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Una finca propiedad de los hermanos Arellano Félix que estaba asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR), fue despojada mediante una intrincada red de corrupciones en las que habrían intervenido funcionarios públicos, notarios, elementos de la Fiscalía y el poder judicial.
La agrupación Orientación Política Grano de Arena, A. C., había recibido hace 20 años la posesión de la finca ubicada en Lechuga 1333, en Bosques de la Victoria en Guadalajara, tras un convenio firmado con la PGR el 12 de agosto de 1998 dentro de un programa de rescate de bienes asegurados al crimen organizado que estaban en el abandono.
El programa consistía en entregar en resguardo las propiedades a distintas organizaciones sociales con fines benéficos, a cambio de que se encargaran del mantenimiento y conservación de los inmuebles.
Es de esta manera como la asociación civil Grano de Arena, recibe de Depositaria Regional de Occidente de Bienes Asegurados de la PGR el 10 de octubre de 1998 la posesión de la finca ubicada en Lechuga número 1333, esquina Rinconada de la Floresta en Bosques de la Victoria, “por tiempo indefinido”, hasta en tanto sea requerida o regularizada. 
Posteriormente firmarían dos contratos de arrendamiento, el primero el 15 de febrero 1999 con Depositaria Regional de Occidente de Bienes Asegurados de la PGR por el lapso de cinco años; el segundo fue signado con la nueva figura denominada Dirección General de Administración de Bienes Asegurados, pero a través de la misma Depositaria Regional el primero de febrero de 2002, que al no renovarse quedó en forma indefinida.
En ambos casos la asociación civil se haría cargo de los servicios como el agua potable y la electricidad.
El inmueble de Lechuga 1333, fue asegurada por la PGR a los hermanos Arellano Félix dentro de la averiguación previa 4384/93 y tras la entrega a la asociación civil, ésta la utilizó primero como un albergue contra las adicciones denominado “Alcance Victoria” que atendía a un promedio de 50 personas.
Posteriormente fueron alquiladas sus habitaciones mediante el modelo Airbnb, siempre con el objetivo de obtener ingresos para su mantenimiento y conservación.
Según el representante legal de Orientación Política Grano de Arena, A. C., Fidel Kosonoy Ayala, en 2013, la finca fue motivo de una invasión por gente armada que pretendió despojarlos de la posesión del inmueble. En aquella ocasión, la intervención de la policía impidió que se consumara la acción por parte de un grupo de personas de una empresa privada de seguridad.
Existía el antecedente del interés de la empresa que opera el hotel Westin de conseguir la posesión de la casa para proyectos de expansión de la cadena.
El despojo
A las 01:30 horas de la madrugada del pasado dos de agosto, un grupo armado ataviado con pasamontañas y perteneciente a la Fuerza Única del estado de la fiscalía estatal, irrumpieron en la casa con el pretexto de haber recibido una denuncia por venta de droga.
De acuerdo con la orden de cateo expedida por el juez tercero de control, Horacio vega Pámanes, según carpeta de investigación 39683/2018, existía una denuncia anónima de que en ese sitio se vendía droga por lo que se configuraba el probable delito de narcomenudeo.
En la diligencia, los agentes sometieron a 27 personas que estaban en la finca, 15 de ellos inquilinos de distintas partes del país y el resto personal de la asociación civil, incluido el pintor Carlos Arévalo, quien tenía su taller en ese sitio.
En el operativo, supuestamente fue encontrada droga en pequeñas cantidades en una de las habitaciones por lo que se procedió al aseguramiento.
Según Fidel Kosonoy, la maniobra fue tan premeditada que “sembraron” la droga en pequeñas dosis para acreditar el delito de narcomenudeo y de esta manera poder intervenir la fiscalía estatal, ya que de lo contrario, al haber “sembrado” droga en volúmenes considerables, hubieran tenido que remitir el caso a la PGR, quien resulta ser la auténtica depositaria legal de la propiedad.
No obstante que se trataba del delito de narcomenudeo, ninguna persona fue detenida por los hechos y además permitieron a las personas sacar sus pertenencias, autos, computadoras y obras de arte que había en el lugar, propiedad del pintor Carlos Arévalo, lo que según Fidel Kosonoy, “demuestra que lo único que les interesaba era quedarse con la propiedad”.
