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A raíz de mi columna “En Cesjal, otro López Castro”, al menos dos de los actores del citado expediente laboral, solicitaron su derecho de réplica.
El caso tiene que ver con la historia de una convocatoria emitida por el organismo el 30 de octubre de 2006 para seleccionar a profesionistas que habrían de elaborar el proyecto Jalisco Siglo XXI, un estudio sobre problemáticas sociales.
El entonces consejero Luis Ignacio Román Morales, presidente de la Comisión de Cohesión Social, Desarrollo y Ecología, notifica a Myrna Aranzazú Machuca Sierra, que había sido seleccionada como Coordinadora General y contaría con el apoyo de los especialistas Alberto Tomás Pérez Martínez y Juan Manuel Anaya Zamora.
Sin embargo, poco más de dos meses después del aviso de Román, la mesa directiva del Cesjal desconoce la elección de las tres personas y ordena reponer el procedimiento.
Debido a esta situación, Myrna Aranzazú Machuca Sierra, Alberto Tomás Pérez Martínez y Juan Manuel Anaya Zamora, deciden interponer la demanda laboral 594/2007-C-F en la Quinta Junta Especial el ocho de mayo de 2007.
Siete años después, los demandantes reclaman reinstalación, pago de salarios vencidos, indemnización constitucional, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, aportaciones de IMSS, Infonavit y Afore, que en suma rondarían los diez millones de pesos.
Los actuales directivos de Cesjal, sostienen que nunca hubo relación laboral, que no existió contrato alguno y que la notificación del consejero Luis Ignacio Román carecía de validez legal porque no fue avalada por la directiva ni el pleno.
Alberto Pérez Martínez, uno de los involucrados, precisa que sí fueron trabajadores de Cesjal. Que les ofrecieron un salario de 22 mil pesos mensuales y que estuvieron laborando en las instalaciones del consejo enero y febrero de 2007, hasta que a principios de marzo les impidieron el ingreso.
Admite que no firmó ningún contrato aunque “lo vio” pero no se los dieron para firma; también agrega que nunca les pagaron una sola quincena pero que trabajaron en ajustar el proyecto hacia una cobertura regional.
Pérez Martínez dice que fue un pleito entre la UAG y el Iteso lo que echó por tierra el proyecto y el entonces presidente, Eduardo Orendain, para no pelearse con las universidades decidió cancelarlo.
Declina revelar sus pretensiones, pero admite estar dispuesto a negociar con Cesjal por sus salarios caídos y sobre todo resarcir su imagen profesional afectada indica por un proyecto al que lo invitaron y después lo hicieron a un lado.
El otro personaje es Myrna Aranzazú Machuca Sierra, quien coordinaría Jalisco Siglo XXI. El abogado Adán Romero Meza, asegura que su representada sí fue empleada por Cesjal porque desde la convocatoria mencionaba el carácter de “tiempo completo” y eso significa subordinación y dependencia, no importa que no hubiera contrato firmado ni pago de salarios.
Califica como “ridículo” el incidente de falsedad de firmas promovido por Cesjal contra Myrna Aranzazú Machuca tan solo porque trabaja en Australia, ya que asegura ha estado presente en todo el proceso a través de sus representantes legales.
El abogado insiste que Cesjal perdió el juicio laboral y están buscando ganar tiempo con “huisachadas” ya que debieron sujetarse al procedimiento y no involucrar argumentos políticos.
Revela que presentó este lunes primero de diciembre un amparo para que la justicia federal obligue a las autoridades laborales a ejecutar el laudo que ya ganaron y anuncia que presentará denuncias por falsedad de declaraciones, usurpación de funciones y solicitarán la reparación por daño moral al haber dado a su cliente un trato de delincuente.
