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El pleno del Senado avaló, con 104 votos unánimes, la llamada Ley Silla, que obliga a las personas empleadoras a proveer el número suficiente de sillas con respaldo para todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones o descanso durante la jornada laboral.
Además, prohíbe a las personas empleadoras obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral o prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones.
Al presentar la reforma, la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, la petista Geovanna Bañuelos, explicó que “Ley Silla prioriza la dignidad de las personas trabajadoras, pero sobre todo es un paso importante hacia el bienestar y la protección de la salud mental y física de quienes permanecen de pie durante su jornada laboral.
Mantener a una persona de pie por tiempos prolongados son prácticas recurrentes en establecimientos industriales, fábricas, hoteles, restaurantes, hospitales, además de guardias de seguridad, entre otros oficios”, destacó.
Bañuelos informó que “en México, 45% de los trabajadores realiza su jornada laboral de pie y sin descanso; de estas estadísticas, la mitad afirma tener molestias físicas, como dolor de espalda o cansancio en las piernas, además, 35% realiza su labor de pie por más de ocho horas diarias y 47% por periodos de entre cuatro y ocho horas en esta posición”.
Destacó que “la industria de la moda, representada en tiendas departamentales y que es muy rentable, impone condiciones laborales de precariedad donde al menos un millón de personas trabajan jornadas excesivas superiores a las 48 horas semanales y con ingresos insuficientes para superar el umbral de la pobreza”.
Por su parte, el panista Juan Antonio Martín del Campo planteó “a quienes han señalado posibles dificultades de implementación, les digo que toda transformación requiere esfuerzo, habrá que trabajar en la adaptación de espacios y la red de ecuación de reglamentos internos de las empresas, pero debemos reconocer y también debemos recordar que el bienestar de las personas trabajadoras no es negociable”.