A raíz del despojo, los integrantes de Grano de Arena comenzaron sus indagatorias y descubrieron que mediante una serie de maniobras que contó con la complicidad de notarios y funcionarios públicos, se armaron escrituras falsas para quedarse con la finca.
De acuerdo con datos proporcionados por el apoderado legal de Grano de Arena, Gabriel Elías Gil García, se ostenta como dueño según escritura 52,836 del siete de septiembre de 1987, sólo que equivocadamente señala la dirección en Lechuga 2835, en lugar de Lechuga 1333.
En el Registro Público de la Propiedad figura además la escritura 53,669 donde se da cuenta de la operación de compra venta realizada por el supuesto propietario del inmueble, Gabriel Elías Gil García a Comercializadora Hendrix, S.A. de C.V el cinco de enero de 2017 ante el notario público 122 Carlos Gutiérrez Aceves, misma que quedó inscrita bajo folio 2654354.
Increíblemente, el Registro Público de la Propiedad de Jalisco señala en la escritura que tras una revisión histórica a los últimos 20 años, encontró que el inmueble “no reporta gravámenes o limitaciones de dominio”, pese a que se trata de un bien asegurado por la PGR dentro de la averiguación previa 4384/93 abierta contra los Arellano Félix.
Vendedor y comprador
Otra anomalía encontrada en la escritura, tiene que ver con que Gil García nombra como su apoderado general a Salvador Méndez Carrillo para la venta de la propiedad a Comercializadora Hendrix, S.A. de C.V. en una transacción pactada en once millones de pesos.
Pero resulta que Méndez Carrillo, el apoderado para la venta, resultó ser el mismo dueño de Comercializadora Hendrix, S.A. de C.V., la parte compradora, según queda acreditado en la misma escritura.
Con fecha 16 de junio de 2016 y bajo acta constitutiva 50,786, el mismo notario 122 Carlos Rodríguez Aceves, dio cuenta de la sociedad anónima Comercializadora Hendrix integrada por Salvador Méndez Carrillo y Salvador Méndez Rodríguez.
El capital inicial es de 50 mil pesos de los que el primero aporta 49 mil y el segundo mil pesos y el objeto social es la compraventa, comodato, arrendamiento, comercialización, construcción, administración, lotificación, fraccionamiento y en general actividades relacionadas con el sector inmobiliario.
El mismo Salvador Méndez Carrillo enfrenta un evidente conflicto de intereses, ya que actualmente es el director de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y en su currículum en la página oficial, señala ser socio director de Méndez Carrillo y Asociados, S.C., pero no da cuenta de su empresa Comercializadora Hendrix, S.A. de C.V. creada en 2016.
Fidel Kosonoy dice que pese a ser una finca asegurada por la PGR, consiguieron también que la Comisión Federal de Electricidad cambiara de nombre el servicio a favor de la comercializadora y quitando el de Carlos González Aguilar, presidente de Grano de Arena.
En el mismo recibo, lograron que se colocara una leyenda que dice: “no realizar cambio de nombre”.
Lo mismo sucedió con el Siapa, donde aparecía el propietario Francisco Rafael Félix Arellano y ahora figura el de la Comercializadora.
Para hacer frente al despojo, Kosonoy revela que han interpuesto los amparos 1027, 1028, 1029, 1030, 1042 y 1043/2018, ante el juzgado primero de distrito en materia penal, mismos que se acumulan al 1041/2018 en el juzgado octavo de distrito en materia penal de Puente Grande.
Refiere que aún no dan vista a la PGR del caso y en breve presentarán las denuncias penales correspondientes.
De acuerdo con Fidel Kosonoy, todas las acciones cometidas por funcionarios públicos, notarios, jueces y la fiscalía general, son auspiciadas por el secretario general de gobierno Roberto “El Chino” López Lara, quien estaría detrás de la red de corrupción.
Señala que se han enterado que hay por lo menos unos 70 particulares que han sufrido también el despojo de casas, terrenos, ranchos y hasta fábricas, bajo el “modus operandi” de este grupo, pero que han preferido no denunciar por temor al poderoso secretario.
Ante todo esto, los integrantes de la asociación civil denuncian públicamente el atropello y piden la intervención del gobernador para que separe al secretario del cargo para ser investigado.
