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En lo que ya se ha convertido en una letanía cada vez que regresa a Jalisco, empresarios le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que intervenga para destrabar el conflicto que impide la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara.
Y como sucedió en las anteriores ocasiones, los empresarios fueron olímpicamente ignorados.
Lo que sucede es que destrabar el enredo legal y pasar después a realizar el pago justo por las tierras expropiadas irregularmente en 1975, no es una tarea fácil y menos para un presidente en el último año de su administración.
Tal vez por eso directivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, (GAP), han estado revisando alternativas de tierras para evitar estar atados a las que pertenecen al ejido El Zapote, más allá de las 307 hectáreas que son motivo de la disputa en los tribunales.
El GAP a través de asesores, han buscado decenas de hectáreas en las cercanías de la terminal aérea para construir ahí la segunda pista y eludir a los ejidatarios que condicionan el pago de más de tres mil millones de pesos de los terrenos arrebatados, antes de vender las tierras que necesita el aeropuerto para crecer.
Los planes del grupo español, es repetir la fórmula del aeropuerto de Barajas en Madrid, que cuenta con cuatro terminales y cuatro pistas y que conecta a las mismas y otras zonas como hangares, entrega de equipaje, etcétera, a través de un pequeño tren eléctrico que funciona sin operador.
Para el caso de Guadalajara, el proyecto incluiría una especie de terminal adicional para la utilización de una segunda pista a cientos de metros de las actuales instalaciones y en superficies del municipio de Tlajomulco aparentemente sin problemas legales de posesión de las mismas.
Otro camino explorado es comprar las tierras al ejido de Santa Cruz del Valle a quienes afectaron con 297 hectáreas, pero cuyos ejidatarios mantuvieron la posesión de 101 hectáreas.
Por las otras 196, obtuvieron el amparo 761/2013 que también como en el expediente de El Zapote, dejó sin efecto la expropiación.
A diferencia del otro ejido en el pleito, Santa Cruz del Valle ha mantenido una disputa de bajo perfil y están dispuestos a negociar con el grupo aeroportuario para facilitar decenas de las hectáreas que mantienen en posesión, a cambio de un buen arreglo por las tierras afectadas y un pago justo por ceder las que requieren para la segunda pista.
Pero tampoco es tan sencillo. De las 137 hectáreas que necesita el aeropuerto para el proyecto y que estarían contiguas a la actual pista, sólo 30 supuestamente pertenecen a Santa Cruz en un conflicto aparte que sostiene con el Ejido El Zapote.
Además, en el hipotético plan de construir la segunda pista a cientos de metros del lugar, sería necesario construir el tren eléctrico y atravesar las tierras del ejido El Zapote que tendría que aprobar en asamblea desincorporar la franja de tierras por donde iría el trazo del sistema de transporte.
Pero nada hace suponer que los ejidatarios estarían dispuestos a facilitar este tramo, sino que al contrario, se convierte en un elemento más para presionar por el pago pendiente. Por lo pronto los ejidatarios del Zapote darán a conocer una serie de movilizaciones y acciones legales que emprenderá directamente contra los directivos del GAP.
Lo único que ya se destrabó en diciembre fue el expediente penal armado contra 12 miembros del ejido. El proceso quedó sin efecto y los ejidatarios ya no tienen que ir a firmar, pueden usar el aeropuerto para volar y salir del país (previa notificación al juez), pero siguen sin poder acercarse a los directivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico.
