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Las encuestas tienen con los pelos de punta a más de alguno en Jalisco.
En los ámbitos local y federal del poder público, hay quienes comienzan a mostrar los estragos de la preocupación, y es que no es para menos. Por un lado, Enrique Alfaro –el puntero en todas las mediciones- ha insistido en que desde el primer momento de su gobierno, emprenderá acciones legales en contra de funcionarios y ex trabajadores de la actual administración.
Ya desde hace algunas semanas, el abanderado del partido Movimiento Ciudadano había advertido que cuenta con “elementos de prueba” que implican en actos y conductas irregulares a varios personajes de diversas dependencias estatales. Por lo pronto, ya puso como ejemplo a la Secretaría de Salud, en la que dijo, “los malos manejos son evidentes”, en referencia al periodo de Antonio Cruces Mada.
Pero la cosa no termina ahí, el asunto es que también Carlos Lomelí, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia y quien ya aparece en el segundo sitio en los sondeos preelectorales, ha dejado claro que si Andrés Manuel López Obrador obtiene la victoria el próximo 1 de julio, se efectuarán auditorías de gran calado en las delegaciones federales de la entidad.
En más de una vez, ha hecho público su interés de impulsar revisiones profundas a los manejos de los programas y recursos económicos que debieron aplicarse con pertinencia y pulcritud, sobre todo en las zonas rurales, pero que no aparecen por ningún lado.
Así pues, una vez hechos estos anuncios, hay oficinas del poder ejecutivo estatal y de algunas delegaciones federales, en las que personajes de los primeros órdenes jerárquicos, están tratando de tender puentes de comunicación tanto con Alfaro como con Lomelí, con la ansiosa intención de construir una “amistad” que les posibilite abrir una ruta de escape y así evadir posibles indagatorias sobre su actuación.
Lo cierto es que a ninguno de los dos aspirantes a la gubernatura de Jalisco parece interesarle llegar un acuerdo de impunidad, y es que de cumplirse los pronósticos que hasta hoy señalan los estudios de opinión, Enrique y Carlos estarían obligados a legitimar sus posiciones de poder en Jalisco; Alfaro mediante la Contraloría del Estado, y Lomelí –al ser el operador político de AMLO- a través de la Secretaría de la Función Pública y la PGR.
En un ambiente en el que abundan las sospechas de enriquecimiento ilícito, y de confirmarse las versiones que corren en el sentido de que en algunas delegaciones federales y dependencias estatales muchos millones de pesos se utilizaron para la compra de amor, mansiones y autos, entonces estamos, con toda seguridad, ante el prólogo de una novela sin final feliz... Para más de alguno…
