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Ahora que la empresa española Abengoa (sin pudor alguno), está reclamando una indemnización de cinco mil millones de pesos por no haber construido y operado el acueducto de la presa el Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, conviene recordar que fue el mismo gobierno federal quien se enredó en la soga para ahorcarse desde el principio.
Se trató una licitación con muchos vicios de origen y que en su momento pudo haberse impugnado y dejado sin efecto porque registró diversas causales de anulación, pero que la Comisión Nacional del Agua en sus prisas (o sus intereses, vaya usted a saber), decidió pasar por alto.
El 25 de agosto de 2017, Abengoa presentó formalmente su renuncia a la licitación que había ganado el 19 de septiembre de 2011 y aunque aclara que lo hace “sin responsabilidad”, reclama el pago de aportaciones, gastos financieros, gastos no recuperables, estimaciones pendientes de cobros, así como seguros, fianzas y hasta cartas de crédito, según reveló Sonia Serrano en NTR.
Por todas estas “linduras” de argumentos, la compañía hispana que está virtualmente en quiebra, pide cinco mil millones de pesos porque a su juicio Conagua no cumplió con entregar los cambios de uso de suelo de los terrenos por donde iría el trazo del acueducto.
Sin embargo, convendría recordar el rosario de anomalías registradas en el proceso de convocatoria internacional de la licitación para el acueducto CNA-SGAPDS-OCLSP-JAL-GTO-10-001-CP detalladas por el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.C., que fue invitado por la Conagua y contratado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, para que fungiera como “observador social” del citado concurso.
De acuerdo con el informe final en manos de este columnista, la licitación incurrió en una serie de irregularidades que pudieron ser motivo para ser “desechadas” las propuestas de Abengoa.
Por ejemplo, la convocatoria exige que el concursante debe acreditar experiencia y anexar currículum del personal que estaría a cargo del proyecto. Cita el caso del gerente de ingeniería, Yordi Vidal Pujol, que nació en 1973 y se graduó en la universidad en 1990, es decir, con apenas 17 años.
El observador social también detalla que no se cumplió con el apartado 13.1 de la convocatoria que obliga a que las propuestas técnicas y económicas, deberían presentarse en español, mientras que Abengoa presentó documentos en inglés lo que según el apartado 26.7 del concurso, es causa para desechar la propuesta.
También refiere que la firma del contrato se celebró en las oficinas del Sistema de Agua Potable de León, el 14 de octubre de 2011, pero el documento señala que la firma ocurre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
No hubo protocolo, orden del día ni se identificó a los presentes pese a que eran los firmantes del mismo; los contratos firmados tenían hoja en blanco, manchados con tinta azul, hojas repetidas, mal impresas y no se veía el número de página.
El observador social denuncia que no respondieron sus observaciones, no lo consultaron previo a la calificación de las empresas, ni respondieron ante el señalamiento de que las propuestas debían ser desechadas por estar en otro idioma.
Por todo lo anterior, el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.C. que fungió como observador del concurso internacional que otorgó la licitación del acueducto a Abengoa, concluyó en forma contundente:
“El Observador Social, no puede validar que el Concurso Público Internacional CNA-SGAPDS-OCLSP-JAL-GTO-10-001-CP, se haya desarrollado con total equidad, transparencia y legalidad”.
Producto de este desaseado proceso, ahora Abengoa, quien no construyó el acueducto, reclama una indemnización de cinco mil millones de pesos.
