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Apenas seis meses bastaron al gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz para convencerse del sueño de Emilio González Márquez de impulsar la construcción de un “Nuevo Cancún” en la Costalegre.
El 12 de septiembre de 2013, con poco más de medio año de la estrenada administración estatal, el Consejo Directivo de Pensiones del Estado celebró la sesión extraordinaria 02/2013 con la única intención de ceder el 48.5 por ciento de los derechos del fideicomiso F/380 que contenía el proyecto de Chalacatepec.
La sesión, encabezada por el presidente del Consejo de Administración, Francisco Ayón López, tenía como fin aprobar la participación del Instituto de Pensiones en la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de CV) denominada Activos Turísticos de México (Actur).
Pese a que en su momento el desarrollo turístico en la costa jalisciense fue considerado una “gran inversión” para los fondos de los trabajadores, en la mencionada sesión (cuya acta posee este columnista) se encargaron de encontrarle todos los puntos oscuros con tal de aprobar la sociedad con la mencionada empresa.
Por ejemplo, recordaron que Pensiones aportó 88 millones 950 mil dólares por el 48.5 por ciento de los derechos fideicomisarios, pero aunque la inversión era “robusta”, el proyecto presentaba debilidades como la nula diversificación al estar ubicado en una sola región geográfica; un período relativamente largo para recuperar la inversión (estimado entre 15 y 20 años); un bajo nivel de generación de flujos de efectivo y una “baja posibilidad de un evento de liquidez que permita al Ipejal la recuperación monetaria de su inversión”.
Curiosamente, la “desventajosa” alianza ya la tenía Pensiones con Rasa Land en el proyecto de Chalacatepec en el fideicomiso F/380 a través de las sociedades Paraland, S. de R. L. de C. V., Chalalegre, S. de R. L. de C. V. y Chala Mar, S. de R. L. de C. V., donde poseía el 99.99 del capital social.
También a través de Rasa Land Investors Holding B.V., el corporativo era poseedor del 99.99 por ciento del capital social Litimar S. A. de C. V., la empresa que se transformó en Actur el 10 de enero de 2012 bajo escritura pública 65187, misma fecha en la que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), se obligó a aportar 80 millones de dólares a la nueva compañía por una participación que no podría exceder el 20 por ciento.
Es a través de esta singular empresa que recibe Pensiones del Estado la propuesta de ceder el 48.5 por ciento de sus derechos del fideicomiso de Chalacatepec a cambio de “recibir” 90 millones 979 mil 505 dólares, lo que representaría una “utilidad” de dos millones 29 mil dólares 505 dólares, respecto al valor original aportado por Ipejal al Fideicomiso F7380.
No obstante, los más de 90 millones de dólares que ampara la cesión de derechos, en realidad no se trata de recursos en dólares sino del 24.01 por ciento de acciones que recibe de la sociedad con Actur que según los documentos tiene un valor comercial de 378 millones de dólares.
Con esto, Pensiones tendría 24 por ciento, Fonadin el 19.89 por ciento y Rasa Land Investors Holding BV, el 56.08 por ciento.
Esta supuesta operación benéfica para el Instituto de Pensiones del Estado, es echada por tierra en la auditoría DGP/434/2015 realizada por la Contraloría estatal donde emite observaciones por lo que considera un daño al patrimonio.
Señala que fueron cedidos los derechos fideicomisarios del Ipejal a favor de Actur por 824 millones 523 mil 525 pesos, cuando la aportación inicial de Pensiones fue por mil 153 millones 636 mil 750 pesos, por lo que hay una diferencia de 329 millones 113 mil 225 pesos y la presunción de un perjuicio patrimonial.
Ahora el Gobierno del Estado a través de Pensiones, es socio de la compañía promotora turística que en su portafolio presume lo siguiente:
El hotel Four Seasons de la Ciudad de México, con habitaciones hasta de 760 dólares por noche; Chalacatepec, que cambió de nombre y ahora es Xala, con mil 268 hectáreas en la Costalegre y La Mandarina, un desarrollo turístico de 265 hectáreas en la Riviera Nayarit.
Entre los proyectos de La Mandarina, destaca un hotel One & Only de 135 habitaciones sobre 34 hectáreas, que según un Dossier de Rasa Land (RLH Properties), les brindará la “oportunidad de cobrar tarifas altas” de más de mil dólares la noche.
Por si fuera poco, presumen de una nueva autopista que construye el gobierno federal y que acortará la distancia con Guadalajara a dos horas y media, además de colocar a 30 minutos al aeropuerto de Puerto Vallarta.
