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Partiendo de que la pregunta de la consulta no pregunta lo que el presidente quiere que se pregunte, se puede advertir el fracaso de la respuesta. No se trata de un juego de palabras. Lo trágico del asunto es que justamente a eso conduce el embrollo en que se metió Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con tal de no perder su discurso de campaña y luego ya como presidente de la República en cuanto a su promesa de organizar una Consulta pública para preguntar a la gente si está de acuerdo con que se encarcele a cinco expresidentes que habrían incurrido en diversos delitos durante sus respectivos encargos.
De entrada, tengo que decir que he platicado con mucha gente de perfiles diversos y la coincidencia es que no se entiende la pregunta que aparecerá en la boleta el próximo 1 de agosto cuando de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se llevará a cabo la consulta pública sobre el juicio a los expresidentes del “periodo neoliberal” que propuso el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
Y es que, aunque la pregunta original mencionaba por nombre a los expresidentes y pedía indagar la “presunta comisión de delitos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pegunta en una polarizada votación en octubre pasado quedando de la siguiente manera:
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.
Esa es la pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La que no pregunta lo que quiere saber el presidente y tampoco tiene claridad hacia quienes optarán por hacerse presentes en las mesas de votaciones, aunque desde ahora no se observa mucho interés por participar de parte de la ciudadanía.
Sin embargo, la Cuarta Transformación ha echado mano en los últimos días de todas las vías de comunicación a su alcance para publicitar la figura popular que se celebrará por primera vez a nivel nacional.
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezado por su dirigente nacional, Mario Delgado, está inmerso en esta función de apoyo en la difusión del modelo de votación.
Morena habilitó un sitio web para la promoción de la consulta popular que tiene como objetivo iniciar un juicio contra los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
A través del sitio electrónico juicioaexpresidentes.mx, el partido llama a la ciudadanía, en principio, a participar como promotores de la consulta.
Al ingresar al sitio web, se pide el registro voluntario, ingresando nombre, edad y teléfono y argumentar por qué participarías en la defensa de la consulta popular.
De igual forma, el sitio web ofrece una colección de 9 audios descargables para que los simpatizantes del ejercicio democrático difundan los objetivos de llevar a juicio a los exmandatarios de México.
Por ejemplo, en un audio se atribuye al presidente Felipe Calderón el inicio de la guerra contra el narcotráfico que derivó en una espiral de violencia incontrolable dejando miles de víctimas.
“¿Recuerdas la guerra contra el narco, la matanza de campesinos, estudiantes durante la era neoliberal? Para llevar a las y los responsables vota ‘Sí’ en la consulta popular. Es la hora del pueblo. Juicio Sí, impunidad, No”, se escucha en uno de los audios.
De igual forma, se distribuyen al menos dos diseños de cárteles en formato PDF donde se aprecian las imágenes de los expresidentes Peña Nieto, con la leyenda Ayotzinpa; Carlos Salinas de Gortari, con la leyenda Fraude 88, y Felipe Calderón, con el mensaje “Narcogobierno”.(Forbes 23/06/21).
Pero hay que decir que López Obrador es el principal interesado en esta consulta, y aunque ha asegurado que él no participará de manera activa, en días pasados expuso las razones por las que a su juicio, sus antecesores deberían ser sujetos de un proceso penal.
En su acostumbrada conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal consideró que el expresidente Carlos Salinas de Gortari debería ser juzgado por “entregar los bienes de la nación a particulares”, es el periodo considerado como la privatización de empresas del Estado.
Al exmandatario, Ernesto Zedillo Ponce de León, dijo, por convertir “la deuda privada de unos cuantos en deuda pública”, episodio conocido como el Fobaproa.
Mientras, al expresidente de la alternancia Vicente Fox Quezada por “traición a la patria”, ya que el panista confesó que “cargó los dados para imponer a Felipe Calderón, es un atentado a la democracia”, indicó AMLO.
Luego, dijo que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa debería ser enjuiciado porque desató la guerra contra la delincuencia “sin atender las causas” y se llevaron a cabo masacres.
“Había instrucciones de rematar a heridos y ahí están los datos de niveles de letalidad, dos años de enfrentamientos y había más muertos que heridos o detenidos, agréguenle que el secretario de Seguridad (Genaro García Luna), está preso en Estados Unidos”, recordó el tabasqueño.
Del expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que sería juzgado por “los actos evidentes de corrupción, ahí está de testigo protegido el que estaba de director de Pemex (Emilio Lozoya), declarando que por órdenes superiores se entregaba dinero a legisladores para aprobar reformas como la energética”, señaló el presidente López Obrador.(Proceso 22/06/21).
Pero mientras el Gobierno de México ha defendido que se mantiene el propósito de la consulta popular, los ministros han dejado claro que “La Justicia no se consulta”, tal como lo aseveró el propio Arturo Zaldívar, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en octubre pasado cuando se dio a conocer el veredicto sobre la consulta y subrayó:
“El pasado 1 de octubre la Suprema Corte resolvió, en forma unánime, que la justicia no se consulta. Aunque con distintos enfoques y por distintos caminos, las ministras y ministros coincidimos en que, conforme a nuestro orden constitucional, la investigación, persecución y sanción de los delitos no puede estar sujeta a los resultados de una consulta popular; se trata de funciones que se ejercen mediante facultades obligatorias o regladas, que no dependen de la opinión de las mayorías.
A la vez construimos una visión robusta de la consulta popular, como mecanismo diseñado para pacificar nuestras diferencias por la vía institucional, capaz de incluir a todas las voces en la conversación pública, especialmente a aquellas que no han sido escuchadas por décadas.
Cumplimos con nuestra obligación constitucional de dar pleno sentido a la consulta popular —como derecho humano que es— y avanzar hacia una democracia participativa, que convoque a todas las personas a reflexionar y debatir sobre los grandes temas nacionales y les permita expresarse a través de un cauce pacífico, sin intermediarios. Al decidir si la materia de una consulta es constitucional, la Corte no ejerce una función jurisdiccional. No resuelve un litigio, ni su papel es dar la razón a alguna de las partes. Su función se limita a impedir la realización de consultas que versen sobre alguna de las materias prohibidas por la Constitución, pero velando por no frustrar el derecho de participación ciudadana. En otras palabras, el rol de la Corte es desplegar una función político-constitucional, encaminada a garantizar el acceso de todas las personas a la decisión pública”.(Milenio 13/10/20).
En tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE), se ha reportado listo para echar a andar la consulta que costará al menos 528 millones de pesos a los mexicanos. Un despilfarro, si se toma en cuenta que solo servirá para cumplir un capricho más al presidente Andrés Manuel, dado que se requeriría de una participación de 40 por ciento del listado nominal para que fuese vinculante, es decir, que 35 millones de mexicanos acudiesen a votar, y esa empresa luce poco menos que imposible. Así pues, en la complejidad de la pregunta se advierte el fracaso de la respuesta. ¡Al tiempo!
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