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Aunque Guanajuato es el peor “botón de muestra”, en el país cada vez son más las legislaturas que realizan reformas que abren la puerta a criminalizar a las mujeres que se practican un aborto.
El acceso a la justicia de las mujeres, sobre todo de las más pobres, tiene muchas deficiencias y un ejemplo es que son criminalizadas y perseguidas por las leyes antiaborto promovidas en algunos estados de la República Mexicana, tal es el caso de Guanajuato.
Por si fuera poco está la violencia institucional a la que se enfrentan. En Jalisco, en el primer semestre del año, al menos una decena de adolescentes han sido violadas sexualmente y han quedado embarazadas sin que les ofrezcan el servicio médico o la asesoría como establece la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046.
En 17 entidades federativas, los Congresos locales aprobaron leyes para proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción o fecundación del óvulo por el espermatozoide.
Estas reformas, señalan organismos civiles de Jalisco, tienen como consecuencia la negación de servicios médicos para interrumpir el embarazo en casos de violación, incumplimiento en la aplicación de la NOM 046 y sobre todo criminalizar y perseguir a las mujeres que interrumpen su embarazo.
En el territorio jalisciense se carece de políticas públicas que garantice la seguridad sexual, integridad física, de salud y emocional de las mujeres victimas de violación.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), reconoce que miles de mujeres mexicanas están presas “muchas de ellas no tuvieron pleno acceso a la justicia”; en particular en Jalisco se desconoce cuantas mujeres están detenidas por aborto.
Con relación a lo que sucede en el estado de Guanajuato en donde las mujeres son encarceladas por aborto —independientemente si fue o no provocado—, menciona el INMUJERES que trabaja en la armonización de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la violencia en esa entidad federativa con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Para que se garantice la visibilidad de esta problemática y la atención especializada a mujeres víctimas de violencia (…) seguiremos trabajando porque en todo el país se respeten los derechos de las mujeres y no sean objeto de discriminación”.
Luego de las recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al gobierno de Guanajuato, la dependencias federal ofrece a las 32 entidades asesoría y capacitación; no sólo para las Procuradurías de Justicia locales, sino también para los jueces, juezas, magistrados y magistrados, para impartir la justicia con perspectiva de género.
En este punto, se hace un ofrecimiento específico al gobierno de de Guanajuato, ya que derivado de las recomendaciones de la ONU se observa que sus funcionarios/as requieren de esta capacitación y sensibilización.
El INMUJERES pone a disposición de todas las procuradurías y poderes judiciales del país asesoría técnica y capacitación sobre sensibilidad e impartición de justicia con perspectiva de género, para que la población femenina tenga pleno acceso a ésta.
De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende como violencia institucional contra las mujeres “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
El caso Guanajuato, en cuna de la libertad
En Guanajuato, donde hace 200 años Miguel Hidalgo inició la Guerra de la Independencia y por el cual el gobierno federal dispuso los manteles largos para el festejo, hay desde el año 2000 al menos 160 mujeres que enfrentan procesos penales acusadas de haber abortado.
Hay además seis mujeres, todas de extracción pobre y sin estudios, han cumplido entre tres y ocho años de la pena impuesta por la justicia del estado, tras ser juzgadas como si hubieran cometido un delito de homicidio en grado de parentesco fueron sentenciadas a penas de entre 25 y 30 años.
Aunque el gobernador de Guanajuato y el procurador de Justicia estatal, en reiteradas ocasiones han dicho que las seis mujeres encarceladas en Guanajuato no purgan penas por abortar, los testimonios dicen otra cosa.
La organización estatal en favor de los derechos de las mujeres “Las Libres” ha documentado que las seis jóvenes de escasos recursos económicos y sin educación, que permanecen encarceladas y acusadas del delito de “homicidio en razón de parentesco” sufrieron en realidad un aborto espontáneo.
Moreno, es una joven de 23 años de edad, que tuvo su primer hijo a los 15 años producto de una violación. Cuando se enteró de que estaba embarazada por segunda ocasión la invadió el miedo y el temor a la reacción de su familia.
Ella lleva cinco años en la cárcel y fue condenada de 27 años de prisión. “Estaba en mi casa, sentí ganas de orinar… cuando lo saqué vi que traía el cordón umbilical enredado en el cuello, me dí cuenta de que estaba muerto, después no supe que hacer…”
Alarcón es otra mujer de 26 años criminalizada por abortar, es madre de una niña de seis y ha pasado 10 meses en la cárcel y purga una sentencia de 29 años. “Salí al patio a hacer del baño, sentí mucho dolor y después perdí el conocimiento, mis papás salieron a buscarme porque ya me había tardado y me encontraron desmayada”.
Montoya fue denunciada por una doctora y ahora purga una sentencia de 30 años, lleva cinco en prisión. Relata “un día amanecí con vómito y dolor de estómago, tenía una semana de retraso…por la tarde cuando fui al baño me di cuenta que ya estaba reglando…duró toda la semana, mi mamá me llevó al Seguro para que me revisaran y la doctora me denunció, dijo que había tenido un aborto”.
Tiene 26 años, ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, se enteró el día que la detuvieron luego de acudir al Seguro Social y ser denunciada por una doctora, desde entonces sus sueños de estudiar quedaron truncos, su delito fue quedar embarazada y no darse cuenta.
Rocha, de 26 años de edad es madre de una niña de cinco años. Lleva seis años encarcelada y aún le faltan 19 para cumplir su sentencia, también tuvo un aborto espontáneo “ese día en la madrugada tenía ganas de ir al baño y fue cuando se me vino el producto… me di cuenta que estaba muerto”.
Al encontrarse sola, con miedo y sin dinero, hizo todo para que su familia no se enterara, pero ante los malestares que sintió, fue a una clínica pública y una trabajadora social la denunció.
Al igual que Montoya y Rocha, Juárez fue denunciada por la clínica a donde acudió. Ella ya tenía una hija, cuando a sus 18 años quedó embaraza por segunda vez. Ella tuvo un aborto espontáneo por el cual lleva ocho años en la cárcel, pero su condena es de 25.
Un día se sintió mal, pensó que tenía diarrea, así que se dirigió a la letrina, después regresó a su cuarto. “Mi hermano me vio sangrando avisó a mi mamá quien me llevó al hospital”, en el lugar no la atendieron, pero la denunciaron.
Frías es una mujer que no fue a la escuela, no sabe leer, ni escribir. A sus 39 años de edad, fue violada sistemáticamente por un vecino pero el miedo, las amenazas y la vergüenza influyeron para que no denunciara, por la misma razón jamás acudió a recibir atención médica pues le da pena que la vean o intenten tocarla.
De esas agresiones tuvo cuatro embarazos, tres hijos, y un aborto por el cual tiene una sentencia de 30 años, lleva cinco en la cárcel.
“Salí a traer el rastrojo… sentí dolor en la panza… los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer encima del rastrojo, comencé a pujar para que saliera… estaba muerto”. Finalmente fue por una señora que era partera, quien la denunció.
Hasta ahora información actualizada por “Las Libres” indica que 166 mujeres han sido denunciadas por médicos de hospitales públicos, otras 14 ya tienen un proceso penal en su contra, nueve han sido sentenciadas y 30 más fueron consignadas y están en espera de entrar a la cárcel.
