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Desde el fondo del Círculo Rojo donde el equipo de comunicación del gobernador Enrique Alfaro me ha colocado (el equivalente al gobierno de AMLO de ser prensa Fifí), me permito hacer algunas reflexiones sobre la decisión del mandatario estatal de aprobar el aumento a la tarifa del tren ligero y el macrobús a 9.50 pesos.
Efectivamente, Alfaro tiene razón al exponer que estamos ante una resolución emitida por un comité técnico en agosto de 2018 que “recomendó” ajustar en ese monto el costo del pasaje para que los transportistas pudieran seguir brindando el servicio con algún margen de utilidad.
Sin embargo, también asegura que fue para ganar votos que el gobierno priista optó por no acatar esta determinación del comité. Pero la tarifa de 9.50 fue sugerida en agosto y las elecciones fueron un mes antes.
También el gobernador acusa al anterior gobierno estatal de irresponsable y corrupto, que se dedicó a hacer negocios con la compra de camiones y los sistemas de prepago, con las nuevas concesiones y “con todo lo que estaba a su alcance”.
Desde esta columna un servidor denunció en su momento las extrañas compras realizadas durante el gobierno de Aristóteles Sandoval donde sostuve que “la modernización del transporte pasaba por Dina”, en alusión a la empresa favorecida para la renovación de unidades.
Dije en su tiempo que cuando particulares compraban lo hacían a distintas marcas; pero cuando las empresas de transporte del estado adquirían camiones, siempre eran Dina. Lo mismo denuncié del sistema de prepago y la empresa favorecida que “jineteaba” el dinero de los camioneros, entre otras linduras de un proyecto de renovación del transporte que fue un auténtico fracaso.
Pero si el gobernador está enterado de estos oscuros manejos, ¿qué espera para presentar las denuncias y meter a la cárcel a los ex funcionarios corruptos que hicieron negocio con compras de unidades, sistemas de prepago y “lo que estaba a su alcance”?
¿Cuándo llamará a cuentas al ex directivo del Sistecozome responsable de la quiebra de esa empresa y que hoy es flamante asesor en el proyecto de Chalacatepec?
Más aún, ¿sabrá que la actual contralora Teresa Brito dio su anuencia para reservar la información de una auditoría realizada a Servicios y Transportes pese a que la compañía tiene una deuda de más de mil 500 millones de pesos? (caso que prometo contar en futura entrega).
Y sobre los hechos ocurridos en la estación de la Línea 2 del Tren Ligero, Enrique Alfaro sostiene que no fue manifestación pacífica sino actos vandálicos que no pueden ser tolerados en su administración.
No obstante, los jóvenes fueron detenidos el viernes a las 19:00 horas y puestos en libertad a las 01:30 horas del sábado, es decir, poco más de seis horas después de los acontecimientos sin previa multa o cargo alguno en su contra.
Esto quiere decir que la autoridad no acreditó el delito de vandalismo que ameritaba abrir una carpeta de investigación y si no fue así, entonces se trató de un uso desmedido de la fuerza como denuncian en redes sociales.
Sobre el macrobús, el tren ligero y los “diez pesos” diarios de subsidio empresarial para cubrir la tarifa, hablaremos en otro espacio.
