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La compañía española Abengoa, esa que “esfumó” 603 millones de pesos de las arcas del Instituto de Pensiones del Estado mediante sus artes bursátiles, se ha convertido en México en “ave de tempestades”.
No solamente incumplió con el pago de bonos en Jalisco, también lo hizo con Infonavit al que le causó un quebranto de 554 millones de pesos (ante la PGR expediente FED/SEIDF/ UEIDFF-CDMX/904/2017); o con los grupos financieros Monex, Invex y Banco Base, quienes le reclamaron judicialmente los pagos de las inversiones y consiguieron embargos de sus bienes en el país.
En suma, los certificados bursátiles de la empresa colocados en la Bolsa Mexicana de Valores, alcanzaron los tres mil millones de pesos.
Otro caso de escándalo de Abengoa fue el acueducto El Zapotillo-León, licitación que ganó el 19 de septiembre de 2011 por un monto de cuatro mil 569 millones de pesos.
La misma adjudicación de la obra fue en su momento cuestionada por la observadora del proceso invitada por la Comisión Nacional del Agua. Dentro del concurso internacional CNA-SGAPDS-OCLSP-JAL-GTO-10-001-CP, el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A. C. (IMAT), reconoció que hubo irregularidades suficientes para desechar a Abengoa y por lo mismo no podía acreditar que la licitación se haya dado “con total equidad, transparencia y legalidad”.
Para operar el acueducto, la compañía creó Concesionaria del Acueducto El Zapotillo, S. A. de C. V., integrada por Abengoa México, S. A. de C. V., Abeinsa, Infraestructura y Medio Ambiente y Abeinsa, S. A. de C. V., de capital español.
Esta subsidiaria se encargaría de potabilizar y entregar hasta 3.8 metros cúbicos de agua a Léon y 1.8 metros cúbicos a poblaciones de Los Altos de Jalisco, servicio por el que cobraría mensualmente 39 millones 696 mil pesos, unos 476 millones de pesos anuales y cerca de 12 mil millones de pesos al término de la concesión de 25 años.
Pese al lucrativo negocio, debido a la virtual quiebra que enfrentaba el consorcio español no pudo con el proyecto y anunció el 25 de agosto de 2017 a Conagua que presentaba su renuncia “sin responsabilidad” a la concesión número OCLSP-DAPDS- 01-11.
Pero al mismo tiempo inició un proceso legal para exigir una indemnización al gobierno federal por un monto de 5 mil millones de pesos.
Aunque no construyó ningún tramo del acueducto, la compañía había recibido 680 millones de pesos del Fideicomiso de Administración del Acueducto y cien millones de pesos más del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), para sumar 780 millones de pesos…
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador sometió a consulta un proyecto de generación de energía de la comisión Federal de Electricidad que involucra a tres estados del país.
Dentro del complejo se incluye la termoeléctrica y un acueducto en Huexca, Morelos, proyectos de 440 millones de dólares que fueron asignados en 2011 para variar a Abengoa.
En 2016, la empresa canceló su participación en una planta de cogeneración de energía para Pemex en Oaxaca; en 2017 también dejó a medio construir la planta de ciclo combinado Norte III en Chihuahua asignada por la CFE, misma que vendió al consorcio formado por Macquarie Capital y Techint Ingeniería y Construcción.
En 2018 Abengoa fue llevada a juicio también por las sociedades Eólica Tres Mesas y Eólica Tres Mesas 2, por incumplimiento de contrato en la construcción del parque eólico Tres Mesas, ubicado en las ciudades de Llera de Canales y Casas en Tamaulipas.
Las citadas sociedades reclaman un pago de 14.6 millones de dólares por haber dejado tirado los trabajos.
Aunque se presume como una compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, la firma española no le hizo el feo al contrato que recibió en 2009 del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para construir el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco.
Con una inversión de 45 millones de dólares bajo el esquema de asociación pública privada (PPS) recibió la concesión por 20 años (hasta el año 2030), por lo que cobrará anualmente 179.9 millones de pesos al gobierno estatal, unos 3 mil 508 millones de pesos durante la vida del contrato.
Nada mal para una empresa que inició operaciones en México hace 38 años, en 1981, con un par de modestos contratos: las instalaciones electromecánicas, aire acondicionado y control de accesos del edificio Parque Reforma, Ciudad de México y la instalación del sistema de aire acondicionado del edificio de Nacional Financiera.
