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Me encaminaba junto a un amigo a una de las puertas del estadio 3 de Marzo para ver un encuentro de futbol, cuando López López, un amigo y paisano sonorense bebedor de Récord Guiness, exboxeador y ex muchas cosas más, me interceptó en la avenida Patria desde un auto compacto.
Venía con otro periodista –-oficio que por esos días abrazaba con fervor como a una caguama— de una noche fragorosa e intensa en una fiesta que se prolongaba hasta esas horas del día.
— ¡Súbanse al carro!, gritó, al tiempo que mostraba una refulgente botella de cerveza.
Nos disculpamos porque íbamos a ver el partido, pero entonces acotó:
— ¡Súbanse, nosotros ya traemos el resultado…!
La anécdota viene a cuento por lo que acaba de suceder en el Congreso del Estado, donde las fracciones que hacen mayoría en esa legislatura realizaron un montaje para cubrir la huella que dejaba la sombra del “dedazo” para designar a tres consejeros de la Judicatura.
El proceso de elección de una consejera jueza, una consejera ciudadana y un consejero ciudadano, supuestamente fue encauzado a través del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, para que conseguir los perfiles idóneos y acabar de una vez por todas con las cuotas de poder.
Para conseguirlo, el comité convocó a seis universidades para que intervinieran en la evaluación, en la que participó el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y el Instituto de Transparencia.
A partir de ahí para los 67 aspirantes al cargo aquello se convirtió en un maratón. Tuvieron que acudir a pruebas psicométricas que incluyeron unas 500 preguntas,
en el Consejo Estatal de Control y Confianza (al que acudieron porque el Poder Judicial no cuenta con su propio Sistema de Evaluación de Control de Confianza pese al decreto 27391/LXII/19 que reforma su ley orgánica y obliga a su creación) los bombardearon con 200 preguntas individualmente durante 5 horas para pasar a un test en polígrafo con 13 preguntas más.
Les practicaron estudios médicos de 3 horas que incluyeron examen de la vista y muestras de sangre para revisar los niveles de triglicéridos, en una sesión que también constó de 40 interrogantes.
El estudio socioeconómico donde revisaron estados de cuenta, tarjetas de crédito, deudas, ingresos, gastos y nivel de vida personal, fue de 2 horas y 50 preguntas. A esto se agrega el examen toxicológico de una hora con cuatro muestras de orina.
Tuvieron los aspirantes otro encuentro con integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción a quien entregaron su 3 de 3, currículum y un trabajo especial sobre su experiencia profesional en 3 cuartillas.
Finalmente se sometieron a un examen de aptitudes en el Congreso del Estado que constó de 100 preguntas, mismas que fueron filtradas de 600 aportadas por las universidades.
El escándalo de la elección es de sobra conocido. La mayoría integrada por Movimiento Ciudadano, PRI, Morena y el PAN, eligieron a Claudia Rivera Maytorena (vinculada al blanquiazul) y a Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz, ligados a MC, aunque no alcanzaron el 80 por ciento de calificación que los mismos diputados habían establecido.
Varios de los candidatos a un puesto de consejero, buscarán ampararse contra la elección, además de al menos otros 4 que ya habían impugnado por la misma vía el proceso.
Al menos uno de los aspirantes, busca conseguir que se reponga el procedimiento y que se anule todo el proceso desde la convocatoria, los exámenes de control de confianza (que considera violatorios de derechos humanos) y la evaluación de las universidades (una de ellas, privada, en lugar de utilizar a sus académicos empleó a practicantes).
Pretende aplicar la teoría del “árbol envenenado”, que establece que si la fuente es inválida (el proceso de elección), los frutos del mismo son inválidos también…
Mientras tanto, los diputados se preparan para otra renovación de magistrados y la pregunta es si como lo hicieron hace unos días, repetirán la fórmula de mi amigo López López, que antes de las elecciones ya tengan el resultado.
