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Aunque el gobierno saliente que encabeza Aristóteles Sandoval Díaz ha prometido una transición tersa y la entrega de buenas cuentas a su sucesor, es casi seguro que Enrique Alfaro Ramírez enfrente una gigantesca bola de lava (no de nieve) que irá creciendo con el paso de los primeros meses de su administración.
Y no será un tema de seguridad o incluso un problema de movilidad el que genere la crisis. El conflicto pasará por las oficinas de recursos humanos, cuando lógicamente el equipo de Alfaro pretenda tomar posesión de direcciones y otros mandos medios y reciba como respuesta una “metralla” de demandas laborales por “despidos injustificados”.
Hasta antes de la primer alternancia en 1995, el PRI como partido hegemónico en el país, tenía resuelto el tema de la fluidez en las distintas administraciones estatales y municipales.
Producto de una cultura de la disciplina partidista, los nuevos alcaldes y hasta el gobernador en turno, recibían la mesa limpia porque quien se iba se llevaba a todo su equipo.
Había quienes acostumbraban a hacer firmar con la entrega del nombramiento, la hoja de renuncia para hacerse efectiva cuando el jefe lo dispusiera.
Pero con la llegada del PAN, esta práctica terminó. Aunque permanecieron en el poder en forma seguida durante tres administraciones en el estado; cinco en el ayuntamiento de Guadalajara y tres en Zapopan, los nuevos burócratas blanquiazules se acostumbraron al “hueso” y exigieron indemnizaciones para dejar el cargo o de plano recurrieron a demandas laborales para seguir unidos a la ubre del presupuesto.
Cuando Aristóteles Sandoval tomó posesión como presidente municipal de Guadalajara, encontró casi mil 500 demandas laborales y 217 laudos por cubrirse; por supuesto que en su gobierno, también contribuyó con otros despidos y en 2015 cuando Alfaro llegó a la alcaldía tapatía, los laudos rebasaban ya los mil millones de pesos.
En total, los ayuntamientos en Jalisco superaron los cinco mil millones de pesos en laudos derivados de centenas de demandas laborales por “despidos injustificados”.
Aunque en 2012 se realizaron reformas a la Ley para los Servidores Públicos de Jalisco y sus Municipios para evitar que nombramientos supernumerarios rebasaran el período del encargo (tres o seis años); además de las reformas federales que impedían que en un juicio laboral sólo se pueda pagar un año de salarios caídos, un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó esta modificación por lo que los sueldos caídos continuarían siendo eternos.
Por si fuera poco, hay una deuda histórica de laudos construida con base en triquiñuelas y corrupción, en el que abogados laborales y responsables de áreas jurídicas hicieron un gran negocio.
En el Siapa, por ejemplo, en tiempos de Rodolfo Ocampo, el área legal y la oficina de Recursos Humanos, se ponían de acuerdo con los abogados del empleado despedido y llegaron a quedarse con el 30 y hasta el 50 por ciento de la indemnización; hay otros casos donde las áreas jurídicas deliberadamente llevaban mal los casos y perdían los juicios laborales, práctica que fue denunciada en el Congreso del Estado.
Las nuevas administraciones municipales que recibe Movimiento Ciudadano de otros partidos, enfrentan también el mismo panorama de deudas por laudos laborales. Son los casos, por ejemplo, de Tonalá y El Salto.
Ante este panorama, Enrique Alfaro, deberá poner especial atención al tema laboral para que no le incendien las finanzas al inicio de su gobierno. Irónicamente, tendría que apelar a que Aristóteles Sandoval les recuerde a los mandos medios y directivos de su gobierno, la máxima priísta de que hay que dejar la mesa limpia para el que llegue.
