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La política de “abrazos no balazos” y la militarización en nuestro país, ambas impuestas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, nada bueno han dejado hasta ahora. Es cierto, los que disparan son responsables, pero quienes les entregan las armas y la autorización para actuar lo son aún más; uno vive en Palacio Nacional y los otros cobran sus cheques en el Poder Legislativo.
Uno de los principales riesgos que la gente pensante intuíamos ocurriría con la militarización es que habría víctimas inocentes y así lo expresamos en diversos espacios cuando advertíamos que los militares no estaban entrenados para hacer funciones de policías y sí para accionar sus armas.
Los cinco jóvenes que ahora se sabe fueron acribillados con más de 80 disparos sin poder defenderse porque ellos no portaban armas la madrugada del domingo 26 de febrero en la Ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, han pasado a formar parte de la estadística de la infausta militarización ordenada por López Obrador y avalada por Morena y sus aliados.
Aquel día los militares estaban investigando un hecho violento en el área y abrieron fuego contra una camioneta después de que no obedeciera una orden de detenerse, según un informe de las autoridades estatales que se levantó en la escena del crimen.
El reporte señalaba que se localizaron cinco cuerpos dentro o cerca de la camioneta acribillada a balazos en Nuevo Laredo.
El incidente provocó una riña entre soldados y un nutrido grupo de residentes enojados que creían que las “víctimas no estaban armadas ni había motivo para que les privaran de la vida en forma arbitraria”, dijo el grupo Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en un comunicado.
Los videos publicados en las redes sociales mostraron a civiles peleando con los uniformados en una calle cerca de una camioneta. En una grabación, se ve a habitantes lanzando puñetazos, tirando al suelo a un militar y pateándolo repetidamente. En medio de la pelea, se escuchan disparos y personas corriendo, pero no está claro quién hizo las detonaciones.
En una declaración en video, Raymundo Ramos, activista del comité de derechos humanos, afirmó que los soldados dispararon contra la multitud, pero no tenía información inmediata sobre víctimas adicionales. También dijo que los fallecidos regresaban de un club cuando fueron asesinados.
Tres de los cuerpos fueron encontrados en la camioneta y dos en una acera cercana, señala el reporte de las autoridades. Dichos informes generalmente señalan cualquier arma encontrada en la escena del crimen, pero no se mencionó ninguna en este caso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las principales organizaciones de derechos humanos de México, exigió el lunes 27 que el caso fuese investigado con “debida diligencia por autoridades civiles” y dijo en su cuenta de Twitter que era preocupante que la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “no se hayan pronunciado hasta el momento ni intervengan mostrando en los hechos subordinación a los castrenses”, aunque el Ministerio Público ya había iniciado una investigación.
Asimismo, la organización pidió que se garantizase la seguridad de testigos y sobrevivientes y de los activistas y periodistas que cubrieron el caso. “Los hechos muestran las preocupantes consecuencias de la innegable #militarización en curso”, afirmó el Centro Prodh al reiterar sus críticas contra la reforma que aprobó el Congreso que extendió hasta el 2028 la permanencia de los militares fuera de los cuarteles en labores de seguridad pública.
El que si alzó la voz fue Enrique Pérez, padre de Gustavo, uno de los cinco jóvenes que murió en el mencionado ataque de militares en Nuevo Laredo, y de Alejandro, quien sobrevivió al ataque. En entrevista para Carlos Loret de Mola en Latinus, Enrique Pérez relató que los militares trataron de inculpar a su hijo. Dijo que luego de disparar en su contra, los militares bajaron a Alejandro. Uno de ellos le apuntó en la cabeza y mientras otro gritaba “¡mátalo!”.
“El que andaba apuntando, le pregunto si quería vivir o morir. Le dijo ‘quiero vivir’ y, al escuchar la respuesta, le dijo ‘bueno, está bien, pero te voy a grabar un video donde tú te haces responsable de todo esto que pasó’, ese video lo tiene que tener ellos”, dijo.
Pérez relató que previo al ataque, a través del espejo retrovisor, los jóvenes se dieron cuenta de que los perseguían militares. Posteriormente, sintieron un choque en la parte trasera de la camioneta.
A causa de esto, la camioneta se impactó contra otro automóvil que estaba estacionado. Tras esto, los militares se bajaron y comenzaron a disparar “a diestra y siniestra”.
