maduro acusó entonces al gobierno estadounidense de comportarse como «cowboys racistas del siglo XIX» al ofrecer una recompensa por su captura.
Y el canciller venezolano de aquella época calificó las acusaciones de narcotráfico contra Maduro de «miserables, vulgares e infundadas».
«Intentan minimizar el alto reconocimiento que posee Venezuela en la lucha contra el narcotráfico», agregó.
Además de las medidas anunciadas por Estados Unidos, el Consejo de la Unión Europea amplió su lista de sanciones contra funcionarios y altos cargos del gobierno de Venezuela, añadiendo a 15 personas.
Entre los sancionados se encuentran figuras clave del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia venezolanos.
Las medidas, señaló la Unión Europea, responden a acciones que han «socavado la democracia y el Estado de Derecho», principalmente relacionadas con irregularidades en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y con la represión de la oposición.
«Hacemos un llamamiento a las autoridades de Venezuela para que pongan fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias», dijo un portavoz del organismo.
Y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció que ese país impondrá también nuevas sanciones contra ciertos funcionarios venezolanos en virtud del Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Venezuela).
Estas sanciones, explicó la Cancillería canadiense, están dirigidas a 14 altos funcionarios actuales y anteriores del gobierno venezolano «que han participado en actividades que han apoyado directa o indirectamente violaciones de derechos humanos en Venezuela».
El viernes, durante el acto en que juramento por un tercer mandato Maduro se burló de los opositores. Mucha gente había fincado sus esperanzas de salir de la dictadura en la líder Maria Corina Machado se dijeron decepcionados y destruidos moralmente. Otros todavía confían en que se puede hacer algo más para arrebatarle el poder al dictador. Habrá que ver.
*con información de medios
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