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Hay que señalarlo con toda claridad, una de las razones por las que ciertos “empresarios” están muy nerviosos con el cambio del modelo planteado por López Obrador en lo relativo a la creación de la figura de Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, obedece a que miran con angustia que los jugosos negocios que solían hacer en contubernio con algunos funcionarios, llegará a su fin.
Es sabido que en un buen número de delegaciones federales se tejieron redes de complicidad entre titulares de las mismas y un puñado de beneficiarios, de los que figuran pseudo líderes, compadres, novios, amantes, familiares y socios. De hecho, la queja constante entre quienes deseaban acceder a los programas sociales, es que la apertura de las ventanillas se hacía a discreción con el único fin de privilegiar a unos pocos.
Sobre el particular, hay evidencia tan insultante en el caso de Jalisco, que demuestra que no se liberaban los recursos económicos para ayuntamientos o particulares, si antes no se “reportaban” por adelantado con el 20 o 30 por ciento del monto autorizado. Vamos, incluso hay fotografías que circulan en distintos medios informativos electrónicos, que dejaron al descubierto el descaro de tener una máquina contadora de billetes al lado, de al menos, dos escritorios delegacionales.
Por eso soy de los que vemos con simpatía el hecho de que se implante un nuevo paradigma en cuanto a la programación, aplicación y verificación del dinero público proveniente del presupuesto federal; y es que ya no podíamos continuar caminando por la ruta de la discrecionalidad y la corrupción. El dinero de los programas sociales debe llegar completo y sin intermediarios a las zonas y regiones que más lo requieren.
Es cierto que aún no contamos con la información sobre cómo operarán y cuáles serán los alcances jurídicos que tendrán de los llamados Delegados Federales; sin embargo, lo que sí sabemos, es que la propuesta está orientada a favorecer de modo directo a las familias y a reducir la pesada burocracia. “La prioridad es trabajar de abajo hacia arriba y no tener intermediarios para que lleguen los programas sociales”, ha declarado la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
También es verdad que con la implementación de este esquema no se tiene la garantía absoluta de que se lograrán abatir las malas prácticas en cuanto a la administración del financiamiento público, puesto que no se ha inventado una fórmula que lo consiga.
De cualquier manera, la señal es positiva; nadie, que albergue en su corazón la esperanza de construir un mejor país, puede defender la forma en que venían operando algunas delegaciones federales.
Habrá que ver si con las nuevas reglas de operación llegan después las órdenes de aprensión.
