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Independientemente de quien llegue a la gubernatura en Jalisco, la primera de las estructuras de gobierno que deberá ser revisada con lupa y en su caso proceder por los excesos cometidos, es definitivamente el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Modificada su estructura el 13 de noviembre de 2009, la nueva ley del Instituto de Pensiones nació dando “mangas anchas” al director del organismo y al consejo directivo integrado por apenas cinco personas.
Hoy Pensiones del Estado es exactamente todo lo contrario a la gestión moderna y sobre todo confiable que pretendían impulsar con la famosa reforma a su ley orgánica. Van botones de muestra:
Aunque es un puesto honorífico, los integrantes del consejo directivo, sus suplentes y dependientes (entiéndase toda la familia), tienen derecho a los servicios de salud gratuitos por parte de las Unidades Médicas Familiares o en caso de atención especializada en segundo nivel, en hospitales como Ángeles del Carmen, Guadalajara, Santa Margarita y Terranova.
Fondos de los trabajadores han sido enviados a Paraísos Fiscales, se han destinado decenas de millones de dólares en proyectos sin pies ni cabeza como el de Chalacatepec; se han modificado fideicomisos para ceder participaciones accionarias a corporativos que cuentan con filiales en Bolsa de Valores; se invirtió en la compañía española Abengoa, hoy en quiebra y hay denuncias formales por compras a sobre precio de medicamentos.
Cirugías estéticas financiadas para administradores del organismo, manipulación del banco de información de los agremiados; créditos otorgados sin garantías o utilizando el historial crediticio de otros empleados aunque el beneficiado sea un tercero; historial y derechos de personas fallecidas para armar un expediente a modo y beneficiar a determinada persona.
Otro caso es el mismo Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR), dependiente del organismo, del que las paredes hablan de una especie de caja gigante (no chica) del que se disponen fondos discrecionalmente.
Un dos por ciento de los recursos de los trabajadores son enviados al SEDAR, además de las aportaciones voluntarias que miles de empleados deciden realizar para conformar su monto de jubilación.
Recientemente, un hombre que se retiró recibió el reporte del monto de sus ahorros. Unas semanas después decidió retirar una cantidad que equivalía a lo que él estuvo aportando y su sorpresa fue mayúscula al encontrarse que los fondos habían disminuido considerablemente.
Cuando presentó la queja de lo que había pasado, misteriosamente al día siguiente sus recursos habían regresado.
El 14 de febrero de 2013, a dos semanas de concluir la administración de Emilio González Márquez, fueron adquiridas por Pensiones para “reservas territoriales”, siete parcelas ubicadas en San Isidro, Querétaro, por las que se pagaron 37 millones 660 mil pesos.
Las “reservas” fueron adquiridas pese a que la ley que da vida al instituto, señala en su artículo primero que es una ley de aplicación general en el Estado de Jalisco. Y un dato más: un integrante del jurídico del organismo, reportó que se trataban de siete predios en el cerro.
El gran impulsor de las reformas fue el fallecido empresario Óscar García Manzano, quien ordenó la elaboración de una corrida financiera a cien años mediante la cual pretendía acreditar la estabilidad financiera del organismo y tras una serie de variables, y cuidando ciertas hipótesis, garantizaba su vida “perenne”, es decir, para siempre.
Pero el supuesto cambio de hipótesis ya se dio de la mano de una desastrosa administración, así que ni se dio el siglo de finanzas sanas, ni el organismo parece tener vida eterna.
Y apenas pasaron nueve años…
