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Con una serie de argucias, el alcalde de Puerto Vallarta orquestó una extraña operación para despojar al municipio de valioso patrimonio.
Por medio de una intrincada maniobra, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero, intentó despojar al municipio de valiosos predios para pagar oscuras deudas.
Todo comenzó el dos de febrero de 2015 cuando fue convocada una sesión de ayuntamiento a celebrarse a las 21:00 horas. Sin embargo, ésta comenzó quince minutos antes de la medianoche solo para solicitar un receso hasta la una de la mañana que en realidad se prolongó hasta las 03:40 horas ya del tres de febrero.
Luego de dar curso a varios trámites, “El Mochilas” propuso en asuntos generales la desincorporación de 18 predios municipales para supuestamente cubrir una serie de deudas a proveedores.
Seis de estos terrenos serían utilizados para pagar una supuesta deuda de más de 120 millones de pesos a la empresa Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V., derivada de la sentencia 1116/2008 ventilada en el juzgado Cuarto de lo Civil.
En el proceso, la citada compañía reclamaba el incumplimiento de un contrato de arrendamiento en la Plaza del Pitillal para la construcción y operación de un estacionamiento, contrato que se remonta a la administración del priísta Gustavo González Villaseñor, cuando éste impulsó la edificación de cuatro de este tipo de negocios además del Pitillal en la Plaza Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez.
El contrato de arrendamiento había sido firmado el 20 de febrero de 2006 y tras el incumplimiento por parte del ayuntamiento la empresa decidió demandar el cinco de diciembre de 2008 a la autoridad municipal.
El juez cuarto de lo civil, Fernando de Alba Paredes, emitió la sentencia el nueve de diciembre de 2009 donde conmina al ayuntamiento de Puerto Vallarta a pagar a Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V., 24 millones 600 mil pesos costo total de la obra.
Además, establece un pago por cuatro millones 866 mil 702 pesos por concepto de daños y perjuicios al patrimonio de la empresa y un millón 473 mil 335 pesos con diez centavos, por gastos y constas de primera instancia.
Como la sentencia fue apelada, en segunda instancia el mismo juez ratificó la misma por lo que hubo que sumarle otro millón 473 mil 335 pesos con diez centavos. El gran total fue de 32 millones 413 mil 372 pesos con veinte centavos.
La cláusula quinta de la sentencia establece que en tanto no se paguen los perjuicios (estimados en cuatro millones 866 mil 702 pesos), estos seguirían aumentando a razón del cinco por ciento mensual.
La resolución fue publicada el diez de diciembre de 2009 con lo que hasta la fecha han transcurrido 63 meses. Cada mes de mora significan 243 mil 335 pesos, por lo que tan solo en intereses suman 15 millones 330 mil 111 pesos.
La deuda actualizada con la citada empresa, ascendería a 47 millones 743 mil 483 pesos con cincuenta centavos.
Sin embargo, para efectos de desincorporar los seis terrenos municipales, Ramón Demetrio Guerrero señaló que tenían que acatar una sentencia por más de 120 millones de pesos.
Los terrenos
Para hacer frente supuestamente a este mandato legal, “El Mochilas” propuso a los regidores desincorporar los siguientes predios:
Rastro Municipal de seis mil 023 metros cuadrados; Taller Municipal, ocho mil 192 metros cuadrados; Servicios Municipales, de seis mil 440 metros cuadrados; El Cerro, de 24 mil 805 metros cuadrados; Centro Cívico, de diez mil 355 metros cuadrados y predio del coto San Xoaquín, de cuatro mil 196 metros cuadrados.
La iniciativa fue presentada por el presidente municipal sin apegarse al ordenamiento municipal que establece la necesidad de presentarla, darle vista a la comisión de Gobernación para que elabore el dictamen y después ser sometido a votación.
Además, la propuesta tampoco fue acompañada de avalúos de los terrenos, la justificación de la deuda con Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V. ni mucho menos las demás deudas de proveedores en las que se utilizarían los otros doce terrenos.
Pese a las irregularidades, la iniciativa recibió luz verde de los regidores al filo de las 06:40 horas del tres de febrero de 2015 con el voto en contra de los regidores Humberto Muñoz, Susana Carreño y el síndico Roberto Ascencio Castillo.
En total, estimaciones realizadas por peritos, consideran que los 18 predios desincorporados en dicha sesión, tendrían un valor real de 400 millones de pesos.
