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Aunque el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara tiene físicamente solo una pista, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ha rodado por dos vías en su afán de destrabar el conflicto que libra con los ejidatarios de El Zapote.
Por una parte ha sostenido reuniones con los quejosos en la sede de la Secretaría de Gobernación con la mediación del subsecretario Manuel Cadena Morales y por otro lado sigue con los recursos legales que mantienen bajo proceso a un grupo de ejidatarios, emplea la fuerza pública para desalojarlos del estacionamiento y hace causa común con empresarios para desacreditar la lucha del ejido.
El fin de semana pasado los ejidatarios volvieron a tomar el estacionamiento y la Policía Federal intervino para retirarlos para garantizar el recurso girado por el juez que demandaba la operación del cien por ciento del aeropuerto.
Sin embargo, los ejidatarios regresaron a levantar las plumas del estacionamiento pues argumentaron que la operación está garantizada, aunque con estacionamiento gratuito.
En la historia reciente además de desencuentros, figura el intento de arrebatar 51 hectáreas al ejido supuestamente para garantizar la superficie para una segunda pista, pese a que la orientación del terreno implicaba que la vía tendría que correr en forma perpendicular a la que opera actualmente.
Por estos hechos, los abogados interpusieron denuncias penales ante el fiscal anticorrupción por los delitos de despojo, abuso de autoridad, falsedad en declaraciones, asociación delictuosa y simulación de actos jurídicos.
Entre los señalados en una carpeta de investigación, figura el despacho Illanes y Soto; agentes del ministerio público, un juez de control, un comandante de la Fuerza Única, el propio fiscal general y hasta el secretario general de gobierno, Roberto López Lara.
Las denuncias, que difícilmente van a prosperar, se unirán al rosario de irregularidades legales que han rondado al caso y entre las cuales podrían enumerarse las siguientes:
= El 19 de septiembre de 1975, el gobierno federal expropia en forma anómala 307 hectáreas al ejido El Zapote para la ampliación del aeropuerto de Guadalajara. El cuatro de abril de 2014, el tercer juzgado de distrito en materia administrativa, ordena la restitución de los terrenos ante la indebida expropiación.
= El viernes 17 de febrero de 2017, cuando realizaban una protesta en las tierras del aeropuerto, 12 ejidatarios son detenidos por daño a las cosas, despojo y resistencia de particulares. Sin embargo, fueron detenidos a las 5 PM y puestos a disposición del ministerio público a las 03:30 AM del sábado 18 de febrero, con lo que la detención debió ser ilegal; además, quien encabeza la denuncia es el GAP, quien jurídicamente no tiene la representación según el artículo 16 de la Ley General de Bienes Nacionales, que define que un concesionario no adquiere derechos solo administra.
= Un juez de distrito dentro del juicio 1788/2009 decide recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre el amparo ganado por los ejidatarios sobre sus tierras, después de año y medio de tener el expediente. La Corte regresa el caso cuatro meses después y le pide al juez que resuelva directamente el incidente sustituto que obliga a la indemnización para los ejidatarios.
Según los avalúos del ejido El Zapote, en 2015 las tierras valían dos mil 610 millones de pesos; para 2017, el avalúo arrojó tres mil 500 millones de pesos más 900 millones por daños y perjuicios lo que suma cuatro mil 400 millones de pesos.
En síntesis, las tácticas dilatorias del gobierno federal, lo único que provocarán es que la indemnización siga creciendo pues no hay forma que el GAP encuentre el camino para eludir el pago.
