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Cuando el gobernador Enrique Alfaro reclamó de modo insistente –hasta lograrlo- que la seguridad en Jalisco debía depender sólo del Estado, seguro que no imaginaba el tamaño del horror y la magnitud del desafío que esto representaba.
Y es que no hay mejor manera –vaya paradoja- de entender las dimensiones de la inseguridad que azota a nuestra entidad, que el reciente hallazgo de 20 cuerpos embolsados en un canal de aguas negras en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en su zona limítrofe con el municipio de El Salto.
El caso anterior nos grita a la cara que la violencia cobra la vida de mucha gente todos los días y que ante ello no hay estadística oficial que valga; en nuestras calles, avenidas y carreteras, ocurre a diario cualquier tipo de actos delictivos y hasta ahora todo parece indicar que no habrá, al menos en el corto plazo, poder institucional que logre contener este flagelo.
Creo que Alfaro Ramírez y su equipo jamás imaginaron la complejidad del asunto, mismo que se ha convertido en el gran tema de su gestión. Mientras que por un lado aumenta la brutalidad con la que se cometen los homicidios, por otra parte continúa la corrupción en un amplio segmento del poder judicial.
Por eso me parece que plasmar cifras en esta colaboración resulta ocioso, no así, exponer una breve reflexión sobre el cada vez más sanguinario fenómeno de la criminalidad en Jalisco.
¿Es el gobierno del Estado el responsable de devolvernos la paz y tranquilidad a los jaliscienses? Por supuesto que sí, sin duda alguna. Si es incapaz de lograrlo, se convertirá en un Estado fallido. Sin embargo, hay que aceptar que si bien es el primer gran responsable, no es el único.
Algo dejamos de hacer como sociedad desde hace un buen tiempo. La insoportable crueldad con la que hoy se consuman los asesinatos –por ejemplo- es una dramática evidencia de que en el llamado tejido social hay muchos hilos podridos.
Con otras palabras, al abordar el tema ante miembros de su consejo directivo, el presidente de la Canaco Guadalajara, Xavier Orendáin de Obeso, lo describió así: “Quisiera invitarlos a ser conscientes que México y en lo que toca a Jalisco, si me permiten usar la palabra, está enfermo. Está enfermo de inseguridad, corrupción y desigualdad”.
Y abundó, “Esto se acabará hasta que digamos ya basta, ni uno más. Esto sucederá, ojalá que no, cuando la inseguridad se lleve a uno de nosotros, o cuando la impunidad cometa una injusticia en nuestro propio hogar, o cuando estalle una huelga en el campo, o en nuestra empresa, o cuando un camión público mate a un ser querido como me pasó a mí”.
Es en esa misma tesitura, que sería muy conveniente que gobierno y sociedad en su conjunto revisemos -con un sentido de urgencia y responsabilidad compartida- cómo podemos hacer un frente común para impedir que esta enfermedad continúe con su implacable y mortal avance.
Lo escribo con todo respeto para quienes se ostentan como líderes de la sociedad civil y gurús de la problemática estatal, pero la única certeza que tenemos a la mano es que ningún diagnóstico nos ha sido útil para combatir la inseguridad, corrupción e impunidad. Es claro que saber cómo vamos está bien, pero no es suficiente.
Así las cosas, el gobierno de Enrique Alfaro no podrá cumplir con su tarea sustantiva si no nos sumamos para apoyarlo. ¿De qué forma? Por ahora nadie tiene una propuesta concreta, lo que sugiere que estamos ante una asignatura pendiente de suma relevancia.
Así pues, necesitamos resolverla cuanto antes, porque es una responsabilidad que a todos nos atañe.