En el mismo día
El mismo tres de febrero de 2015 y pese a la maratónica sesión que se llevó toda la madrugada, el presidente municipal Ramón Demetrio Guerrero firmó un convenio con Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V. a manera de acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia derivada del juicio 1116/2008.
En el documento, el alcalde acepta una deuda de 123 millones 760 mil 148 pesos con veinte centavos, sumados de las cantidades ordenadas por el juez cuarto de lo civil y un apartado por intereses que reconoce en 91 millones 344 mil pesos.
No obstante, la estimación contenida en el convenio, rebasa con 76 millones trece mil 889 pesos lo que mandata la sentencia en pago de intereses y que suman 15 millones 330 mil 111 pesos.
De acuerdo con el citado acuerdo, los terrenos entregados por el ayuntamiento, aparecen con un valor muy debajo del costo real. Por ejemplo, el predio del Rastro Municipal de seis mil 23 metros cuadrados lo tasan en once millones de pesos; el de Servicios Municipales de seis mil 440 metros cuadrados en 16 millones 500 mil pesos; El Cerro de 24 mil 805 metros cuadrados en 24 millones 805 mil pesos; el del Centro Cívico de diez mil 355 metros cuadrados en 14 millones 469 mil pesos y el del Coto San Xoaquín, de cuatro mil 196 metros cuadrados, ocho millones 500 mil pesos. Tan sólo el metro cuadrado en este fraccionamiento ronda entre 400 y 600 dólares, por lo que el predio alcanzaría los 21 millones de pesos.
Por si fuera poco, el convenio contiene cláusulas que solamente benefician al particular. Por ejemplo, señala que el ayuntamiento tiene dos meses de plazo para hacer los cambios de uso de suelo pertinentes para entregar los terrenos a satisfacción de los intereses de Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V.
De no cumplir con el plazo pactado, los terrenos serían reducidos de valor hasta en una tercera parte y el ayuntamiento tendría que cubrir la diferencia de la deuda. Para esto, también otra cláusula ofrece que la autoridad municipal dispondrá de 80 millones de pesos en garantía para hacer frente a esta eventualidad.
También el tres de febrero de la extenuante jornada, el alcalde Ramón Demetrio Guerrero protocolizó el acuerdo ante el notario número siete de Puerto Vallarta, Elías Amezcua González, en un acto celebrado ante el fedatario público a las 13:30 horas, según revela la escritura 1053/ BIS (sic).
Ante el notario compareció el alcalde para dar cuenta del convenio y donde no anexó ni invocó el polémico acuerdo de ayuntamiento que quedó registrado con el número 442/2015.
Curiosamente, en su diligencia, Ramón Demetrio Guerrero se identifica como presidente municipal, mexicano y soltero, pese a que contrajo nupcias el ocho de noviembre de 2014 con Ada Vidal Cabrera.
La escritura con el convenio con Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V. protocolizado ante notario, fue presentado el nueve de marzo de 2015 ante el juez cuarto de lo civil para acreditar que daban cumplimiento a la sentencia 1116/2008.
No obstante, “El Mochilas” había solicitado licencia como alcalde el tres de marzo para hacerse efectiva a partir del seis de marzo de 2015. Es decir, cuando el documento fue presentado ante la autoridad judicial el nueve de marzo, Ramón Demetrio Guerrero ya no podía ostentarse como presidente municipal.
El síndico del ayuntamiento de Puerto Vallarta, Roberto Ascencio, tramitó el juicio de nulidad 289/2015 ante el juzgado Tercero de lo Civil, para dejar sin efecto los acuerdos tomados en la sesión que inició el dos y terminó el tres de febrero de 2015.
El juez tercero Jesús Carlos Rivera de Anda, otorgó la suspensión provisional del acto reclamado el tres de marzo de 2015, mientras que el caso es estudiado en la segunda sala del Tribunal Administrativo del Estado bajo expediente 384/2015.
La suspensión provisional otorgada el tres de marzo, implicaba dejar sin efecto los acuerdos tomados en la sesión del tres de febrero de 2015 cuando se aprobó desincorporar los predios y entregarlos en pago a Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V. y también no realizar ningún acto que contraviniera el ordenamiento.
Al entregar el ayuntamiento de Puerto Vallarta el convenio notariado del multicitado convenio, la autoridad municipal ignoró además la suspensión provisional.
