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La batalla legal que libran ejidatarios de El Zapote para conseguir una indemnización justa por la ilegal expropiación que sufrieron para construir el aeropuerto de Guadalajara, apenas es una hebra de una oscura y maloliente madeja muy compleja que salpica casi a todos los gobiernos pasados.
Los ejidatarios que bloquearon el acceso al estacionamiento de la terminal aérea, fundan su exigencia en el amparo 1788/2009 que les otorgó la razón jurídica sobre la irregular expropiación de 1975 sobre 307 hectáreas de su dotación ejidal y que obligó al Grupo Aeroportuario del Pacífico a suspender cualquier obra o ampliación del aeropuerto Miguel Hidalgo.
El amparo otorgado al Zapote que invalida la expropiación de 1975, está en proceso de revisión ante la impugnación realizada por los asesores legales del grupo español que recibió la concesión de la operación de la segunda terminal aérea del país.
No obstante, los abogados de los ejidatarios estiman que estarían en condiciones de sentarse a negociar un pago justo por la expropiación que tome en cuenta los ingresos del aeropuerto.
Aunque no se ha mencionado negociación alguna, los abogados estiman que la indemnización tendría que superar los siete mil millones que es el valor catastral de las tierras ocupadas.
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ha rechazado pagar este tipo de indemnizaciones y ha reclamado la responsabilidad que tuviera el gobierno federal que al entregar las instalaciones lo hizo bajo el supuesto de terrenos libres de conflictos legales, lo que nunca fue así.
Por este litigio, se ha aplazado la construcción de la segunda pista del aeropuerto hasta el año 2020, ya que en su plan del quinquenio 2015-2019 ya no figura esta obra –-legalmente no podría hacerla–. Según cifras proporcionadas por su director Fernando Bosque Mohino, cerraron 2015 con diez millones de pasajeros, más de dos millones por encima de 2014.
GAP se ha negado a negociar indemnización alguna a los ejidatarios que reclaman sus tierras, pero el ocho de abril de 2013 en una sesión de su Comité de Adquisiciones, fue aprobada la adjudicación directa para un despacho consultor jurídico por el concepto de “honorarios por el patrocinio en el juicio 1788/2009 interpuesto por el ejido el Zapote” por un monto de cuatro millones 750 mil pesos.
El ejido del Zapote recibió una ampliación a su ejido el 19 de octubre de 1937 publicada en el Diario Oficial de la Federación que les dotaba de 562 hectáreas al núcleo original, afectando las tierras de la Hacienda santa Cruz del Valle.
Sin embargo, por una sucesión de extrañas maniobras el Registro Público de la Propiedad no canceló registros de particulares lo que abrió la puerta para que “sembraran” pequeñas propiedades (como sucedió con el caso de Chalacatepec).
Finalmente el 19 de junio de 2007 el Registro Público acreditó la resolución agraria pero para entonces existían una decena de litigios de particulares que reclaman supuestas propiedades en dichas tierras.
No es la primera lucha que ganan los ejidatarios del Zapote, con el amparo 1037/2006, consiguieron echar por tierra el polémico proyecto de Tierra Mojada, un desarrollo inmobiliario impulsado desde el gobierno de Francisco Ramírez Acuña para construir en la zona de la cuenca del ahogado unas 80 mil viviendas.
Las misteriosas operaciones realizadas por el gobierno estatal para comprar parte de las tierras que nunca fueron investigadas, serán motivo de otra entrega.
Del caso Tierra Mojada, el entonces regidor priísta de Tlajomulco, Enrique Alfaro, simplemente sentenció en aquel tiempo que era un proyecto ya muerto. El problema es que el cadáver nunca fue enterrado.
