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Una nueva ofensiva legal del equipo jurídico de los ejidatarios de José María Morelos, podrían poner en jaque los 89 millones de dólares invertidos por el Instituto de Pensiones del Estado, así como las mil 200 hectáreas aportadas por Rasa Land para el proyecto de Chalacatepec.
El despacho de abogados pretende solicitar la nulidad de todos los actos jurídicos por estar viciados de origen, lo que significa que los contratos de compra venta, las escrituras privadas, las inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y hasta los fideicomisos constituidos para el desarrollo turístico, carecerían de validez.
Los argumentos de la defensa del ejido, estiman que fueron simuladas operaciones de compra venta en predios inexistentes, superficies que fueron literalmente “sembradas” en tierras que pertenecieron a la ex hacienda de La Nancy que abarcaba unas 50 mil hectáreas y que fueron expropiadas para dar paso a la creación de varios ejidos.
Además de las escrituras falsas, destacan cesiones de terrenos ejidales que no cumplieron con los protocolos establecidos en las leyes agrarias para los casos de transmisión de dominio de parcelas del ejido.
Entre los actos impugnados figura la creación del fideicomiso F/380 donde Rasa Land a través de empresas subsidiarias, presenta escrituras que amparan las tierras que integran la aportación que realiza a la sociedad con el Instituto de Pensiones del Estado quien a su vez destina 89 millones de dólares para el desarrollo de Chalacatepec.
En la lista de lotes aportados por Rasa Land, destacan escrituras de operaciones de terrenos adquiridos a “pequeños propietarios” de un predio denominado Param y Chola que supuestamente se ubicaba en la zona.
Pero desde la década de los ochenta en trabajos técnicos realizados por el Consejo Agrario Técnico de La Secretaría de la Reforma Agraria, se determinó que en ese lugar existe una marisma llamada Paraman y Chola, pero que nunca existió un predio de propiedad particular con esa denominación, según reza el oficio 3826 de la SRA.
Por si fuera poco, al invalidarse el fideicomiso también se dejaría sin efecto la sociedad de Pensiones con Activos Turísticos de México (ACTUR) al que le cedieron su paquete accionario dentro del proyecto de Chalacatepec. Pensiones tiene un porcentaje de acciones en Xala (antes Chalacatepec), en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México y en el desarrollo La Mandarina en Rivera, Nayarit.
Además, los abogados pretenden invocar la figura de la prescripción a favor de los ejidatarios ya que tienen la posesión pacífica de las tierras desde hace más de 40 años. Los supuestos particulares que se ostentan como dueños, nunca tuvieron en su poder las tierras y solo aparecían en planos y registros de dudosas operaciones.
Una muestra de esto es que cuando el equipo de Rasa Land comenzó a comprar tierras, pagaba a los “dueños” y después entregaba recursos a los ejidatarios que tenían la posesión de los predios.
Una irregularidad más fue la actitud dolosa que lesionó los derechos de los vecinos de José María Morelos al pagarles en 25 pesos el metro cuadrado, mientras reportaban al fideicomiso en 13 dólares el pago realizado.
También destaca la violación cometida a las leyes agrarias vigentes cuando se dio la compra de tierras a algunos ejidatarios por parte de la empresa. De acuerdo con la ley, la cesión de derechos sobre una parcela debe hacerse en asamblea pública y una vez que se exponga a todos el derecho al tanto.
Es decir, que si un ejidatario pretende desprenderse de una parcela, debe primero ofrecerla al resto de los integrantes del ejido que tienen derecho al tanto (derecho de preferencia) y una vez que el resto de los ejidatarios renunciaran a su derecho al tanto, los familiares de quien cede sus hectáreas deben renunciar también públicamente a su derecho al tanto.
Una revisión del equipo de abogados a las actas de asamblea, comprobó que en todas las operaciones realizadas para ceder las tierras a Rasa Land, nunca se cumplió con al trámite del derecho al tanto, por lo que las transacciones son nulas de origen.
Finalmente, otra de las estrategias legales será la presentación de denuncias penales por los delitos de simulación de actos jurídicos y fraude, mismos que están acreditados con las escrituras falsas y la tramitación de inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad entre otras acciones realizadas.
Negociaciones
De acuerdo con el abogado Maximiliano Lomelí, quien encabeza la defensa, los ejidatarios no han perdido sus derechos de ejercer acciones legales.
Por lo pronto le ha tocado ser testigo de los acercamientos de ejidatarios con el actual gobierno estatal, como una reunión celebrada en la Secretaría de Gobierno donde también estuvo presente la directora de Asuntos Agrarios.
Los ejidatarios inconformes con el proyecto de Chalacatepec, reclaman el pago de 100 millones de pesos para posesionarios a quienes les dieron “migajas”. El apoyo a la salinera para que funcione al cien por ciento y que se respete a la cooperativa.
También exigen el pago a un posesionario quien anda como judío errante con un cheque por dos millones 500 mil pesos por la compra de 30 hectáreas, pero que la cubran a valor real lo que significaría unos 39 millones de pesos.
Piden además que Rasa Land regularice todas las compras a ejidatarios que no pasaron por la aprobación de todos los ejidatarios, sino que fueron operaciones con apenas un 30 por ciento del padrón y sin la figura del derecho al tanto.
Además reclaman que el gobierno estatal saque las manos del ejido ya que en los últimos años ha fomentado la división por medio de la Dirección de Asuntos Agrarios.
Sólo si se cumplen estas condiciones, los ejidatarios disidentes firmarían un convenio para desistirse de diversos juicios que están vigentes.
En esta semana, personal del Registro Agrario Nacional y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), estarán en el ejido José María Morelos en el municipio de Tomatlán, para revisar expedientes y conocer de primera mano la enredada historia que ha crecido en la Costalegre
