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El problema no es el color del semáforo epidemiológico, sino su irrelevancia. No está conectado a ninguna política pública y aún así el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado el regreso de los niños a la escuela “llueva, truene o relampaguee”, con semáforo rojo en muchas entidades del país y sin protocolos de sanidad, sin estrategias impuestas desde la Federación y sin que cambie absolutamente nada si el color pasa de naranja a rojo o de naranja a amarillo o verde, sin menoscabo de que no hay camas disponibles, insumos ni medicinas en el sector salud para atender la emergencia.
A pesar del rechazo de padres de familia que se niegan a enviar a sus hijos a la escuela en las condiciones ya señaladas por temor a que sus hijos contraigan la enfermedad de COVID-19 en el contexto de un repunte de contagios por Coronavirus, y la confirmación de una variante más, el titular del Ejecutivo ha hecho oídos sordos y no está dispuesto a dar marcha atrás.
Andrés Manuel no cuenta con algún estudio de ningún tipo en el que pueda respaldar la decisión que hasta ahora únicamente ha basado en su pequeña óptica desde donde opina que las escuelas no pueden permanecer más tiempo cerradas, siendo que México es uno de los países que por mayor tiempo se ha mantenido sin clases presenciales en el mundo. Como si a los padres de familia importara el dato o la referencia, cuando lo que está de por medio es la salud y hasta la vida de sus hijos.
A su narrativa de la necesidad de un urgente retorno a las aulas, el presidente ha añadido como argumento que la dependencia de los menores a los videojuegos es de alto riesgo.
“(El regreso a clases) es súper esencial, es básico, es fundamental, o sea, la verdad, ya no podemos tener a los niños encerrados, o dependiendo por entero, por completo del Nintendo. Eso de veras es muy tóxico”, dijo el presidente y abundó:
“Yo soy muy respetuoso, de todo, pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, hay violencia en los juegos, sobretodo están ensimismados y el ser humano no puede vivir así somos eminentemente sociales. Tenemos que convivir con otros, y eso es lo que se logra en la escuela, por eso se aprende, no solo lo que se imparte como enseñanza, sino lo que se recoge de información, de experiencia de otros compañeritos, compañeritas, de los maestros, de los padres de familia, entonces eso no se puede sustituir, la educación presencial”.
Pareciere que para el titular del Ejecutivo de la nación resulta más necesario el regreso a clases que prever el muy lógico incremento de contagios que derivará.
Lo más grave y preocupante es constatar que es Andrés Manuel quien está ya al frente de la estrategia contra la pandemia, y está decidido a experimentar con nuestros niños mandándolos a la escuela sin vacunas, sin estudio previo y solo por capricho.
Sin embargo, ya hay organismos que se están movilizando para hacer frente a los decretos y órdenes sin sustento del presidente.
El pasado viernes, medios de comunicación dieron cuenta que “El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que informe las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos de covid-19 por el regreso a clases presenciales.
Esto como consecuencia del amparo interpuesto por el Movimiento Educación con Rumbo, el cual busca que el Poder Judicial garantice que la decisión del gobierno de regresar a clases de manera presencial, salvaguarde los derechos humanos, a la vida y la salud física y socioemocional de niños de primaria y secundaria.
El amparo fue radicado en el Juzgado Noveno de Distrito, bajo el expediente 1016/2021. La organización explicó, en un comunicado, que recurrieron a esta acción debido a que las autoridades en materia educativa han omitido acreditar la instrumentación de protocolos y adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para mitigar el impacto de la variante Delta del covid-19 que afecta principalmente a estudiantes de educación básica.
Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional del movimiento Educación con Rumbo, precisó que la causa para presentar el amparo no radica en impedir el regreso a clases de manera presencial, sino en someter a un escrutinio y control constitucional las omisiones de las autoridades para garantizar que el regreso a clases sea seguro y garantice los derechos humanos de los niños.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, de la firma Cuatrecasas, refirió que el amparo presentado es un precedente relevante en materia de defensa de derechos humanos de los niños, pues se dirige a garantizar su derecho humano a la vida, la supervivencia y al más alto estándar de protección de salud y educación, de conformidad con la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño. Amozurrutia agregó que en materia educativa para un regreso integral se necesitan tres factores de manera prioritaria inmersos en el amparo: una evaluación y regularización de los niños de los aprendizajes esperados en la pandemia; una capacitación en temas socioemocionales a maestros y directivos debido a los efectos psicológicos provocados en los niños por el confinamiento; y por último, la implementación de protocolos integrales para la contención del covid-19 en escuelas.(Milenio 05/08/21).
El fracaso en el combate a la pandemia en México y las más de medio millón de muertes son suficiente razón para que los padres de familia estén rechazando el decreto presidencial.
Aunado a ello, las estadísticas son demoledoras. Según un reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al 4 de agosto, en el país han muerto 605 niños, niñas y adolescentes a causa del COVID-19. De este total, 43.1% o bien 261 de los infantes fallecidos, corresponden a las entidades con más decesos. El Estado de México se perfila con 93, Baja California con 44, Puebla con 42, y la Ciudad de México a la par de Nuevo León, con 41 fallecimientos.
Asimismo, del total de contagios registrados entre abril de 2020 y el 1 de agosto del 2021, 33 mil 958 son adolescentes de entre 12 y 17 años; 14 mil 90 entre los 6 y 11 años; y 11 mil 79 tienen entre 0 y 5 años de edad.
Hasta el momento, el gobierno federal no contempla a la población menor de 18 años dentro del Plan Nacional de Vacunación. A finales de julio, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell afirmó que “no hay evidencia científica de que se requiera vacunar niños»; aunque, frente al alza de contagios, el presidente López Obrador ha ido matizando la respuesta del gobierno federal sobre este asunto.
En el extranjero, desde un inicio, la mayor preocupación de que los niños regresaran a las aulas, era que se infectaran y luego contagiaran a sus compañeros, maestros y miembros de su familia, pero con el apoyo de expertos e instituciones como la Academia Estadounidense de Pediatría, se hicieron algunas recomendaciones para que las escuelas volvieran a abrir con todas las medidas de seguridad.
Países como Noruega y Dinamarca son países que fungen como ejemplos, pues abrieron sus escuelas después de reforzar la desinfección en las aulas y establecer clases con un aforo reducido.
Aunque algunos países de la Unión Europea regresaron a las aulas en enero y febrero, otros lo pospusieron para mayo y junio; sin embargo, al día de hoy, todos los estudiantes europeos ya toman clases presenciales.
Gracias a una exitosa campaña de vacunación, la ventilación de aulas, el uso obligatorio de cubrebocas y la distancia entre alumnos y profesores, los contagios en las escuelas tuvieron un descenso.
La implementación de un modelo híbrido para los estudiantes más grandes y el rastreo de casos positivos COVID también fueron piezas importantes para que todos regresaran a los salones.
El problema es que México no es Noruega ni Dinamarca, y no existen políticas públicas que puedan garantizar un regreso a clases seguro independientemente del color del semáforo.
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