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Aunque el gobernador Enrique Alfaro anunció un “Plan Maestro” para el desarrollo de Costalegre, podría ser en realidad después de Emilio González y Aristóteles Sandoval, el mandatario que coloque el último clavo al ataúd del proyecto de Chalacatepec.
Y es que lejos de destrabarse el conflicto que ha impedido al desarrollador Rasa Land y al gobierno estatal a través del Instituto de Pensiones iniciar con el “Nuevo Cancún”, se avecinan procesos legales que colocarán en latente peligro de perderse las millonarias inversiones incluidos los 89 millones de dólares de los fondos de los trabajadores del estado.
El nuevo equipo jurídico que asesora a los ejidatarios de José María Morelos en el municipio de Tomatlán, prepara una defensa de las tierras que incluye las siguientes estrategias:
Primero, pedir la nulidad de los actos jurídicos por estar viciados de origen. Esto significa dejar sin validez los contratos de compraventa, escrituras “privadas” y la creación del Fideicomiso F/380 donde Rasa Land aporta supuestas propiedades para asociarse con Pensiones en el desarrollo de Chalacatepec.
A la citada alianza, habrían sido aportadas escrituras falsas o que no tenían validez legal porque fueron tierras adquiridas de predios fantasmas o de cesiones de derechos de ejidatarios que no cumplieron con los criterios marcados por la ley.
Esto traería como consecuencia también dejar sin efecto la asociación que realizó el Instituto de Pensiones del Estado con Activos Turísticos de México (ACTUR), a quien aportó su parte en el citado fideicomiso para adquirir un paquete de acciones que incluye Xala (antes Chalacatepec), el hotel Four Seasons de la Ciudad de México y La Mandarina en la Riviera Nayarit.
Segundo, gestionar la prescripción a favor de los ejidatarios. La ley establece hasta diez años para solicitarla, pero los vecinos de José María Morelos tienen más de 40 años con la posesión de las tierras y los supuestos “propietarios” nunca tuvieron en su poder las superficies que solo figuraban en sus planos.
Tercero, denuncias penales por simulación de actos jurídicos y fraude. Cientos de hectáreas aportadas por Rasa Land habrían sido compradas a supuestos particulares que en realidad “sembraron” tierras en la ex hacienda de La Nancy, expropiada por el gobierno para dar paso a varios ejidos.
Curiosamente el equipo de la empresa que tiene su sede en Malta, adquirieron a “pequeños propietarios” y luego pagaron a ejidatarios porque tenían la posesión de las mismas hectáreas.
Pero ni siquiera las tierras que “legalmente” compraron a los ejidatarios cumplieron con lo que marca la ley agraria. Para ceder los derechos de un predio ejidal, debe hacerse en pública asamblea y donde los ejidatarios y los familiares directos del vendedor, renuncien a su derecho al tanto (en un ejido, los ejidatarios y los familiares de quien cede la tierra, tiene derecho preferente sobre las superficies); pero en actas de asamblea no figura que se haya cumplido con esa diligencia por lo que las operaciones son nulas.
El equipo asesor de los ejidatarios de José María Morelos, advierte que en ningún momento han perdido sus derechos a ejercer acciones legales, ni los vecinos o familiares su derecho al tanto.
