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Mucho mejor que el trazo de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano (que incluye Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque), Servicios y Transportes opera desde hace décadas la ruta estrella “275 Diagonal” que incluye además de los tres municipios citados, a Tonalá.
En su mejor época, esta sola ruta aportaba la mitad de los ingresos de Servicios y Transportes al funcionar hasta con 200 unidades con ingresos (a valor de la tarifa de aquel tiempo) de un millón 600 mil pesos diarios.
No en balde la paraestatal decidió mudar sus instalaciones centrales de Tlaquepaque a la carretera a Tesistán en Zapopan, a unos 200 metros del crucero con la carretera a Colotlán.
Pese al exitoso derrotero de “La Diagonal”, su suerte está prácticamente definida cuando comience a funcionar en 2019 la Línea 3 porque ésta tomará la mayor parte de los pasajeros de la ruta e incluso comenzará a ser alimentada cuando funcionen las cuencas de servicio con corredores de colonias asentadas por la carretera a Colotlán.
La inexplicable permanencia de Servicios y Transportes es uno más de los misterios del actual gobierno estatal en materia de transporte, ya que no siguió los pasos del Sistecozome, cuyo desmantelamiento fue ordenado en julio de 2017 tras haberse acreditado la pésima administración y el endeudamiento de más de 500 millones de pesos.
Servicios y Transportes acumula más de mil millones de pesos en deuda, unos 800 de los cuales se los debe a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (SEPAF), unos 250 millones de pesos a Pensiones del Estado, más proveedores diversos.
No obstante el “barril sin fondo”, el Gobierno del Estado se ha empeñado en mantener artificialmente con vida a la compañía camionera, como queda acreditado en la actual administración donde fluyeron al menos tres préstamos (sin V de vuelta):
Contrato de empréstito firmado el 16 de mayo de 2014 por SEPAF y Servicios y Transportes por 83 millones 576 mil 067 pesos para pagar la nómina de los conductores, para finiquitar contingencias laborales jurídicas y para cubrir un anticipo por la adquisición de unidades, que tenía que cubrirse el 31 de diciembre de 2014.
Contrato de empréstito firmado el 13 de febrero de 2015 por 37 millones 486 mil 579 pesos, para cubrir el 30 por ciento del corto de 90 unidades marca Dina y el 10 por ciento de anticipo de 29 unidades Fotón y para cubrir pólizas de seguro de las unidades.
Contrato de empréstito firmado el 29 de mayo de 2015 por 6 millones de pesos para el pago de anticipo de unidades nuevas marca Fotón. En total, 127 millones 062 mil 646 pesos de préstamos del gobierno estatal.
En el oficio DGP/0519/2017 del 20 de enero de 2017, la contralora estatal María Teresa Brito, revela 27 observaciones al manejo financiero, egresos y pasivos de la empresa camionera estatal.
En la conclusión de la auditoría de fecha 27 de junio de 2017, la contralora le comunica al director de Servicios y Transportes, Samuel Héctor Zamora Vázquez, que de las 27 observaciones fueron solventadas 15 y 12 quedaron sin solventar, por lo que señala que se presume que quebrantaron las obligaciones que debían cumplir como servidores públicos, ante lo cual le pide que inicie los procedimientos sancionatorios.
En un listado de sanciones impuestas a los servidores públicos que abarca el período 2013-2018 (sic), la empresa revela que 38 funcionarios fueron sancionados, 29 con amonestaciones, multas por 7 mil pesos, un apercibimiento y dos inhabilitaciones, una por tres meses y la otra por un año.
Extrañamente, aunque la conclusión de la auditoría fue muy parecida en tiempo a la practicada en Sistecozome (con apenas un mes de diferencia) y pese a que la deuda de Servicios y Transporte triplica la de la otra empresa camionera estatal, la Contraloría no concluye como inviable su operación ni mucho menos recomienda su disolución.
Del proceso de extinción de Sistecozome y la actuación del liquidador cuando queda poco más de un mes a este gobierno, hablaremos en una futura entrega.
