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A poco más de dos de meses de que concluya la administración Gubernamental encabezada por Aristóteles Sandoval Díaz, es procedente sumar un asunto más que fue incapaz de contener y mucho menos de combatir; la ordeña de combustible o lo que es lo mismo, el robo de hidrocarburos o el denominado “huachicoleo”, que rebasaron a las instituciones policíacas de todos los niveles. El gobierno nada pudo o nada quiso hacer y es un problema más que heredará al gobernador entrante. Los huachicoleros, convertidos en grandes amos, superiores, dioses, prosiguen intocables e inalcanzables en un negocio que solo el año pasado les redituó ganancias por 30 mil millones de pesos.
Nuestro estado se ha convertido en el territorio favorito para los huachicoleros en donde este año triplicaron las tomas ilegales sin que al parecer nada ni nadie logre contenerlos. Este embrollo no es menor; se trata de un problema de seguridad nacional, que genera un daño ambiental y representa una fuente de ingresos importante para la delincuencia organizada. Lo más terrible es que, presumiblemente, quienes se dedican al robo de hidrocarburos actúan en complicidad de personal de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) y de malos funcionarios de todos los niveles.
El término huachicol tiene una procedencia incierta, y más en referencia a la gasolina. Según algunas versiones, la palabra original servía para referirse a alcohol adulterado o pirata, y después se empezó a utilizar en el mundo del combustible. Sin embargo, el combustible huachicol es distinto al alcohol huachicol, ya que no es una mezcla o una versión falsa: es material robado. Así de simple.
Aunque la ordeña o el robo de combustible no es nuevo, fueron Los Zetas quienes lo llevaron al siguiente nivel. Contrario a lo que se pudiera pensar, extraer gasolina de un ducto no es tan sencillo. Es mucho más complicado. Por eso el crimen organizado comenzó a secuestrar ingenieros químicos hace unos años. Necesitaban gente con conocimiento especializado que les pudiera explicar cómo extraer el combustible. Lo mismo hicieron con empleados de Pemex; la idea es que ellos les dijeran cómo estaban instalados los ductos, por dónde corrían y qué seguridad tenían. Al extenderse los tentáculos del crimen organizado por las zonas de los ductos, lo mismo sucedió con las tomas clandestinas.
Y, como –una vez más– lamentablemente es costumbre en este país, la cosa se complicó. Al disminuir la influencia del crimen organizado o al emigrar hacia otras entidades, los grupos locales se fueron adueñando del negocio. Porque negocio era y sigue siendo. Según cálculos de 2017 asciende a unos 7.5 millones de pesos diarios. Entonces en lugares como El Triángulo Rojo (el conjunto de seis municipios en el este de Puebla por donde pasa el 40% de todo el combustible que llega a la Ciudad de México), donde hay cinturones de pobreza extrema, es una buena salida, ya que unirse al negocio podría significar el escapar de la miseria.
Y no es una condicionante, ni una generalidad, pero si un factor: es como el narcotráfico, como el sicariato, como cualquier otro negocio vinculado al crimen organizado. En un lugar donde la pobreza está por todos lados, el robo de combustible se convierte en una alternativa viable para obtener ingresos.
Un reporte de Petróleos Mexicanos detalló que entre enero y junio de 2018 se reportaron 748 tomas clandestina en ductos de la entidad, en tanto que fueron detectadas 250 tomas irregulares en el mismo periodo de 2017. El comparativo entre ambos periodos apunta a que en un año se han localizado 508 nuevas tomas para robo de combustible en Jalisco, un aumento en términos porcentuales de poco más de 200 por ciento. La misma fuente informó que a nivel nacional, el huachicoleo tampoco dio tregua, refiere que en los primeros seis meses de 2018 Pemex detectó siete mil 590 tomas clandestinas de combustible, casi 50% más que las registradas en la primera mitad de 2017.
La extracción de hidrocarburos representa un problema de seguridad nacional e incluso de carácter ambiental, por los riesgos de explosiones en que se coloca a la población civil a causa de las tomas clandestinas. No son pocos los accidentes que se han registrado incluso en esta entidad a causa de este delito. Como mencionaba, es muy probable que los delincuentes no actúen solos, ya que para poder instalar una toma clandestina se requiere saber cuándo pasa cierto tipo de combustible por el ducto y a qué hora: si se perfora un ducto mientras circula alguna sustancia es casi seguro provocar un accidente, el cual ocurre casi siempre a manos de ladrones inexpertos.
Sin lugar a dudas el mercado ilegal representa una fuente importante de ingresos a los carteles de la droga en México, pero tampoco podemos descartar que algunos malos funcionarios participen con su complacencia de estos beneficios, ya que no se observan grandes esfuerzos por frenar estas prácticas que continúan a la alza. Imparables, incontenibles, y aparentemente en total libertad, así actúan los huachicoleros en Jalisco.
Reportes periodísticos, dieron cuenta hace algunos días que fuerzas federales aseguraron 10 tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tala y El Arenal y 18 mil litros de combustible en un vehículo localizado en Tala. Noticias periodísticas que aparecen prácticamente un día sí y otro también.
¿En qué va a terminar? Sólo un ingenuo pensará que esto se va a resolver pronto. El efecto inmediato más probable es que el ejército aumente patrullajes. Y que en una de ésas detenga al líder de una de las bandas que roban combustible. Pero, como todo lo que ya es, lamentablemente, costumbre en este país, no pasará de ahí. Porque cualquier cambio que evite el robo de combustible implica una estrategia en serio, o un esfuerzo de verdad.
De no atender verdaderamente el próximo nuevo gobierno, este problema el huachicol seguirá. Los ductos serán ordeñados. Las pipas asaltadas. Y de repente un día la gasolina volverá a subir de precio. Ojalá que la promesa de terminar con la corrupción también incluya la erradicación de este problema, porque lo más seguro es que funcionarios y empleados de Pemex saben con exactitud donde se encuentran las tomas clandestinas.
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