Artículos relacionados
En un par de semanas más, se cumplirá un año de que el Congreso del Estado aprobara la extinción de la empresa camionera Sistecozome y que se nombrara a un liquidador del organismo.
Sin embargo, hasta la fecha, no hay un solo trabajador liquidado conforme a la ley y lo que se ha desatado es una auténtica “cacería” de trabajadores a quienes los han presionado a presentar su “renuncia voluntaria” a cambio de recibir el 60 por ciento de lo que tenían derecho.
Cansados de esperar y sin esperanza de conseguir una indemnización que recoja los diez, 15, 20 y hasta 28 años de trabajo, muchos empleados optaron por aceptar las leoninas condiciones.
Pero la estrategia de intimidación implementada por los liquidadores del Sistecozome, podría convertirse en un bumerang ya que algunos de los ex empleados que firmaron la “renuncia”, decidieron al mismo tiempo presentar una demanda laboral exigiendo el pago completo de la liquidación o en su caso la reinstalación en alguna de las empresas camioneras del gobierno estatal.
Los ex trabajadores se acogen a un principio consagrado en la Ley Federal del Trabajo que establece que tienen que acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a ratificar contenido y firma de la voluntad expresada.
No obstante, en el afán de dar “carpetazo” al proceso, la junta envió a funcionarios para que verificaran que los trabajadores recibían su pago y firmaban las “renuncias voluntarias”, en un acto de simulación porque no se cumple el precepto que señala que deben acudir a la sede de la junta sin presión o coacción alguna a ratificar su decisión.
De esta manera, al cumplirse el primer año de la “extinción”, Sistecozome estaría más enredado que nunca.
Suma más de 500 millones de pesos en deudas, arrastra unas 300 demandas y los laudos rebasan ya los 120 millones de pesos; hay deudas con el Instituto de Pensiones del Estado por casi 30 millones de pesos; pasivos con el IMSS, con impuestos, con particulares y una deuda con el propio gobierno estatal por medio de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) por más de 300 millones de pesos.
El desmantelamiento de la empresa comenzó en 2013 cuando su entonces director Javier Contreras Gutiérrez despide a unos 300 trabajadores, ante lo cual “llueven” decenas de demandas laborales.
En 2017 se registra otro recorte y suman otras 150 demandas ante la inminente quiebra del organismo y su desaparición.
Entre los trabajadores afectados, destacan quienes tenían 28 años laborando y les faltaban dos para pensionarse. Además, hay al menos 50 ex trabajadores incapacitados a los que Pensiones del Estado no les reconoce su condición de invalidez porque no aceptan los dictámenes del IMSS.
Entre las muchas irregularidades detectadas por la Contraloría del Estado que recomendó la extinción del Sistecozome, figura la compra de 25 trolebuses que fueron trasladados al Sistema de tren Eléctrico Urbano (Siteur), pero cuya deuda asumió el organismo en quiebra.
Según el contrato 222/14 celebrado por la SEPAF y Dina Camiones, se pagaron 188 millones 175 mil 200 pesos por la adquisición de los 25 trolebuses para la modernización del transporte, mismos que fueron entregados a Sistecozome.
Sin embargo, las unidades terminaron en el Siteur junto a varios millones de pesos en refacciones, pero no la deuda.
A todo esto, pese a que la Contraloría reconocía de la existencia de un evidente daño al patrimonio público y recomendaba sanciones para los ex directivos del Sistecozome, una veintena de denuncias penales están congeladas en Fiscalía y su ex director, Javier Contreras Gutiérrez, hasta se dio el lujo de ser en el pasado proceso electoral, el responsable de procesos internos del PRI Guadalajara.
