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Como un intento de “rescatar algo” para las maltrechas finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro anunció la posible venta de las 200 unidades que tiene ese organismo en las polémicas villas panamericanas por las que pagó 340 millones de pesos.
Pero el rescate se encuentra muy lejano de superar los pantanos legales que lo rodean y mucho menos salir bien librado del pésimo “negocio” cubierto de impunidad.
El dos de diciembre de 2010, fue firmado un contrato de promesa de compra venta entre Corey Integra, Sociedad Anónima de Capital Variable y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (cuya copia posee este columnista).
Menciona que en sesión extraordinaria del 30 de noviembre de 2010, el consejo directivo de Pensiones facultó al presidente y al director general, a formalizar el compromiso y adquisición de 200 unidades habitacionales en proceso de construcción o las unidades que alcancen a adquirir con 340 millones de pesos.
En la cláusula sexta del contrato, Corey se compromete a entregar las unidades al Ipejal a más tardar el 15 de febrero de 2012 y en caso de incumplimiento la parte vendedora pagará una pena equivalente al uno por ciento mensual sobre el valor de cada unidad no entregada.
Además, la cláusula octava señala que garantiza el cumplimiento del contrato con una fianza equivalente al 10 por ciento del valor total del contrato.
El documento es firmado por Héctor Francisco Cornejo Reynoso como apoderado legal de Corey, Integra, S.A. de C.V. y Eduardo Mar de la Paz como presidente del Consejo Directivo de Pensiones y Salvador Sánchez Guerrero como director general.
Desde la fallida fecha de entrega el 15 de febrero de 2012, han transcurrido 85 meses y tan sólo por concepto de la pena pactada en el contrato del uno por ciento mensual, la parte vendedora debe 289 millones de pesos, además de la fianza de 34 millones para sumar un gran total de 323 millones de pesos.
De acuerdo con la auditoría DGP/0196/14 realizada por la Contraloría del Estado al Ipejal, se emitió como observación el que el organismo no haya hecho efectiva la fianza de póliza 5325-00930-7 de Afianzadora insurgentes, S.A. de C.V., por 34 millones de pesos por parte de Corey que incumplió con la entrega de las 200 unidades habitacionales.
Pero la respuesta a la Contraloría fue un recuento de impedimentos legales que de haberse acatado al pie de la letra, las villas no debieron haberse construido.
Había pendientes cuatro juicios de nulidad en el Tribunal de lo Administrativo, bajo los números 67/2011 y sus acumulados 82/2011y 424/2011. Por otra parte el juicio 381/2013, que se tramita en la Sexta Sala Unitaria de dicho Tribunal.
En dichos juicios ordenaba el Tribunal Administrativo lo siguiente: Se concede la suspensión para que se suspenda cualquier acto traslativo de dominio de los departamentos o villas a que se refiere la Licencia de Edificación con clave 145/D-3731-09/D, otorgada por el Ayuntamiento de Zapopan.
Además se concede Medida Cautelar (Protección de un medio ambiente adecuado) desde ese momento hasta que se dicte sentencia definitiva para el efecto de que de manera inmediata se suspendan las obras de construcción del proyecto denominado “Villa Panamericana” en relación a Dictámenes de Trazados, Usos y Destinos Específicos de fecha 05 de octubre de 2009 y 08 de diciembre de 2009, derivados del expediente Dict/09/1611.
Así como la Licencia de urbanización denominada “Villa Panamericana” número 11214/2009/2-1836 del expediente 490 y la Licencia de Edificación número 145/D-3731-09-D de fecha 22 de diciembre de 2009.
De igual forma se concede la suspensión para que no se lleven a cabo las operaciones de compra-venta y enajenación de las unidades habitacionales, que conforman el Proyecto Villa Bosque o Villas Panamericanas, asimismo para que no se emitan licencias, autorizaciones y factibilidades hacia las unidades habitacionales del proyecto impugnado.
En la respuesta a las observaciones de la Contraloría, el ex director del Ipejal, Salvador Sánchez Guerrero, afirma que se recomendó a las autoridades entrantes (sexenio de Aristóteles Sandoval), que presentaran la demanda civil respecto al contrato y que hicieran efectiva la fianza que sigue vigente en sus garantías, ambas acciones no fueron realizadas.
Hasta ahora, hay por lo menos 11 suspensiones definitivas en torno a las villas que, en sentido estricto, nunca debieron construirse y si no cuentan con papeles en regla, será muy difícil venderlas.
