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Habiéndose cumplido un año ya desde que Emilio Lozoya Austin llegó extraditado desde España, acusado de distintos delitos relacionados con la compra irregular de Agronitrogenados y supuestos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht, nada ha pasado con él que no se trate de una simulación y de un distractor al que el gobierno en turno recurre de vez en vez cuando le es útil.
Y es que, aunque este personaje en cuestión se encuentra confeso de los casos de corrupción que se le señalan, y es, se podría decir, prácticamente como la representación de la corrupción en persona, la realidad es que el señor goza de libertad y de total impunidad, aun cuando recientemente se ha presentado la sexta denuncia en su contra acusado de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos.
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), detenido el 12 de febrero del año pasado y extraditado a México el 16 de julio continúa sin pisar la cárcel y sin ser vinculado a proceso, con la complacencia de la Fiscalía General de la República, que aún siendo un ente autónomo se sigue prestando a ser utilizado como instrumento político conforme a los antojos del titular del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, de acuerdo con la más reciente información, medios de comunicación han replicado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin, por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con Odebrecht, la constructora brasileña acusada de repartir sobornos a varios gobiernos de América Latina.
La querella presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) involucra a 11 personas físicas –además de Lozoya Austin– y a 33 personas morales. Se presume que las operaciones beneficiaron a servidores públicos mexicanos y sirvieron también para financiar campañas políticas. Tan sólo a una de las firmas se transfirieron 3 mil millones de pesos por servicios de los que no hay registro, detalló la UIF.
Entre las empresas a través de las que se presume se realizó el desvío de recursos entre 2012 y 2016 se encuentran Odebrecht Ambiental México, Eseasa Construcciones SA, TTG Asociados SC, Blunderbuss Company de México SA, Adding Machine Company de México SA, IECL de México SA de CV y SWT México.
La UIF, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que, derivado de un análisis, identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, y el cual operó en tres niveles para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
Detalló que en el primer nivel las empresas vinculadas de forma directa con Odebrecht recibieron los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada. Destaca una firma de la constructora brasileña que entre 2014 y 2016 recibió transferencias por más de 3 mil millones de pesos, supuestamente por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal. Sin embargo, dichos servicios no fueron realizados.
Las firmas en el segundo nivel de operación, de acuerdo con la UIF, recibieron el dinero del primer grupo y se encargaron de intercambiarlo y estratificarlo mediante un esquema de triangulación de recursos. Posteriormente los enviaron a las empresas del tercer nivel, las cuales tienen características de ser fachada.
Estas últimas se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante la distribución de recursos e hicieron retiros masivos de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México; “esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya Austin”, explicó la UIF.
Y en tanto, siguen apareciendo más desfalcos, y más saqueos en detrimento de Pemex. Forbes ha dado cuenta de que este compañía estatal mexicana se ha convertido en una de las 10 empresas más endeudadas del mundo.
El gigante energético ocupa la novena posición al arrastrar una deuda financiera de 116,800 millones de dólares (mdd), de acuerdo con un conteo elaborado por la calificadora de riesgo crediticio, Moody’s.
Por deuda ajustada, que contempla variables como las pensiones de sus trabajadores, la compañía que dirige Octavio Romero Oropeza se ubica en el segundo lugar entre las corporaciones más endeudadas con 189,000 millones de dólares.
El primer lugar de la lista corresponde al gigante de telecomunicaciones AT&T con 180,200 millones de dólares, y con un nivel de deuda ajustado que asciende a 228,284 mdd.
El resto de la lista está compuesto por empresas de todos los sectores: desde tecnológicas como Apple, pasando por financieras como SoftBank hasta energéticas como Saudi Aramco.
Pero, a diferencia de las compañías del listado, Pemex ha registrado pérdidas masivas desde la década pasada, que profundizaron en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, gestión en la que se duplicó la deuda hasta los niveles actuales, sin revertir la tendencia a la baja de la producción petrolera ni su capacidad de refinación instalada, además de múltiples daños patrimoniales advertidos por la Auditoría Superior de la Federación.
La situación financiera de la compañía se agravó aún más con la emergencia sanitaria por Covid-19, que destruyó la demanda de combustibles fósiles, depreció el peso frente al dólar y provocó recortes mundiales de producción petrolera, factores que redujeron los ingresos de Pemex y, al mismo tiempo, aumentaron su deuda.
Como resultado, las firmas Moody’s y Fitch degradaron la calificación crediticia de Pemex a grado especulativo, un término formal para los “bonos basura”.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador intentó frenar la hemorragia financiera con reducciones en la carga fiscal de la compañía, además de inyecciones de capital y aumentos presupuestales, a pesar de la crisis sanitaria y recortes en múltiples áreas de la administración pública.
Nymia Almeida, analista de Moody’s, comentó en entrevista que, a pesar de que el gobierno mexicano prometió no endeudar más a Pemex, la deuda ha aumentado desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2021, “El tipo de cambio incluso bajó”, agregó.
La meta energética de López Obrador para Pemex es incrementar su producción de crudo, reducir las exportaciones, abatir las importaciones de combustibles mediante la rehabilitación de sus seis refinerías y la construcción de una en Dos Bocas, Tabasco, mientras el mundo intenta transitar hacia el uso de energías renovables y vehículos eléctricos para reducir las emisiones contaminantes.
“Los recursos generados de la operación no alcanzan para los compromisos de capital y financieros de la empresa”, concluyó Almeida.
Sin embargo, López Obrador ha reiterado que apoyará a la empresa frente a sus compromisos financieros, pues su rescate es el pilar principal de su política energética.
Queda pues ahí la situación de Pemex que es resultado de muchos años de saqueos. Y queda también el caso expuesto de Lozoya, que fue uno de sus más grandes saqueadores.
Si se pudiese confiar en el actual régimen todo parecería indicar que, tras darse a conocer una denuncia más desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del ex director de Pemex y los nuevos señalamientos por desvíos que lo involucran tanto a él cómo a otros personajes, la Fiscalía General de la República (FGR) estaría muy cerca de cerrar el cerco a más colaboradores corruptos de aquel sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto. Pero todos sabemos que al propio Lozoya, a quien extraditaron de España luego de estar acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude, no se le ha tocado “ni con el pétalo de una rosa”, así que lo más seguro es que estemos frente a una nueva cortina de humo de la Cuarta Transformación que difícilmente redituará en detenciones de peces gordos y quizá simplemente caigan chivos expiatorios o ex funcionarios menores como parte del show para la tribuna.
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