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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido los pasos para recuperar la tranquilidad que hace varios sexenios se perdió a lo largo y ancho del territorio nacional. La estrategia del gobierno federal para frenar la violencia y restablecer la paz, denominada “Estrategia Nacional de Seguridad Pública para el sexenio 2018-2024”, ya está en el senado de la República. Contempla, entre otras cosas, la creación de una Guardia Financiera, homologar salarios y capacitación para policías, así como usar los recursos recuperados de actividades ilícitas en la reparación del daño a víctimas y programas sociales.
El documento señala ocho objetivos, de los cuales se desprenden temas prioritarios y urgentes a atender, de acuerdo con el texto entregado al Congreso el viernes pasado. ADN político elaboró un desglose del contenido.
Si como objetivo se plantea la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo permanente que pueda servir a futuros gobiernos, como una estrategia se prevé articular los esfuerzos y las aportaciones de los tres órdenes de gobierno y tomar en cuenta condiciones, contextos y necesidades locales para impulsar un Nuevo Modelo Policial. En él, se busca que los elementos deban tener una visión de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana. El eslabón más importante es la policía municipal, pues es la que está más cerca de los ciudadanos.
Una de las medidas contempladas es estandarizar la capacitación, profesionalización, certificación y dignificación de los policías, así como homologar sus sueldos, capacitación, entrenamiento, equipamiento y reconocimiento.
Prevención del delito
Esto incluye a su vez varias acciones:
Desarrollo alternativo. Plantea dar alternativas económicas para los hogares y las comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas.
Prevención especial de la violencia y el delito. Son intervenciones restaurativas, orientadas a protección (en el caso de los menores que son forzados a cometer delitos), resocialización y reparación del daño.
Disuasión focalizada. Plantea el diseño y la implementación de estrategias que permitan identificar dónde y quiénes se dedican a actividades ilícitas, comunicarles las consecuencias, movilizar a la comunidad para generar conciencia y ofrecer apoyo integral a quienes deseen abandonar la actividad ilícita.
Cumplimiento regulatorio. Se promueve que dependencias o instancias que puedan estar involucradas con actos ilícitos se apeguen a estándares de operación y cumplimiento legal.
Justicia procesal, proximidad y de atención a víctimas. Velar por que las autoridades de seguridad y justicia cuenten con herramientas y protocolos para consolidar su legitimidad frente a la sociedad.
Participación ciudadana
En esta estrategia se plantea recuperar espacios públicos, combatir los delitos que más afectan a la sociedad y conformar redes vecinales.
Cambio en el reparto recursos para seguridad
De acuerdo con esta estrategia, se hará un cambio en los criterios, las formulas y las variables para la asignación, la administración y el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y se les dará prioridad a los siguientes lineamientos:
Profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales con énfasis en sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos y perspectiva de género.
Equipamiento policial y de instituciones, con unidades especializadas en combate al secuestro, cibernética, búsqueda de personas y sistema penal.
Fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia financiera en los estados.
Construcción, mejora y equipamiento de los servicios médicos forenses.
Fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.
Interconexión tecnológica eficaz de todos los sistemas de información federal, estatal y municipal (actualizar la Plataforma México).
Actualización y fortalecimiento de la Red Nacional de Radiocomunicación.
Fortalecimiento tecnológico del Registro Vehicular (Repuve).
Fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y geolocalización.
Impulso al Modelo Nacional de Policía, prevención del delito y percepciones extraordinarias.
Combate al huachicoleo
Este plan que ya está en marcha prevé otorgar programas sociales en la zonas cercanas a los ductos y utilizar todos los recursos para enfrentar de manera firme las conductas delictivas.
La estrategia se divide en tres etapas, que van desde solventar necesidades de inteligencia que permitan prevenir robos de combustible y la identificación del modus operandi hasta el cumplimiento de órdenes de aprehensión y la evaluación de resultados.
Combate al lavado de dinero
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada son áreas a las que hasta el momento no se les había dado atención, según el gobierno, por lo que en la estrategia se prevé que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) tenga un papel más importante.
La UIF, a cargo de Santiago Nieto, estará encargada de elaborar tipologías que muestren los métodos que usa la delincuencia organizada para ingresar al sistema financiero; homologará criterios y plataformas tecnológicas para productos de inteligencia patrimonial, fiscal y económica; congelará cuentas vinculadas a delitos; identificará y bloqueará activos, y también tendrá coordinación con instancias internacionales para intercambiar información.
También implementará la Guardia Financiera, que estará especializada en la investigación del lavado de dinero y ayudará en la creación de una Unidad de Investigación y Litigación especializada dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).
La nueva etapa de la extinción de dominio
Se establecerán acuerdos con la FGR para que los agentes de Ministerio Público federal agilicen los procedimientos de abandono ante instancias judiciales; se proponen cambios a la Ley Federal para Administración y Enajenación de Bienes, a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código Nacional de Procedimientos Penales, y que los recursos se destinen a tres fondos: reparación del daño causado a víctimas u ofendidos, programas sociales y fortalecimiento de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Combate al robo en carreteras
Se realizarán operaciones de revisión y supervisión del transporte en rutas con alta incidencia delictiva, así como filtros de revisión y arcos en centrales de autobuses, revisiones de afectaciones en tramos carreteros y blindaje de accesos a autopistas; también, se implementará el uso de arcos gamma para detectar armas y drogas y el acceso a cámaras de vigilancia.
En estas carreteras comenzará:
Carretera 150D de CDMX a Puerto de Veracruz.
Carretera 37D de Morelia a Lázaro Cárdenas.
Autopista 57D CDMX-Querétaro.
Autopista 45D Querétaro-Salamanca-Irapuato.
Autopista 95D Cuernavaca-Chilpancingo.
Cómo abatir el tráfico de armas
Plantea establecer una estrategia interinstitucional contra la entrada ilegal de armas, así como mayores controles y seguimiento a las licencias colectivas de armas de fuego, mecanismos para mejorar el control y el registro de armas, y periódicamente revisar resultados.
Se crearán grupos insterinstitucionales conformados por instancias como el Sercicio de Administración Tributaria (SAT), la Defensa, la Marina, la FGR, Seguridad y Protección Ciudadana, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
López Obrador también reforzará la seguridad con el despliegue permanente de 10,200 policías y soldados en regiones con altos índices de violencia, muchas cercanas a la frontera con Estados Unidos.
Se reforzará el estado de fuerza en 17 regiones de México, para ello se agregarán 600 elementos de manera permanente en cada una, entre las que se incluyen tres ciudades jaliscienses: Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara, las cuales fueron identificadas entre las más violentas del país.
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