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En el despacho del secretario de Movilidad Servando Sepúlveda, existe un expediente que da cuenta de números permisos de taxis que habrían sido negociados por funcionarios panistas en la administración de Emilio González Márquez.
Se trata, entre otros casos, de permisos que no se renovaron y que fueron aprovechados por estos personajes para embolsarse varios millones de pesos.
Este episodio de rapiña, solo es un botón de muestra del caos que por décadas se ha vivido en el gremio de autos de alquiler y que ahora se agrava con la irrupción de la trasnacional Uber que aprovecha la tecnología y un deficiente y mal supervisado servicio público para arrebatar el mercado.
Más de doce mil taxis circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, pero hay además unos tres mil “piratas” (que operan sin permisos), cientos con permisos clonados y al menos unos seis mil que enfrentan problemas de actualización y que ameritarían sanciones administrativas y en caso de reincidentes la cancelación.
Operan además con taxímetros que no funcionan o que están alterados, sin que exista una revisión técnica y efectiva por parte de las autoridades viales para poner orden dejando a la deriva lo más importante que es la atención que reciben los usuarios.
Por décadas, los taxistas afiliados principalmente a la CROC y a la CTM, fungieron como uno de los sectores más fieles y participativos para el corporativismo del PRI. Sin embargo, los choferes también padecieron una gigantesca ola de corrupción que comenzaba con los líderes de las centrales, dirigentes de los sitios, los agentes viales, el personal de “calibración” de taxímetros y un largo etcétera.
En medio de este caos del que los choferes de los llamados taxis amarillos fueron parte y también víctimas, era evidente que no podía sostenerse un servicio eficiente y de altura.
La aparición de Uber a través de una plataforma tecnológica para ofertar una atención de calidad con vehículos nuevos, choferes atentos y precios aceptables, terminó por eclipsar a los taxis tradicionales.
Con presencia en 400 ciudades de 59 países, Uber es considerado un consorcio con valor de 50 mil millones de dólares, pero con todo su impresionante crecimiento, lo más curioso es la definición que hace la revista Forbes de la trasnacional: “La compañía de transporte más grande y valiosa del mundo, no es dueña de un solo vehículo”.
Que miles de taxistas paralizaran el centro de Guadalajara y que bastara una chispa de un simpatizante de la plataforma para derivar en un enfrentamiento con heridos y decenas de detenidos, habla del nivel de la crispación por el conflicto y la incapacidad de las autoridades para intervenir.
En el centro del debate por supuesto, están los antiguos aliados del PRI al que el gobierno estatal no puede dar la espalda; pero también figuran los usuarios que con las nuevas plataformas encontraron un mejor servicio que el estado en décadas no pudo garantizarles.
En este escenario, con todo respeto, el poder ejecutivo no puede endilgar el problema al poder legislativo después que por acciones u omisiones, contribuyó a fabricar el callejón sin salida.
Mientras se encuentra una solución, hay situaciones ocurridas este martes que son inconcebibles. Un simpatizante de Uber lanzando porras frente a enardecidos taxistas que protestaban contra el servicio y la decisión de la trasnacional de ofrecer viajes gratuitos todo el día mientras los taxistas paraban, lo que a todas luces es otra provocación puesto que los convencidos usuarios de la plataforma no lo necesitaban.
La ironía del zafarracho es que la primera provocación vino del interior de la “Plaza de la Tecnología”.
