Artículos relacionados
Ya nadie puede negar a priori que México está en pos de convertirse a una dictadura como la imperante en Venezuela que comenzó con el populista Hugo Chávez Frías y continuó con Nicolás Maduro, siendo que el primero cambió la Constitución de su país en 1999, para luego sin éxito intentar modificarla a través de un referéndum en 2007. Maduro por su parte, ha amagado también con un cambio a la Carta Magna de la República Bolivariana, aunque para beneplácito del apaleado pueblo venezolano, todo apunta a que no se llevará a cabo como estaba previsto. El tema viene al caso luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien durante mucho tiempo se le ha visto como “un peligro para México”, ha dado ya señales más contundentes y que encienden las alarmas en cuanto a la ruta que parece tomar rumbo al absolutismo, autoritarismo y dictadura.
En su afán de hacer solo su voluntad, el presidente ha excedido todos los límites y ha puesto en entredicho la división de poderes y el Estado de Derecho que deben prevalecer en una democracia como la que hasta no hace mucho nos jactábamos de tener en la República Mexicana.
Si bien, ya son innumerables las situaciones que derivado de sus actitudes y decisiones han dado pie a que mucho se especule sobre su estado mental, y de salud, no es menos preocupante su evidente deseo de venganza, su odio, su ira, su cólera, sus mentiras, su enojo, su tozudez, y esa ansia de hacer y cumplir sus deseos por más que estos resulten ser inviables, improductivos, onerosos, obsoletos, o simplemente irrealizables.
La postura que AMLO ha asumido en torno a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) inquieta porque ha enviado señales inequívocas de que desea imponer su voluntad sin importar qué o quién se le interponga en el camino y al costo que sea.
En ese transitar, ha sido capaz de amagar a diputados y senadores con que no tendrían derecho a mover “una sola coma” a la iniciativa que con carácter de preferente envió al Congreso de la Unión el 1 de febrero pasado. Instrucción que, hay que decirlo, fue irresponsablemente acatada al pie de la letra por los legisladores de Morena y de los partidos satélites que ignoraron las más de 400 reservas que se presentaron.
El documento corrió con la misma suerte en el senado y el viernes 9 de marzo fue publicada la nueva ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque sólo estuvo vigente un día, ya que 24 horas después el valiente juez Juan Pablo Gómez Fierros, otorgó suspensiones en los juicios de amparo presentados en torno a la recién aprobada ley.
El presidente tampoco se ruborizó al proferir amenazas en contra del juez que, en el marco de sus funciones resolvió un asunto conforme a la Carta Magna y apegado a derecho.
Y menos aún se avergonzó de dirigir una misiva -previa lectura en su show de La Mañanera- al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y titular del Consejo de la Judicatura Federa (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para solicitarle revisara el proceder del juez y pedir que se le investigue.
Pero hasta ahora lo más grave en su proceder, dadas las circunstancias, es la advertencia que lanzó el jueves también en su programa matutino, al amagar: «Sí, yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros y que es inconstitucional y no se puede proceder, enviaría una reforma a la Constitución».
Andrés Manuel ha rebasado todos los límites del decoro y respeto que debe prevalecer en un Estado de Derecho. En su obsesiva postura en torno a su Ley de la Industria Eléctrica, ha coaccionado al Poder Legislativo y se ha entrometido en el Poder Judicial propiciando división al interior.
El ministro presidente de la SCJN convertido en títere del Ejecutivo, ha desempeñado un papel lamentable pero no menos preocupante al ser comparsa del presidente cuando debió erigirse como el primer defensor del Poder Judicial.
Pero dentro de este embrollo, quizá la buena noticia sea que Asociaciones de abogados, de magistrados, de jueces y diversas instancias que convergen al interior del Poder Judicial han reaccionado de manera solidaria y han cerrado filas en torno al togado que se ha mantenido firme y ha hecho prevalecer los ordenamientos de la Carta Magna; incluso este mismo viernes cuando concedió una suspensión definitiva a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que es impulsada y defendida con uñas y dientes por el presidente.
El jueves, a través de un desplegado, cientos de abogados mexicanos condenaron las amenazas del Ejecutivo al Poder Judicial. Los firmantes expresaron su respaldo al juez Gómez Fierro, quien otorgó la suspensión a la LIE, tras amenazas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No estar de acuerdo con una resolución judicial, da derecho al inconforme a atacarla por y con la Ley, no da derecho a denostar desde el poder a toda persona, incluyendo al juez y los abogados que razonan diferente, menos con argumentos sesgados, falsos, maniqueos y parcial”.
En dicha misiva, los abogados indican que están alarmados por las declaraciones del Titular del Ejecutivo, mismas que desdeñan al Estado de Derecho, al solicitar que se investigue al juez Gómez Fierro por haber otorgado una suspensión provisional a la reforma eléctrica.
“Implica atacar infundadamente a la persona con facultades para resolver, así como embiste a la institución del juicio de Amparo y su evolución, la cual existe a favor de los derechos humanos y es orgullo mexicano desde 1841.
López Obrador, dijo este viernes que la disputa alrededor de la nueva ley de la industria eléctrica deberá ser resuelta en el máximo órgano judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que habrá que estar muy atentos al proceso que se aproxima porque mucho del devenir de México depende de lo que se resuelva en torno a este polémico asunto, y ya se verá si lo que estamos viviendo en nuestro país es una dictadura en ciernes.
opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
