Artículos relacionados
Como sucedió en Villa Corona con Ramón Sierra que arrebató el control del municipio al alcalde legalmente electo, en Cocula se teje una historia similar con la rebelión de un grupo de regidores que pretenden gobernar con la fuerza de su mayoría impuesta en las sesiones del ayuntamiento.
Encabezados por el síndico Manuel Rico Pérez, integran el grupo “Regidores Unidos por Cocula”, los ediles Manuel Castillo Andrade, Esmeralda López Amador y Francisco Javier Camacho Romero, del PRI; Enrique López Gómez, de la alianza PAN – PRD y Dolores Catalina Ibarra Cortés de Movimiento Ciudadano.
El grupo denunció en diciembre pasado en rueda de prensa, una serie de presuntas irregularidades cometidas por el alcalde Francisco Javier Buenrostro Acosta y la tesorera Laura Rico Moreno, como compras a sobre precio y violaciones sistemáticas de las leyes y acuerdos del pleno.
Pero en el portal del ayuntamiento figuran grabaciones de las sesiones donde claramente ejercen su mayoría y rechazan aprobar distintos trámites. Por ejemplo, en la sesión extraordinaria del 29 de diciembre de 2016, se opusieron a aprobar la modificación del presupuesto de ingresos y egresos ya que se reportaron más ingresos por permisos de espectáculos, predial y licencias.
Los miembros del grupo, abrieron una cuenta de Facebook con la leyenda “Regidores Unidos por Cocula, Gobierno Democrático” –-en Villa Corona, Ramón Sierra colocó en la nomenclatura “Gobierno Independiente”—y hasta felicitaron a los habitantes del municipio por el nuevo año 2017.
No obstante, hay casos donde los integrantes no se muestran tan celosos del respeto a la ley.
El 13 de diciembre de 2016, se firmó un contrato de donación de un predio rústico por parte de un ciudadano de Cocula al Ayuntamiento. En el documento, aparece la firma del síndico como “Lic. Manuel Rico Pérez” y el sello de la sindicatura, pese a que el susodicho no tiene tal profesión de licenciado.
Un oficio del dos de enero de 2017 expedido por la Dirección de Profesiones del Estado, señala que en la búsqueda de archivos “no se encontró registro de cédula del mismo, que lo acredite para ejercer ninguna profesión en el Estado de Jalisco”.
El artículo 170 del Código Penal del Estado de Jalisco, establece que comete el delito de usurpación de profesión quien se ostente como tal sin serlo, para lo cual impone sanciones de un mes hasta tres años de prisión.
Otros dos integrantes de Regidores Unidos por Cocula, estarían violando el artículo 112 de la Constitución de Jalisco que establece que todo cargo público de elección popular es incompatible con algún otro de la Federación, Estado o del Municipio.
El regidor Manuel Castillo Andrade, es médico general A en el Hospital Regional de Cocula, donde percibe como sueldo 16 mil 534 pesos quincenales; mientras que su compañero Francisco Javier Camacho Romero, es médico general de la Unidad de Atención de la Salud en Huaxtla-El Arenal, con salario de 16 mil 484 pesos quincenales, ambos pertenecientes a Servicios de Salud en Jalisco.
La Ley de Incompatibilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco, define que solamente pueden combinarse los cargos con la docencia, investigación o beneficencia y precisa que la incompatibilidad puede ser por horario y hasta por ubicación geográfica –-como trabajar como regidor en Cocula y como médico en Huaxtla y El Arenal–.
El artículo 29 de esta ley, determina que el servidor público que incurre en esta práctica, deberá reintegrar los sueldos de menor cuantía recibidos, que en el caso de ambos ediles, sería su salario que perciben en el ayuntamiento y que les permite formar parte del grupo “Regidores Unidos por Cocula”.
