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El recién fallecido Óscar García Manzano y Pérez Mújica, impulsor de la transformación de la Dirección al actual Instituto de Pensiones de Jalisco, auguraba que sería un organismo modelo, moderno, rentable y casi inmortal, pues una corrida financiera a cien años le arrojaba cuentas sanas y estables.
Dicho estudio, hasta pronosticaba que para 2018, las aportaciones de los trabajadores iban a aumentar hasta en 11.5 por ciento. Nada más alejado de la realidad.
La severa crisis que padece Pensiones que incluye una amenaza de embargo del Ayuntamiento de Zapopan por 91 millones de pesos por falta del pago de cuentas prediales, es un rosario de polémicas inversiones que inician desde el gobierno de Emilio González Márquez.
El caso más sonado es, por supuesto, el proyecto de Chalacatepec donde se destinan casi 89 millones de dólares de fondos de los trabajadores del estado, para realizar el fideicomiso irrevocable F-380 en asociación con Rasaland para desarrollar el mega desarrollo turístico bautizado por Emilio como “Nuevo Cancún”.
Un amparo promovido por los ejidatarios de José María Morelos frenó el desarrollo del mismo pero no los movimientos en Pensiones. El 12 de septiembre de 2013, en sesión extraordinaria, el consejo directivo acuerda ceder su participación del 48.5 por ciento de los derechos del fideicomiso a cambio del 24 por ciento de la sociedad de Activos Turísticos de México (ACTUR) una empresa integrada también por el Fondo Nacional de Infraestructura dependiente de Banobras y Rasaland, la misma aliada de Chalacatepec.
Actur, SAPI de C.V. es propietaria del hotel Four Seasons de la Ciudad de México, del desarrollo de La Mandarina en Nayarit y de Xala (antes Chalacatepec).
Esta desarrolladora turística a través de RLH Properties, S.A.B. de C.V., cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con el portafolio de Actur, por lo que por carambola, los fondos de los trabajadores de Jalisco siguen en la bolsa pese a la malograda inversión con Abengoa, empresa española que no ha reintegrado a Pensiones 604 millones de pesos de inversiones bursátiles.
En el gobierno anterior, con el fin de contar con reservas territoriales, el nueve de noviembre de 2010 Pensiones adquirió el terreno El Manglar II en Puerto Vallarta en 290 millones 16 mil pesos y hoy su valor catastral es de 116 millones 823 mil pesos; además, el 11 de octubre de 2012, casi cuatro meses de concluir la administración de Emilio, Pensiones adquirió seis fracciones del fraccionamiento Amapas en Vallarta en 352 millones 182 mil pesos y su valor catastral ahora es de 52 millones 226 mil pesos.
El 14 de febrero de 2012 –-hace exactamente seis años— y a dos semanas de concluir el sexenio de González Márquez, el instituto adquirió siete parcelas en Querétaro en 37 millones 660 mil pesos en calidad de reserva territorial.
En la lista de inversiones destacan fideicomisos como el de Santa Cruz de la Soledad, un desarrollo donde Pensiones comprometió 390 millones de pesos y que se encuentra estancado por conflictos con el ejido; hay además otros proyectos de terrenos, asociación para fraccionamientos que fracasaron y otras inversiones polémicas que no han generado dividendos para los trabajadores y que ameritarían una auditoría al manejo de los recursos.
Las reformas permitían al organismo en su artículo 158 inversiones nacionales e internacionales, no obstante establecía una condición para que se efectuaran: “El Instituto podrá realizar toda forma de inversión, aisladamente o en asociación, que esté permitida por las leyes, previo el cumplimiento de los requisitos que las mismas establezcan, cuidando siempre de la seguridad y rentabilidad de las inversiones, en beneficio del patrimonio institucional”.
