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A principios del presente año; apenas dos meses después de haber asumido como presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que se buscaría por ley que los funcionarios no pudiesen pasar de un cargo público a la iniciativa privada relacionada con un área con su encargo en el servicio público, sino hasta después de 10 años, luego de finalizar su encomienda. Hace un par de días, tal como lo había planteado el Ejecutivo, la iniciativa conocida como “Austeridad Republicana”, fue aprobada en el Congreso de la Unión, junto con otras reformas que constituyeron las bases de sus propuestas de campaña como la ley que elimina las pensiones a expresidentes de la República, la prohibición de contratación de seguros médicos y de vida y la que evita el engrosamiento del aparato burocrático, entre otras cosas.
Pero sin duda la que destaca es la limitante de 10 años “para que un servidor público de mando superior en adelante pueda ocupar puestos en alguna empresa que haya supervisado, regulado u obtenido información privilegiada”.
Se trata de una iniciativa polémica que no gusta a muchos, pero que de acuerdo al planteamiento hecho por el propio Ejecutivo, ha nacido de la necesidad de frenar que ex funcionarios se aprovechen de la información de gobierno para llevarla al sector privado y beneficiarse de alguna manera no muy lícita.
En el dictamen que contempla la prohibición se considera como información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sean del dominio público. Se busca, dicen, garantizar que la política de austeridad republicana “persevere en el tiempo” y regular las acciones de austeridad aplicables al gasto público, así como contribuir a la aplicación de una administración eficaz de los recursos públicos. El dictamen expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y modifica las leyes general de Responsabilidad Administrativa y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Al referirse a esta propuesta por ahí a mediados de febrero, Lopez Obrador dijo en conferencia de prensa, se buscaría que no sucediesen casos como el que ocurrió con el expresidente Ernesto Zedillo, quien estuvo trabajando como consejero en bancos que incluso fueron rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
“Lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminaban su desempeño en un cargo, que luego pasan, chapulines, chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores a trabajar en las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían”.
Insistió en que, si bien esto no es ilegal, es inmoral, “y es una vergüenza porque ni en Estados Unidos, donde hay la costumbre de mayor interacción entre sector público y privado, se presentan casos como lo que sucedió durante el periodo neoliberal”.
En esa oportunidad mencionó que los organismos autónomos en el pasado contribuían a operar la entrega de contratos y permisos a empresas particulares.
“En todos esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de interés creados, por lo que ante la corrupción de gobiernos anteriores se resolvía el problema creando estos organismos autónomos, con también características especiales, los sueldos de los consejeros de los organismos autónomos por las nubes”.
De esa manera, el mandatario reafirmó también su compromiso de no dar un paso atrás en el combate a la corrupción y detalló que muchos de los abusos del pasado “de falta de moralidad, se presentaron por la mescolanza entre el poder público y el poder privado, o sea, no había frontera, no había separación en el gobierno, estaba convertido en un comité al servicio de los hombres y mujeres de negocios”.
En aquel momento, la Ley General de Responsabilidades Administrativas preveía un plazo de un año, después de concluir su gestión, para que cualquier exfuncionario pudiese ser contratado en una empresa.
Cabe mencionar que de acuerdo a Alto Nivel, el estándar internacional establece prohibiciones solo de entre uno y dos años en promedio.
“Los exmiembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, tienen que esperar un año para aceptar un empleo con alguna compañía que haya sido proveedora de algún bien o servicio de la ONU. Además, si como empleados de la organización dirigieron los procesos de compra, la restricción se extiende a dos años.
Los altos funcionarios de la NASA en Estados Unidos están limitados a dos años después de su gestión para trabajar en la iniciativa privada, siempre y cuando la empresa tenga alguna relación con el tema aeroespacial. De lo contrario pueden laborar inmediatamente en cualquier otro sector.
De hecho, si el empleado no ocupaba un puesto directivo la restricción es solo de un año para trabajar en la iniciativa privada, incluso en las mismas áreas que maneja la NASA.
En general, el gobierno de Estados Unidos restringe -en promedio- un año la participación de sus exempleados en consorcios privados.
No obstante, si la compañía en la que se trabajará realiza actividades de cabildeo con la misma dependencia del gobierno a la que perteneció el extrabajador, la espera máxima es de cinco años, de acuerdo con la sección 207 del título 18 del Código estadounidense, el equivalente a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales.
En Canadá los “periodos de congelamiento” de los exempleados gubernamentales varían dependiendo del puesto que se ocupó. Si se trata de ministros la espera para laborar en empresas es de dos años, aunque este periodo puede ampliarse hasta un lustro si se trata de aquellos que forman parte del gabinete del jefe de gobierno de ese país, según un estudio de Transparencia Internacional.
En la Unión Europea las restricciones postempleo gubernamental oscilan entre 12 y 18 meses, dependiendo del sector en el que se laboró. Algunos países de ese bloque, como el Reino Unido, establecen un máximo de dos años para que un exfuncionario pueda realizar actividades de cabildeo en la iniciativa privada.
Todas estas limitaciones dependen del nivel que se ocupó en el gobierno, y del tipo de área o materia de la cartera, argumenta el análisis de Transparencia Internacional. Ni este organismo, ni la ONU, reportan la existencia -en ningún país del mundo- de una restricción postempleo gubernamental de 10 años.
Ahora bien, habrá qué ver de qué manera funciona en un país como México esta nueva reforma que antes deberá contar con el aval del Senado de la República, luego de que el dictamen del Ejecutivo fue sometido a votación en el Congreso de la Unión y se aprobó en lo general, con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención para ser remitido por el Senado de la República.
En tanto que votaron en contra los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, mientras que el diputado sin partido, Carlos Morales, se abstuvo.
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