“Sin tener ninguna precaución, ni preguntando si traía un arma o algo, simplemente se agarraron a disparar, sin ningún protocolo, sin bajarlos primero para una investigación”, reclamó.
La Sedena aseguró que militares dispararon contra una camioneta la madrugada del pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, después de que esta aumentara su velocidad hasta que se detuvieron cuando se impactaron contra otro automóvil, lo que provocó un estruendo.
Cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados en el homicidio de los cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron vinculados a proceso por el delito de desobediencia al accionar sus armas aquel domingo.
Los elementos vinculados a proceso son entrevistados por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).
Cientos de personas que dijeron ser exmilitares y familiares de militares marcharon el pasado domingo 12 de marzo del presente en varias ciudades de nuestro país en defensa de los agentes del Ejército presuntamente implicados en la muerte de los cinco jóvenes en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Este sonado caso detonó el hartazgo respecto a la política del Gobierno Federal que privilegia los abrazos por encima de los balazos.
Entre los manifestantes en la marcha en Ciudad de México, el subteniente en retiro Rosalío López, reclamó a López Obrador que siendo el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas no está “velando por los intereses del pueblo, del Ejército” y que están siendo “objeto de persecución”.
“Nos preparas para la guerra pero nos cruzas de brazos … estando en campo de batalla no puedes esperar a que te den un balazo”, dijo López designado como vocero de la movilización.
Animada por consignas como “soldado amigo, el pueblo está contigo” y exigencias de justicia, familiares de reclutas detenidos en el Campo Militar Número Uno, así como de militares en activo y en retiro, portaban ropas tipo militar, muchas de ellas de camuflaje.
Rosalío López continuó con su llamado de atención a López Obrador, a quien se dirigió tuteándolo, que olvida que la preparación de los soldados es para manejar armas, por lo que si no quiere que haya personas caídas “dales su peine y dales unas tijeras para que vayan a cortar cabello, no les des armas”.
En su llamado insistió en que aún cuando el presidente repite en distintas ocasiones que el Ejército es “pueblo uniformado”, López Obrador sólo usa al personal militar “para tu conveniencia …nos usas y nos tiras como quieras”.
El militar en retiro reclamó al presidente que pretenda que los soldados no reaccionen, que “primero te den un balazo y luego hablamos”, sin considerar que “estando en el campo de batalla, no puedes esperar a que te den un balazo, porque ahí te llamabas. No puede ser posible que nos trates de esa forma”.
Nuevo Laredo está dominado por el violento cartel del Noreste, una rama de la antigua organización criminal de los Zetas. Los militares han sido frecuentemente atacados por sicarios de cárteles.
No es la primera vez que en la ciudad hay acusaciones contra los militares por sus actuaciones.
En 2021, la Armada de México entregó a 30 marinos a fiscales civiles para que enfrentaran a la justicia en casos de personas que desaparecieron durante operaciones contra el crimen en Nuevo Laredo en 2014. Los marinos también fueron acusados de detener a supuestos sospechosos, algunos de los cuales desaparecieron. Durante 2018, decenas de personas desaparecieron en Nuevo Laredo.
El periodista Julián Andrade, afirmó que los soldados nunca se han sentido cómodos realizando tareas de policía. “Esto no ha cambiado. Desde hace años lo han señalado con claridad, pero son respetuosos de las órdenes que les han dado los diversos presidentes de la República.
El aumento de la influencia de los soldados en la actual administración es, por demás, notoria. Nunca habían tenido tantas tareas ajenas a sus responsabilidades legales directas, como ahora”.
Y concluyó: “Por desgracia, los soldados están ya en la esfera política, salieron de los cuarteles hace años y no regresarán a ellos en los siguientes años. Esto implica que se tienen que tomar decisiones para que se mantenga la disciplina, pero también para que se desmonten las situaciones o creencias que pueden devenir en conflictos como no los hubo en casi un siglo”.
Lo que es un hecho es que ni la política de “abrazos no balazos” ni la militarización del país han arrojado resultados positivos sino todo lo contrario; las víctimas las está poniendo “el pueblo bueno” mientras los crimínalas gozan de libertad de acción e impunidad.
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@salvadorcosio1
